martes, 27 de noviembre de 2007

Una mina estalló en Ecuador y hay 60 atrapados

09:05 a.m. | Recibieron colaboración de todo el pueblo

Murió un minero y aunque se desconoce la cantidad de heridos, se supo que la mayoría de ellos estarían graves. La policía investiga las causas que produjeron el episodio.

Una explosión en una mina de oro del sur de Ecuador, dejó hoy al menos un muerto, 60 mineros atrapados y un número aún indeterminado de heridos, en su mayoría graves.
"A las 19 (del lunes, hora local) se produjo una explosión en el polvorín de la mina Liga de Oro, pero hasta el momento no sabemos las razones de la explosión", dijo la policía.
El muerto es Hólger Armijos, de 25 años.
En cuanto a los heridos, que aún no se han cuantificado, señaló que son de gravedad y que fueron trasladados a la localidad de Machala.
También comentó que todo el pueblo había ido a la montaña, donde están las minas, para prestar su ayuda.
Fuente: Télam

FORO REGIONAL “EL ECUADOR QUE QUEREMOS”





Por Javier Rodríguez Pardo
En Ibarra, provincia de Imbabura, noroccidente ecuatoriano, los días 19 y 20 de noviembre se realizó el Foro Regional “El Ecuador que queremos” con la participación de pueblos afectados por las actividades extractivas. Fuimos especialmente invitados para exponer nuestro mensaje y experiencia, convivimos en jornadas históricas con las organizaciones campesinas, indígenas y no gubernamentales del Ecuador. Representantes de los movimientos sociales de Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos, Canadá, y militantes ecologistas locales, confluyeron en ponencias que permitieron debatir sobre la contaminación, destrucción y saqueo de las transnacionales mineras, el modelo económico impuesto, y el documento que presentarán en la Asamblea Constituyente que habrá de sesionar en próximos días en la localidad de Montecristi y que definirá el nuevo rumbo de Ecuador. El documento firmado por medio millar de delegados, mayoritariamente de la región norte, de la Amazonía y de la costa, textualmente dice:
“Considerando
Que la crisis ambiental global de nuestro planeta, causada por la devastación ecológica producto del modelo económico impuesto por el capital transnacional, que prioriza la rentabilidad económica, y que amenaza el abastecimiento de bienes comunes primordiales para el mantenimiento de la vida, como el agua.
Que el Ecuador vive un momento político histórico y trascendental de definición del modelo de desarrollo y del país que queremos construir.
Que los pueblos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, al acceso, control y manejos de nuestros bienes comunes, mal llamados recursos naturales.
Que las actividades de las empresas mineras, petroleras, madereras, hidroeléctricas, camaroneras, entre otras, han violado preceptos constitucionales, derechos humanos y colectivos en diferentes provincias del país, como hemos constatado en este encuentro.
Que hay una constante y flagrante violación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y negros.
Que el saqueo realizado por las transnacionales mineras en los países hermanos de Chile, Argentina y Perú sólo han dejado impactos ambientales, económicos, políticos, sociales y culturales, y no han mejorado las condiciones económicas de los países y mucho menos de las comunidades, y que amenazan con la extinción de los pueblos.
Que las empresas transnacionales instaladas en los países participantes de este encuentro, al igual que en el Ecuador, han propiciado estrategias de criminalización expresadas en la persecución, amedrentamiento, encarcelamiento, enjuiciamientos, entre otras, con el único fin de acceder a las áreas en las que pretenden desarrollar sus proyectos.

