Al día siguiente del arribo de la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad a la capital, el jefe de Estado insistió en que frente a los 70 mil seguidores del movimiento Alianza PAIS que, asegura, llegaron a apoyarlo, los siete mil que –según sus cálculos– llegaron a la marcha indígena constituían un “fracaso”.
El politólogo Francisco Rhon no comparte esa opinión. Cree que más allá del número de participantes que tuvo la protesta indígena, lo que queda de fondo es un referente para futuras movilizaciones de mayor aliento y con propuestas claras como el tema minero, el respeto a la naturaleza y los derechos fundamentales del ser humano.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Humberto Cholango, afirma que, precisamente, ese fue uno de los objetivos cumplidos de la marcha. “Lo primero era posicionar el tema minero en el debate político nacional y eso se ha logrado porque se ha generado conciencia en la gente de que la minería a gran escala es perjudicial”, explica.
Para el director del Centro Ecuatoriano del Desarrollo de la Comunidad, Vladimir Serrano, la movilización deja un segundo escenario en el que las marchas se podrían convertir en una forma de expresión política que contrarresten el dominio de tarimas y micrófonos que ha tenido el presidente Correa durante su gobierno.
Sierra manifiesta que si bien con la marcha se puede ver ahora una cara más visible y organizada de la oposición, por el momento no cree que esto sea suficiente para pensar en candidaturas presidenciales fuertes que hagan tambalear una eventual reelección de Correa.
Sin embargo, opina que si el régimen hace un análisis objetivo de este evento “podría llegar a la conclusión de que el jueves le tocó compartir la escena por primera vez, que hay ecuatorianos que están del otro lado y el dominio ya no es total”.
Para el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, quien fue uno de los impulsores de la marcha, otro de los objetivos de aquella fue justamente visibilizar a los ecuatorianos que están en la otra orilla. “Sabemos que hay mucha gente que estaba temerosa de expresarse y lo que hicimos fue dar ese impulso para que pierdan el miedo y exterioricen su inconformidad”, señala.
Sobre la estrategia usada para conseguir adhesiones durante la movilización, los dirigentes indígenas prefieren no ahondar, pero afirman que el Gobierno, sin ellos tener previsto, se convirtió en un “aliado” que dio realce a su causa.
Según el presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, el hecho de que “pese a toda la campaña sucia y racista emprendida por el régimen contra la marcha no se haya caído en las provocaciones, hizo que la ciudadanía se dé cuenta de que veníamos en paz y sin planes desestabilizadores”.
Tanto Rhon como Serrano opinan que este quizás fue el punto más relevante de la protesta en que, a diferencia de otras ocasiones, en las que los indígenas preferían cerrar vías y enfrentarse contra sus opositores, esta vez se movilizaron con una propuesta de diálogo.
“Hay (dentro del movimiento indígena) una actualización de la coyuntura, se han generado mejores espacios de lectura del momento político y de las formas de actuar, y creo que los dirigentes interpretaron bien ese momento”, dice Serrano.
Mientras que Rhon cree que, más allá de los intentos del Gobierno por minimizar la protesta, los dirigentes, pero sobre todo el movimiento indígena, salieron fortalecidos porque demostraron que mantienen la capacidad de movilización.
“Pero, además, tiene un simbolismo muy fuerte porque lograron convocar a su alrededor y por convicción a estudiantes, médicos, activistas, trabajadores, algo que no se veía hace varios años”, destaca Rhon.
Desde el oficialismo, la asambleísta Gina Godoy reitera que la movilización de los grupos sociales fue un “fracaso”, considerando que no lograron desestabilizar al Gobierno. Agrega que muchos de sus participantes se movieron por desinformación, ya que la mayoría de pedidos que llevaron a la Asamblea ya están en proceso.
Razones: De la marcha
Pedidos
La dirigencia indígena presentó al régimen un pliego de 19 peticiones; entre ellas constan la suspensión de los contratos para desarrollar minería a gran escala (como el de Ecuacorriente), la garantía de la intangibilidad del Parque Nacional Yasuní, la derogatoria de la Ley Minera por ser inconstitucional, la aprobación urgente de la Ley de Aguas y de Tierras.
Criminalización
Al fiscal Galo Chiriboga le pidieron que se deje de criminalizar la protesta social.
http://www.eluniverso.com/2012/03/25/1/1355/indigenas-volvieron-demostrar-capacidad-movilizacion.html
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