Ecuador
21 de Marzo de 2012.- La firma del contrato con la compañía china Ecuacorriente para la explotación del proyecto de cobre Mirador, el pasado 5 de marzo, empezó a generar un debate sobre los beneficios económicos, financieros y ambientales de los proyectos mineros a gran escala.
Ambientalistas, catedráticos, geólogos, empresarios, funcionarios del Régimen, etc., comienzan a pronunciarse sobre el tema.
Al Gobierno le interesa posicionar el tema porque tiene en agenda la firma de contratos con las mineras Kinross, International Minerals y Iamgold.
Para eso argumenta que los principales proyectos mineros generarán inversiones por más de USD 5 117 millones, hasta el 2016, además de nuevas plazas de trabajo. Solo en el proyecto Mirador se prevé contratar a 5 600 trabajadores en la fase de construcción, según el Gobierno.
A través de un comunicado, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reclamó ayer la suspensión del proyecto, “en espera de una solución satisfactoria para las comunidades afectadas, respetando su derecho a la consulta previa, libre e informada, garantizada por la Constitución ecuatoriana”.
Por su parte, dentro de un foro organizado por la Flacso, el ex ministro de Energía del actual Gobierno, Alberto Acosta, cuestionó los beneficios económicos del proyecto y dudó de las cifras que exponen las mineras sobre sus reservas. Cree que pueden ser usadas para elevar la cotización de sus acciones en la bolsa de Canadá y no existe un organismo del Estado que las certifique, lo que podría generar una expectativa irreal de ingresos para el país.
Asimismo, la volatilidad de los precios de los metales pudiera reducir la rentabilidad de los proyectos. En Mirador se prevé que el Estado reciba unos USD 5 000 millones en 25 años con un precio del cobre alrededor de USD 4 por libra.
Los antecedentes petroleros son otra alerta, ya que los contratos y la falta de control permitieron que las empresas inflaran sus costos y pagaran menos impuestos. Eso pudiera repetirse en el sector minero si no hay capacidad para detectar, por ejemplo, sobrefacturación en la importación de equipos.
“Tienen filiales en paraísos fiscales. Podrían declararse en quiebra y no asumir los costos ambientales”, dice Acosta, quien además calcula en al menos USD 1 700 millones los costos de remediación, considerando que se removerán 326 millones de toneladas de roca procesada y que cada una demanda entre USD 5 y USD 64.
“Si el costo es de USD 64, el proyecto ya no es rentable. O queremos que pase algo similar a lo de Texaco: que la empresa se vaya y nos deje con el daño ambiental”.
Para Pablo Duque, PhD en Geología y profesor de la Escuela Politécnica Nacional, en la Cordillera del Cóndor sí existen minerales pero su explotación tiene un alto costo ambiental.
Este tema es crítico para el investigador francés William Sacher, quien cuestiona el Estudio de Impacto Ambiental en Mirador. Los estudios meteorológicos e hidrológicos de la zona no tienen más de tres años, cuando la normativa ecuatoriana recomienda al menos 10 años.
Lo anterior impide saber el real impacto ambiental del proyecto porque no se conoce el comportamiento de las lluvias y de los ríos, lo que puede causar problemas en la relavera (piscina de residuos con altos niveles de ácido sulfúrico y otros metales contaminantes).
El subgerente ambiental de Ecuacorriente, Raúl Brito, aseguró que el Estudio de Impacto Ambiental tiene datos de siete años y hasta que comience a producir la mina serán 10 años. Además, dijo, ninguna ley ambiental del país señala que deben ser 10 años.
También dijo que existe un plan para mitigar el riesgo del drenaje ácido, producido por el contacto de rocas subterráneas con el agua y el aire. Para que eso suceda se requiere de la exposición de la roca a oxígeno y agua por más de 18 meses. Para evitarlo, según Brito, tanto en la mina como en la escombrera se hará un proceso de vegetación. Destacó además que el 80% del agua que se usará en el proyecto será reutilizado (El Comercio).
http://www.portalminero.com/
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