Reconociendo

Que ante la invasión de los proyectos extractivos, las comunidades han propuesto alternativas, muchas de ellas ya en ejecución, como la declaratoria municipal de “Cantón Ecológico de Cotacachi,”o las distintas actividades de bajo impacto manejadas y controladas por las organizaciones comunitarias de tipo turístico, productivo, de asociaciones de canastas solidarias, o experiencias de vida comunitaria expresadas en este evento.
Que hemos mantenido formas de vida sustentable, hemos desarrollado y podemos realizar actividades sustentables y sostenibles que actualmente están amenazadas por las empresas mineras, camaroneras, hidroeléctricas, madereras, entre otras.
Reconociendo el compromiso de las comunidades y organizaciones, nacionales e internacionales presentes en este encuentro, interesadas en defender nuestros recursos naturales, fuentes de vida y sustento frente a actividades empresariales privadas y transnacionales.
Que somos los gestores de la sustentabilidad de nuestros pueblos, la misma que está presente en las comunidades campesinas, indígenas, en los pueblos y comunidades agrícolas, pesqueras, recolectoras, concheras, artesanales, etc.
Que Ecuador es un país rico en recursos naturales (bienes comunes) y culturales, que está a punto de entrar en el proceso histórico de la Asamblea Constituyente, donde vemos la oportunidad para pensar qué tipo de país queremos construir y sostener.

Nos comprometemos a

Asumir como prioridad la existencia y vida de los pueblos en armonía con el ambiente. La defensa de nuestros territorios y bienes comunes y la resistencia a políticas y proyectos que atentan a nuestra vida.
Vigilar que la Asamblea Constituyente construya el Ecuador que queremos con la participación y el aporte de las comunidades existentes en todos los rincones del territorio nacional. Pues el presente y futuro no depende sólo de 130 asambleístas constituyentes.
Movilizarnos a Montecristi para sostener nuestras demandas en la Asamblea Constituyente.
Fortalecer la lucha contra las empresas mineras, mediante la unidad inquebrantable de los pueblos para no dejarnos arrebatar el futuro.
Construir corredores de resistencia a lo largo y ancho del país.
Articular nuestras luchas y participar en redes nacionales e internacionales de defensa de la naturaleza.
Fortalecer los espacios de resistencia en la región norte del Ecuador y articular nuestras luchas para apoyarnos, protegernos y proponer alternativas conjuntas de desarrollo.
Socializar los conocimientos adquiridos en otras comunidades y espacios relacionados con la minería y otras problemáticas ambientales.
Seguir impulsando iniciativas tales como moratorias, ordenanzas municipales como la que declaró Cantón Ecológico de Cotacachi, decretos ministeriales, consultas populares y otras que permitan proteger nuestros recursos naturales (bienes comunes).
Defender e impulsar proyectos sustentables que mejoren la calidad de vida de las comunidades locales.
Recuperar las prácticas tradicionales de cultivo, consumo, y formas de intercambio alternativo, así como la revalorización de nuestros bienes comunes y valores culturales.
Participar y demandar nuestros gobiernos locales, las acciones que propendan a la defensa del ambiente, los derechos colectivos y las fuentes de sustento de las comunidades.
Solidarizarnos con las luchas nacionales e internacionales en defensa de la vida.

Por tanto exigimos que

Se declare a Ecuador PAIS LIBRE DE MINERIA A GRAN ESCALA
Se respete la Ordenanza de Cotacachi Cantón Ecológico por parte del gobierno central.
Se reformulen y amplíen los límites de la Reserva de Cotacachi Cayapas en la zona de Intag, incluyendo la vertiente oriental de la Cordillera del Toisán.
La Asamblea Constituyente declare prioridades nacionales el derecho al agua, la soberanía alimentaria y el acceso, manejo sustentable y control de los bienes comunes (recursos naturales) por parte de las comunidades o pueblos locales, frente a otras actividades de extracción.
La Asamblea Nacional Constituyente declare la amnistía para los líderes perseguidos por la defensa de los bienes comunes. No puede haber Constituyente con perseguidos.
Se hagan cumplir las leyes de protección ambiental tanto a las pequeñas como grandes empresas de extracción de los recursos naturales.
Los delitos ambientales sean sancionados penalmente para que no queden en la impunidad.
Se respete el derecho de las comunidades a disentir, es decir, el derecho de rechazar o decir NO a los proyectos mineros.

