viernes, 9 de septiembre de 2011

Mas debate por la minería en cuencas hídricas


Prefecto atribuye a informe ETAPA advertencia sobre riesgos de intervención en los páramos; la empresa responde que es un trabajo provisional.
Eduardo Idorvo, de la Dirección Ambiental del Gobierno Provincial y el prefecto Paúl Carrasco.
La discusión por la probabilidad de que los proyectos mineros, muy cerca de Cuenca, empiecen a explotarse, cuando algunos están cerca de fuentes de agua, se mantiene en plena actualidad.
Ayer, el prefecto Paúl Carrasco hizo público un informe interno de la empresa municipal ETAPA EP según el cual, parte de las áreas cercanas a las captaciones de agua que abastecen a las plantas potabilizadoras de la ciudad, están concesionadas a empresas mineras.
Según Carrasco este informe advierte de riesgos de afección a las fuentes de agua en los ríos Irquis y Yanuncay; y además, respecto al proyecto aurífero de Quimsacocha se debe prohibir el empleo de derivados de petróleo, a fin de evitar vertidos y que lluvias los arrastren a los ríos o arroyos, atribuye.
La autoridad provincial dio cuenta de haber viajado a Canadá para conocer las técnicas de trabajo de la minera concesionaria I am gold; sus inversiones son de alta tecnología; pero hoy hay informes que advierten de riesgos, dijo.
También una auditoría de la Contraloría alertó de posibles afectaciones a la cantidad y calidad de agua en la cuenca de dichos ríos, si se daba paso a intervenciones mineras.
Esto implicaría obras en zona de páramo y los pajonales actúan como contenedores de agua y abastecedores de la misma para los arroyos, en tiempo de sequía. La Contraloría recomendó a la gerencia de ETAPA EP elaborar un informe técnico sobre los impactos ambientales que pudieran ocurrir en los ecosistemas, debido a la minería.
Oswaldo Larriva, gerente de ETAPA EP, apunta: “eso es lo que hemos estado haciendo”. Según el funcionario, se ha respetado la recomendación de la Contraloría y el estudio de impactos ambientales está en marcha, destinado a tener criterios muy técnicos, pero alejados de toda posición “politiquera”, en el afán de cuidar y preservar las fuentes hídricas, dijo.
Los informes que se obtengan serán comunicados al alcalde Paúl Granda para que se ponga a consideración del Concejo Cantonal, organismo que en el ejercicio de sus potestades como gobierno local adoptará las decisiones pertinentes, señaló Larriva.
Descartó el funcionario que el presidente Rafael Correa o el gobierno nacional tengan interés por explotar proyectos mineros aun afectando las fuentes hídricas de la ciudad, ya que en la propia Constitución está consagrado que el agua para consumo humano tiene prioridad.
Sobre los informes citados por el prefecto Carrasco, se trata de borradores y documentos de trabajo que no tienen carácter definitivo, dijo y se interrogó por qué muchos no dijeron nada cuando se otorgó la concesión a I am gold ni antes se ha hecho estudios ambientales, a pesar de que la concesión no es reciente. (AVB)

Alfredo Martínez, de la Dirección Ambiental de ETAPA y el gerente Oswaldo Larriva
Criterios
técnicos

Eduardo Idrovo, director del Departamento Ambiental del Gobierno Provincial del Azuay, precisa que cualquier intervención, no se diga la minería, en una zona sensible de páramo, (en cuanto colchón o esponja reguladora del agua absorbida), implica el riesgo de alterar la cantidad y calidad del líquido.
Abrir trochas, construir vías y campamentos en los páramos, en función del tamaño de los proyectos, influye y afecta, lo mismo que a las especies de flora y fauna y también afecta al paisaje. Claro que hay diferencia si se explota a cielo abierto o por galerías subterráneas, pero igualmente hay una afectación y Quimsacocha está en las nacientes de los ríos Tarqui y Yanuncay, afirma.
Alfredo Martínez, de la Dirección de Gestión Ambiental de ETAPA EP, dice que la empresa ha realizado un monitoreo de evaluación al trabajo de la empresa I am gold en Quimsacocha.
De ello se elaboran informes y si ocurriera alguna irregularidad o actividades negativas de impacto, se notificará a las entidades competentes como el Ministerio de Ambiente o la Comisión de Gestión Ambiental para que adopten las medidas que correspondan, señala. Estos impactos negativos no han sido detectados en el monitoreo. (AVB)

