La disputa entre el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y la dirigencia de la mayor organización indígena del país llega a un punto crítico este jueves.
Mientras la marcha aborigen que recorre Ecuador desde el pasado 8 de marzo hace su ingreso a Quito, partidarios del mandatario se concentran a las afueras del Palacio de Gobierno con el fin de respaldar al Ejecutivo.
El gobierno insiste en que detrás de la marcha indígena se esconden supuestos "intereses golpistas" de grupos cercanos a la dirigencia aborigen.
Pero también dejó abierta la posibilidad de entablar el diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), organizadora de la protesta.
La dirigencia indígena, por su lado, ha reiterado que su movilización es pacífica, que no tiene afanes desestabilizadores y que sólo busca que el gobierno y la Asamblea Nacional escuchen sus demandas.
La controversia tiene como principales temas la política gubernamental de minería a gran escala y la demanda indígena de leyes que garanticen su acceso al agua y la redistribución de la tierra.
Ley de Aguas y Ley de Tierras
Desde septiembre de 2009, cuando se produjo una protesta indígena de varios días por la Ley de Aguas, la aprobación de dicha normativa legal ha sido una tarea pendiente.
El gobierno de Rafael Correa denunció presuntos "intereses golpistas" detrás de la marcha.
El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Fernando Cordero, dijo días atrás que la ley podría aprobarse a fines de julio, toda vez que en mayo próximo se realizaría la consulta prelegislativa que dispone la constitución ecuatoriana para el trámite de normas que puedan afectar los derechos colectivos.
La asambleísta de Pachakutik, brazo político de la CONAIE, Diana Atamaint, le dijo a BBC Mundo que tal consulta prelegislativa debe conducir a "una ley que garantice el acceso al agua como derecho humano y elimine toda forma de privatización de este recurso".
Para el presidente Correa, no obstante, la aprobación de la Ley de Aguas no se dio en su momento porque un sector de la dirigencia indígena "pretendía manejar el agua y mientras yo sea presidente no lo voy a permitir, porque eso no es democrático".
"El agua, patrimonio de todos los ecuatorianos y no solo de ciertos grupos indígenas, tiene que ser manejada institucionalmente y con legitimidad democrática, es decir, por parte del Estado y de un gobierno que ha ganado elecciones", señaló Correa.
La dirigencia indígena también demanda una ley que redistribuya las tierras en Ecuador.
Uno de los puntos de discusión en este asunto es el establecimiento de límites al número de hectáreas que pueden quedar en manos privadas en las diversas regiones del país.
En tal sentido, la CONAIE le entregará a la Asamblea Nacional una propuesta de Ley de Tierras, tal como lo hicieron, esta semana, grupos campesinos cercanos al gobierno.
Minería, el punto de mayor conflicto
Pero el tema de mayor conflictividad entre el ejecutivo y la dirigencia de la CONAIE es el de la minería a gran escala.
"La marcha indígena representa un poderoso llamado de atención, tanto al gobierno como a las empresas mineras, en el sentido de que cualquier suscripción de acuerdos debe, de una u otra manera, considerar los puntos de vista de las poblaciones afectadas por la minería."
Manuel Chiriboga, analista económico ecuatoriano
El presidente Correa ha firmado un contrato con la empresa china Ecuacorriente para la extracción de cobre en Zamora Chinchipe, justamente la provincia en sureste de Ecuador, desde donde el 8 de marzo pasado salió la marcha indígena rumbo a Quito.
Y el gobierno se apresta a suscribir otros megaproyectos mineros con empresas internacionales.
Los dirigentes de la CONAIE mantienen su preocupación porque las actividades extractivas contaminen ríos y demandan que se cumpla el texto constitucional que dispone a las autoridades el efectuar procesos de consulta en las comunidades donde se encuentran asentados los proyectos mineros.
"Consulta quiere decir llegar a acuerdos, no la imposición de criterios del ejecutivo", dijo la asambleísta Atamaint frente a los pronunciamientos del gobierno de que sí se han llevado consultas con las comunidades en materia minera.
Para el analista económico Manuel Chiriboga la marcha indígena representa "un poderoso llamado de atención tanto al gobierno como a las empresas mineras en el sentido de que cualquier suscripción de acuerdos debe, de una u otra manera, considerar los puntos de vista de las poblaciones afectadas por la minería".
Chiriboga le dijo a BBC Mundo que será necesaria la aprobación de una ley que regule las consultas a las comunidades afectadas por las actividades mineras, así como el establecimiento de una "gran discusión nacional" sobre minería en Ecuador.
¿Es posible el diálogo?
En este contexto, en las últimas horas, tanto la dirigencia de la CONAIE como el gobierno han mostrado señales de cierta apertura al diálogo.
En pasadas movilizaciones aborígenes, producidas en éste y en anteriores gobiernos, el desenlace de las protestas ha sido la instalación de mesas de diálogo, las cuales, sin embargo, generalmente no han prosperado en el tiempo.
"Somos partícipes de un diálogo frontal y abierto, pero con resultados, no como un diálogo de sordos", señaló la asambleísta Atamaint.
El legislador indígena oficialista Pedro De la Cruz, sin embargo, dijo a BBC Mundo que las demandas de la CONAIE deben verse en el contexto de un movimiento indígena que se mantiene fraccionado en Ecuador.
De la Cruz enfatizó en que la marcha impulsada por la CONAIE tiene "tintes político electorales", a la vez que dijo que, este jueves, saldrá a defender "el proyecto de la Revolución Ciudadana".
Así, la marcha indígena y la contramarcha oficialista se producirán este 22 de marzo, en Quito, en medio de críticas de ambos lados.
Queda por verse si se concretará, finalmente, el diálogo.
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