Dado en Ibarra, Ecuador, 20 de noviembre de 2007.”

Fue numerosa la diversidad de etnias presentes en el foro, comunidades afro y de centros chachi de las riberas del río Cayapas, como el pueblo kichwa de Sarayaku y grupos colonos de la Amazonía, que tuvieron su voz. Infinidad de acciones de resistencia fueron narradas por “líderes” de distintas comunidades, como la experiencia del pueblo de Intag en Cotacachi, provincia de Imbabura, que tuvo la fortaleza y decisión de expulsar a la transnacional minera Ascendant Cooper Corporation, a pesar de los mercenarios paramilitares que ésta había contratado “perpetrando agresiones contra la población, maltratos físicos, heridos, amenazas de muerte e intimidaciones con armas de fuego, persecuciones, calumnias, causas falsas en contra de dirigentes, invasión de fincas, compras ilegales de tierras, división de la población, etc.” parte de las denuncias registradas por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, tal como ocurre en comunidades de Perú, Bolivia o Argentina habituadas a igual operatoria de las mineras, la mafia transnacional.

A Ecuador se le abre ahora la posibilidad de una nueva Constitución Nacional a través de la Asamblea Constituyente. El documento que anticipamos aquí formará parte de las discusiones en pos del Ecuador que el pueblo pretende.

Javier Rodríguez Pardo, desde Ibarra, Ecuador, noviembre de 2007.
Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH). Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE). Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). machsepa21@yahoo.com.ar Tel. 011 1567485340

jueves, 15 de noviembre de 2007

Nuevo golpe a los ecosistemas ecuatorianos

http://www.ecoportal.net/content/view/full/74178
14-11-07,

La Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) manifiesta su preocupación por la transferencia de competencias forestales del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Agricultura, sin base técnica ni legal que lo legitime.

La Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente CEDENMA ha manifestado por reiteradas ocasiones su preocupación por la transferencia de competencias forestales al Ministerio de Agricultura presentando argumentos técnicos y legales para sustentar dicha oposición.

Entre éstos, se desnuda lo que ha sido una vieja pretensión del sector maderero industrial para no ser objeto de control y supervisión de la autoridad ambiental; por otro lado, es importante en las actividades de reforestación, diferenciar lo relacionado al milenario bosque nativo de peligrosos monocultivos y plantaciones forestales, y que no se puede permitir bajo ningún concepto que se imponga un modelo que priorice las plantaciones forestales, por sobre el bosque nativo que continúa siendo talado con las gravísimas consecuencias ambientales y sociales conocidas.

El país y CEDENMA conocen que, el Ministerio de Agricultura ya tuvo esta competencia por 45 años (1952 a 1997), período en el cual, como el propio sector maderero industrial lo reconoce, el desarrollo forestal ha sido incipiente y a cambio, el Ecuador ha llegado a ser el país con la más alta tasa de deforestación de Sudamérica.

En esta intención de trasladar las competencias forestales del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Agricultura, sin base técnica ni legal que lo legitime, no se ha hecho ninguna mención de planes para luchar en contra de la degradación del suelo, ni de proyectos para el cuidado y manejo integral de cuencas hidrográficas, ni para la decidida lucha contra el uso de agrotóxicos, o de cómo precautelar la soberanía alimentaria de la población. Temas en los cuales el Ecuador, por supuesto, está muy lejos de manejarlos adecuadamente.

Volvemos al cercano pasado en que, la Secretaria General de la Producción representó exclusivamente a los intereses del sector maderero en detrimento de los intereses de todos los ecuatorianos, pero especialmente de las comunidades ancestrales dueñas de los bosques del país. Fue en el período presidencial de Gutiérrez, en que se evidenció con mayor ímpetu la citada pretensión, a la que, férreamente se opuso el CEDENMA. De nuevo hoy, no sólo que se estaría, una vez más, actuando de espaldas a los intereses nacionales, sino también, satisfaciendo la vieja aspiración del sector maderero.