Shiwiar, una nacionalidad en resistencia


Adital
Por Luis Ángel Saavedra desde Quito

Alumnos shiwiar del colegio bilingüe República
de Venezuela. (Foto: Jenny Chuje)
Pocos ecuatorianos, incluyendo los indígenas, tienen conocimiento sobre los Shiwiar; no están en los textos escolares, y en la web oficial de la gubernamental Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales del Ecuador se los describe en unas pocas líneas. Únicamente en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) la vida de los Shiwiar parece tener importancia.
En la actualidad, esta pequeña nacionalidad indígena, de apenas 727 personas, enfrenta la posibilidad de desaparecer debido a las actividades de explotación petrolera promovidas por el gobierno del presidente Rafael Correa en el suroriente de la Amazonia ecuatoriana.
Los Shiwiar habitan en el sureste de la provincia de Pastaza, en la parroquia Río Corrientes, frontera con el Perú. Son los habitantes tradicionales de los territorios amazónicos de la cuenca alta del río Corrientes y río Tigre y se ubican en nueve comunidades muy dispersas entre sí: Kurintsa, Tunguintsa, Cambantsa, Panintza, Chuintza, Tanguntza, Juyuintza, Pientza y Bufeo.
Los Shiwiar provienen de la fusión de las nacionalidades Shuar, Achuar y Kichwa amazónicas; su idioma es el Shiwiar Chicham, que significa "familia conocedora de la selva”. Algunas personas adultas aún hablan kichwa y muy pocos hablan castellano. Las nuevas generaciones han adoptado el shiwiar chicham cómo única lengua y con la convicción de fortalecerse como nacionalidad.
Al igual que los Shuar y Achuar, los Shiwiar se asumen como guerreros y, aun cuando se encuentra en desuso, conocen la técnica de reducción de cabezas.
El territorio Shiwiar es uno de los más aislados y conservados de toda la Amazonia ecuatoriana y se puede acceder a éste solamente por avión. Su primer contacto con el mundo occidental se produjo a raíz de la guerra entre Ecuador y Perú en 1941. El Protocolo de Rio de Janeiro, con el que se terminó este enfrentamiento, dividió el territorio y limitó sus actividades de recolección y caza. El gobierno ecuatoriano estableció una "franja de seguridad nacional” a lo largo de la frontera que abarca unas 100,000 Ha de territorio Shiwiar.
A mediados del siglo XX la vida de los Shiwiar cambió radicalmente con la llegada de las misiones evangélicas del Instituto Lingüístico de Verano, pues fueron obligados a dejar de ser nómadas o itinerantes, para pasar a una vida sedentaria y organizada en comunidades. La evangelización y escolaridad significó el aprendizaje forzado del español, la adopción de una nueva religión y la vestimenta occidental.
En 1992, gracias a la marcha de los pueblos amazónicos a Quito durante el gobierno del presidente Rodrigo Borja (1988-92), los Shiwiar lograron la legalización de 89,733 Ha de su territorio. Ahora reclaman la legalización de las 100,000 Ha de su territorio que está declarado como zona de seguridad.
Golpeados por el petróleo
En 1972, el gobierno dictatorial del general Guillermo Rodríguez Lara (1972-76) creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), empresa con la que pretendía controlar la producción petrolera del país, hasta ese momento en manos del consorcio estadunidense Texaco-Gulf.
Exploraciones de la CEPE llegaron a territorio Shiwiar y entre 1983 y 1984 encontraron reservas petroleras por unos 120 millones de barriles. Sin embargo, por carecer de una infraestructura de oleoductos para el traslado del petróleo, se postergó su explotación hasta tener inversionistas interesados, pues Texaco se había concentrado en el norte de la Amazonia, en donde construyó el Sistema de Oleoductos Trans-ecuatoriano (SOTE) para transportar su petróleo hasta el puerto de Esmeraldas, en el Pacífico.
Las reservas petroleras en territorio Shiwiar se volvieron importantes por el desarrollo de la industria petrolera en el Perú y la construcción de un sistema de oleoductos en el norte de la Amazonia peruana, así como por la adjudicación en 1996 de 200,000 Ha a la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) en los territorios ancestrales del pueblo Kichwa Sarayaku, también en el sur de la provincia amazónica de Pastaza, operaciones que fueron bloqueadas debido a la resistencia de dicha comunidad.
En marzo de este año, el gobierno de Correa decidió abrir una nueva ronda de licitaciones en la que, además de afectar nuevamente al pueblo de Sarayaku, se incluye el denominado "Bloque 10”, ubicado en territorio Shiwiar, y pretende llegar a acuerdos con las empresas que operan en el norte de la Amazonia peruana para el traslado del petróleo. En este bloque está interesada la compañía italiana AGIP.
Siguiendo el ejemplo de Sarayaku
"Haremos lo mismo que hizo Sarayaku para proteger el territorio”, afirma Ramón Chuji, director del colegio bilingüe República de Venezuela, ubicado en Kurintsa, la comunidad más grande de los Shiwiar, y en el que se educan todos los jóvenes de la comunidad.
En este mismo sentido se expresa Alfredo Gualinga, presidente de la Organización de la Nacionalidad Shiwiar de Pastaza Amazonía Ecuatoriana (ONSHIPAE), que agrupa a toda la nacionalidad, cuando afirma que "el territorio es sagrado, tiene vida. Y si muere, nosotros también moriremos; por eso es preferible morir defendiendo el territorio”.
Chuji manifiesta que los Shiwiar han decidido resistir a lo que consideran "una invasión a sus territorios”, y la única forma de resistencia que conocen es la de "patrullar sus territorios y someter a los intrusos”, pues no tienen acceso a un sistema judicial que les garantice la protección de sus derechos y el mandato constitucional de consultar previamente a los pueblos indígenas no se ha cumplido.
"Sabemos que nos deben consultar, pero no nos han consultado; y si nos consultan, les diremos que no”, dice Chuji.
Los Shiwiar han recibido el respaldo del movimiento indígena y otros movimientos sociales que decidieron conformar el "Frente de los Pueblos y Nacionalidades Amazónicas en Resistencia”, con el que buscan frenar las intrusiones de las compañías petroleras. Este frente, en el que participa la CONAIE, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (CONFENIAE), decidió declarar a los territorios ancestrales amazónicos como "zona libre de explotación petrolera, por ser patrimonio de las culturas vivas y selvas vivientes”.
Por su parte, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Medio Ambiente, ha iniciado también un proceso de penetración en el territorio Shiwiar a través de su programa "Socio Bosque”, que es parte del mercado mundial de carbono, en el que el Ministerio de Ambiente ofrece a la comunidad un bono de US$30 anuales por hectárea de bosque que se mantenga intacto.
Los dirigentes Shiwiar han rechazado las ofertas del gobierno porque consideran que es una nueva forma de intromisión en su vida, mediante el uso del dinero, y porque se limitarán actividades tradicionales en el uso de la madera. Los Shiwiar prefieren seguir los pasos de Sarayaku, que ahora tiene su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, están conscientes de que será una lucha larga y costosa, para la cual no tienen los mismos contactos institucionales y el respaldo internacional con los que cuenta Sarayaku.
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=60053

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!