CEDENMA está empeñado en que este proceso sea definitivamente abandonado y, más bien por el contrario, se opte por fortalecer a la autoridad ambiental para generar procesos de manejo sustentable que velen por la conservación de bosques y de su invalorable biodiversidad. Por tanto, es necesario contemplar al fin, la obligación de la reforestación científico técnica, de tal manera que no se la realice con fines exclusivamente extractivistas e industriales, sino con visión de país para la restauración de los ecosistemas degradados.

A los ciudadanos y ciudadanas del país nos asiste el derecho de solicitar y exigir que esta decisión sea revocada, y se deje sin efecto la insana pretensión de debilitar aún más a la autoridad ambiental al pretender transferir inconsultamente las competencias forestales al Ministerio de Agricultura y Pesca. www.ecoportal.net

CEDENMA

jueves, 8 de noviembre de 2007

Ecuador: concesiones mineras, sinónimo de explotación y desolación


07-11-07, Por Adriana Puruncajas *

En los años 90, en América Latina, el Banco Mundial impulsó la minería como parte de una política para los Estado. En esa década, el BM conjuntamente con Gran Bretaña y Suecia otorgan un crédito para el proyecto minero PRODEMINCA para convertir al Ecuador en un gran centro de explotación. Para ello se creó un marco jurídico que dio apertura y facilitó el trabajo de las mineras extranjeras: la Ley Trole II.

En los años 90, en América Latina, el Banco Mundial (BM) impulsa la minería como parte de una política para los Estados (una nueva imposición del modelo extractivista, conocido por su carácter depredador de la naturaleza); en el año 94, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, el BM conjuntamente con Gran Bretaña y Suecia otorgan un crédito de 24 millones de dólares para el proyecto minero PRODEMINCA.

La idea del proyecto fue convertir al Ecuador en un gran centro de explotación minera, un lugar muy apetecido por el mercado internacional de metales, que se encuentra ávido de cualquier reserva, como la nuestra, que posee 1,5 millones de toneladas métricas. Para ello se creó un marcó jurídico en el área minera, que dio apertura y facilitó el trabajo de las mineras extranjeras: la Ley Trole II, nociva en términos políticos, económicos, sociales, y ambientales para al país. En aquel gobierno de derecha se declaró a la minería a gran escala como prioridad nacional y a través de la Trole II se promovieron incentivos fiscales se permitió actividades mineras en zonas protegidas, haciendo más flexible el marco legislativo para la inversión de compañías mineras.

De esta manera llegaron al Ecuador varias transnacionales mineras extranjeras, sobre todo canadienses, a las cuales se les ha concesionado zonas protegidas, ricas en fuentes de agua, lo que ha causado impactos ambientales irreversibles, además de conflictos sociales internos. Las principales concesionarias en el país son Ascendant Explorations y su mega-proyecto de convertir en un distrito minero a las zonas comprendidas entre Intag (Imbabura), Pichincha y parte de Esmeraldas; I AN GOLD, que pretende explotar oro en el Azuay; Ecuador Minera Corporation (EMC); Antofagasta PCL (Chile); Aureliam, que opera en Zamora Chinchipe y tiene más de 95 mil concesiones; Ecuacorriente o Corriente Resources, que pretende trabajar en la Cordillera del Cóndor, entre otras.

La explotación minera a gran escala: sus estrategias e impactos

Las transnacionales mineras utilizan diversas estrategias para ingresar en las comunidades y lograr su aceptación, una de ellas es la “compra de conciencia” de los principales dirigentes, para que estos convenzan al resto de pobladores de los “potenciales beneficios”; las mineras privadas ofrecen programas sociales para las comunidades aledañas a las zonas de concesión: programas de desarrollo local en materia de productividad, capacitación técnica de la agricultura y la ganadería, vialidad, reforestación y obras públicas. Sin embargo, nada de esto se cumple. Todo lo contrario. La explotación minera a gran escala produce un impacto directo en el suelo, la flora, la fauna y el agua. En la fase de prospección y exploración se abren caminos, se derriban bosques primarios, intervienen maquinarias utilizando combustibles contaminantes… En la explotación se utilizan químicos como el cianuro o el mercurio para separar el oro de otros minerales de la naturaleza, elementos que directamente se depositan en los yacimientos hídricos.

Las transnacionales mineras y las hidroeléctricas privadas, a más de la conflictividad social que producen, terminan con las fuentes primarias de agua (bosques, pajonales), envenenan los ríos, erosionan el suelo y contaminan el aire. Los productos químicos que se utilizan en la minería son altamente contaminantes y nocivos.

Las ONGs trabajan conjuntamente con las transnacionales mineras para vender su imagen

Klever Calle - Movimiento de la Salud de los Pueblos

En el país se vende la imagen de la “minería sustentable” para iniciar proyectos sociales a las poblaciones, pero finalmente los efectos siguen siendo los mismos, porque la minería no es sustentable, ya que este recurso no es renovable.

Esta iniciativa supuso la creación de ONGs “ambientalistas”, organizaciones no gubernamentales que no encuentran ninguna contradicción entre actividades mineras a gran escala y el conservacionismo, que a su vez abren paso a las mineras, por ejemplo: Fundación Natura para fines de noviembre, en Cuenca, está coorganizando un Congreso Internacional Ambiental con Iam Gold, que es la transnacional minera que más convulsión social ha producido en el Azuay; transnacional que, además, tiene la concesión de una zona protegida, el humedal de Quinsacocha (3 lagunas), que tiene 17 mil hectáreas de extensión (el humedal es la naciente de cuatro microcuencas importantes para la zona: el Yanuncay, Tarqui, Irquis, Chorro). Esto indica las contradicciones en que caen las Organizaciones Ambientalistas como Fundación Natura, que a su vez trabajan con las mineras. A este respecto, la Coordinadora en Defensa de la Vida y la Soberanía está lista para interferir el discurso que se pretende promocionar con este Congreso. Al interior de la Facultad de Ciencias Médicas y la Coordinadora, nos toca confrontar cualquier tipo de afirmaciones que se den en el marco de este evento con la evidencia científica de lo que realmente ocurre.

La minería en el país debe desaparecer

Gloria Chicaiza - Acción Ecológica

Nuestro país ya tiene una sobreexplotación de petróleo, ante ello se ha puesto como una gran opción la minería. En el área minera nuestro país tiene concesionadas cerca de 4 millones 111 mil hectáreas de territorio, cifra que supera levemente la superficie designada para la minería en Perú: 4 millones de hectáreas. Existen facilidades para las mineras extranjeras, ventajas que antes de la Ley Trole II no había; por ejemplo, por daño ambiental hoy no se puede suspender ni revertir al Estado las concesiones mineras. Igualmente la Ley Minera quitó el 3% de regalías sobre el material en bruto que se saque, hoy no pagan ni un solo dólar por patente minera, que es el arriendo que se paga para una concesión por año. El Banco Mundial tiene un catastro minero del país cuantificado en un 20% del territorio ecuatoriano, es decir, de los 27 millones de hectáreas totales, 5 millones de hectáreas serían el potencial minero del Ecuador.

El Banco Mundial tiene un catastro minero del país cuantificado en un 20% del territorio ecuatoriano, es decir, de los 27 millones de hectáreas totales, 5 millones de hectáreas serían el potencial minero del Ecuador; si se analiza el potencial minero y las concesiones otorgadas, estas se encuentran sobre las poblaciones más numerosas y que poseen las principales fuentes de agua del país y de tierras agrícolas; es espantoso pensar que se pueda desarrollar minería a gran escala sobre este territorio y a costa de las vidas de miles de ecuatorianos. www.ecoportal.net

Voltairenet
Ecuador - 25/10/07

http://www.ecoportal.net/content/view/full/73995

viernes, 2 de noviembre de 2007

Las autonomías y el control de los Recursos Naturales

El caso de Santa Elena
26-10-07, Por Elizabeth Bravo *

Uno de los efectos que se generará a partir de las propuestas de autonomía hechas por la derecha ecuatoriana, será establecer enclaves en zonas llamadas “marginales”, pero ricas en recursos, bajo nuevas formas de colonialismo interno. Grupos que detentan el poder económico, se apropian de los recursos existentes dentro de una región ubicada dentro de su “territorio autonómico”, excluyendo a los usuarios tradicionales de dichos recursos

Uno de los efectos que se generará a partir de las propuestas de autonomía hechas por la derecha ecuatoriana, será establecer enclaves en zonas llamadas “marginales”, pero ricas en recursos, bajo nuevas formas de colonialismo interno.

Grupos que detentan el poder económico, se apropian a través de las autonomías, de los recursos existentes dentro de una región ubicada dentro de su “territorio autonómico”, excluyendo a los usuarios tradicionales, de dichos recursos.

Adicionalmente, las rentas que genere la explotación de esos recursos se quedarían en la región autonómica, y no se redistribuirían en toda la Nación, pero tampoco se beneficiaría toda la circunscripción autonómica, sino que se quedará con los mismos grupos de poder.

Para ilustrar lo anterior, se va a usar el caso de la provincialización de la Península de Santa Elena. ¿Por qué se ha opuesto el Partido Social Cristiano a la creación de la Provincia de Santa Elena?

Compuesta por extensas tierras áridas e “improductivas” no cabría pensar que esta oposición se deba a intereses económicos específicos. A pesar de ello, cuando el Congreso Ecuatoriano consideró la provincialización de Santa Elena, el propio prefecto de Guayas, acompañado por cientos de personas llegaron a protestar frente al Congreso, y hasta se dice que circuló dinero para comprar conciencias.

Sea esto verdad o no, lo que entonces sucedió dejó en evidencia que las fuerzas social cristianas no querían que Santa Elena se convierta en la Provincia 23, pero ¿porqué?

Las riquezas de Santa Elena

Si nos acercamos un poco al interior de Santa Elena, veremos que es algo más que tierras áridas y casi inhabitadas, y que a pesar de sus diferencias ecosistémicas, hay más de una similitud con la región Amazónica.

Unas 800.000 Ha más o menos continuas forma parte de territorio Wankavilca. Ellos están organizados en comunas, y tuvieron el reconocimiento de su territorio en 1983.

Aunque el pueblo Wankavilca, ha perdido su idioma, está en un proceso de reconstrucción de su identidad. Uno de los factores que le caracteriza es la cultura en torno al sistema agrícola de las albarradas, que integra una forma de manejar el agua y recuperar la fertilidad del suelo. Las albarradas han sido usadas en esta región desde hace miles de años.

Por otro lado, registros históricos revelan que la Península de Santa Elena estuvo en otros tiempos ocupada por frondosos bosques. En 1748, cuando Jorge Juan y Antonio de Ulloa visitaron la Península como parte de la misión geodésica francesa, describieron los bosques de la zona así:

"su abundancia y calidad no se encuentran no sólo en ningún otro lugar del país, ni en otro país de América, más ni en otros dominios de la nación española, ni dependientes de otros monarcas".

En torno a esos bosques se desarrollaron astilleros donde se construían naves para la Armada del Mar del Sur, y en Guayaquil surgió una industria de aserraderos y ebanistería importante, así como otras actividades industriales ligadas a la explotación, transporte, y exportación de madera. Debido a la sobre-explotación de la madera, en 1767 el Gobernador de Guayaquil emitió una prohibición de explotar madera sin permiso del Gobierno, y en 1778, el Presidente de la Audiencia promulgó una ordenanza regulando la explotación de madera. Pero la tala no se detuvo y los bosques desaparecieron.

Desde esa época se revela que Guayaquil veía a Santa Elena como a su propia colonia, de la que podía extraer los recursos hasta llevarlos al extremo de la extinción.

Hoy, los intereses por la península podrían ser muchos, pero se mueven bajo la misma lógica.

Aquí se analizarán solo dos.

Santa Elena, el granero de Guayaquil

Con el proyecto Daule Peripa, los suelos de la provincia de Santa Elena pueden convertirse en suelos de extrema fertilidad y a través de este proyecto, se está dando un proceso de reconcentración de la tierra a través de la privatización del agua de riego.

Esto es algo que los comuneros de Santa Elena han vivido desde que se empezó a construir el trasvase Daule-Peripa, cuando, el Estado inició un proceso de afectaciones a las tierras comunales. En 1994 se dicta la Ley de Desarrollo Agrario y se empiezan a dividir las tierras comunales y se abre el mercado de tierras. En la Península esto significó la fragmentación tanto de las tierras comunales como de las organizaciones locales.

Las comunas empezaron a ser objeto de acoso por parte de los empresarios del agronegocio, que deseaban estas tierras para implantar cultivos de exportación como mango (y hoy caña para la producción de etanol). Algunos comuneros cedieron.

Los agricultores que quieren beneficiarse del agua de riego tienen que pagar cantidades exorbitantes de dinero para tener acceso al agua. Como ellos no pueden pagar se han visto obligados a vender la tierra. Una estrategia para la apropiación de la tierra fueron los créditos. Cuando los comuneros no podían pagar sus deudas, su terreno que había sido hipotecado, pasaba a manos del Banco que lo remataba a precios ínfimos y a favor de empresarios.

El trasvase se construyó a medida que avanzaba la compra de tierras, y no se hicieron canales secundarios que beneficien a los comuneros.

En otras zonas, a las cooperativas campesinas se les entregaba sistemas de riego y maquinaria obsoletos y si no daban un manejo eficiente, se les quitaba. Los empresarios del agronegocio de Guayaquil están detrás de las cooperativas para acceder a estos canales cuando las cooperativas fracasen, luego hacen inversiones para modernizar los canales, en muchos casos con crédito estatal.

Otras veces son los propios terratenientes los que otorgan créditos individuales a los comuneros, quienes reciben crédito hipotecando sus tierras. Si no pueden pagar, pierden la tierra.

En el contexto de las autonomías, las rentas generadas de estos cultivos industriales quedarían en la provincia de Guayas, pero sin que se reinvierta a la zona de Santa Elena.

El petróleo

Pero tal vez más interesante desde el punto de vista de las autonomías es que en la Península de Santa Elena hay reservas petroleras, que han sido ya concesionadas.

Muchas de las comunas se oponen a la extracción petrolera en la Península, sobre todo aquellas donde la gente ha podido ver los impactos de esta actividad en la Amazonía Norte.

La ambición de los grupos poderosos de Guayaquil es extraer esos recursos hidrocarburíferos, y que la renta petrolera se quede en la Provincia. Pero al igual que en la Amazonía, esta renta no será invertida en la Península, ni en las comunas, que lo único que recibirán a cambio serán los impactos que genera esta industria.

Y la renta petrolera… beneficiará mayoritariamente a las elites empresariales de Guayaquil.

Así como en el siglo XVIII la Corona Española saqueó y agotó los bosques de Santa Elena, hoy las elites de Guayaquil quieren hacer lo mismo, y lo quieren hacer a través de las autonomías. www.ecoportal.net


Acción Ecológica
www.accionecologica.org

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!