domingo, 19 de agosto de 2012

Ecuador deberá pagar indemnización a pueblo indígena sarayaku: importante precedente



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El asesor jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, anunció que el Estado ecuatoriano acatará una sentencia en su contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pagará una indemnización de 1 390 000 dólares al pueblo indígena kichwa de sarayaku, por haber impuesto la actividad petrolera en sus territorios sin siquiera haberlo consultado.
La sentencia de la CIDH, conocida el 25 de julio, “es el resultado de casi una década de litigio internacional y marca un precedente histórico en la vida de los pueblos y nacionalidades a nivel global”, expresa un boletín de prensa del pueblo sarayaku. Esos pueblos y nacionalidades están “constantemente amenazados por políticas extractivistas a nombre del llamado desarrollo del ’primer mundo’ y que nada tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos, autoproclamados defensores de la selva”, agrega el texto emitido el mismo día del fallo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) celebró la resolución.
El pueblo kichwa sarayaku vive al norte de la Amazonia ecuatoriana, en la provincia de Pastaza. Según información del diario El Comercio de ese país, en 1996 el Estado ecuatoriano otorgó una concesión petrolera en el Bloque 23, que afecta un 60 por ciento del territorio del pueblo originario, a la Compañía General de Combustibles de Argentina. Durante el último trimestre de 2002 y el primero de 2003 (con los gobiernos ecuatorianos de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez) la empresa ingresó reiteradamente al territorio indígena sin autorización y contra la voluntad del pueblo.
De acuerdo a información oficial del Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio sarayaku y el territorio achuar, en los que la Compañía General de Combustibles colocó 1433 kilos de explosivos a 12 metros de profundidad.
A inicios de 2003 el pueblo sarayaku acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitó su intervención urgente. Frente al incumplimiento de sus medidas cautelares, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que dictara medidas provisionales a favor de ese pueblo, que se otorgaron en julio de 2004. Esas medidas buscaban proteger la vida e integridad de los indígenas, la investigación de los hechos de violencia cometidos en su contra y la garantía de su derecho al libre tránsito.
En diciembre de 2007 el Ministerio de Minas y Petróleo ecuatoriano emprendió gestiones para el retiro de los explosivos. Dos años después se habían retirado apenas 14 kilos y el proceso se suspendió. El 26 de enero de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su resolución respecto al caso, que fue remitido a la Corte. El 6 y 7 de julio de 2011, en la capital costarricense, San José, se llevó a cabo la audiencia del caso sarayaku ante la CIDH. Ese mismo año la Compañía General de Combustibles se retiró de Ecuador.
El fallo de la CIDH del 25 de julio determinó que el Estado ecuatoriano debió consultar al pueblo sarayaku sobre el proyecto petrolero en territorio indígena, de forma previa, libre e informada, de conformidad con los estándares internacionales. El dictamen consideró que hubo una violación de los derechos del pueblo originario a la propiedad comunal indígena e identidad cultural.
La Corte estableció también que se puso en riesgo la vida e integridad de los indígenas con los explosivos de alto poder en su territorio. Ordenó al Estado ecuatoriano retirar esos explosivos enterrados y consultar al pueblo sarayaku adecuadamente en caso de tener algún proyecto de extracción de recursos naturales en sus tierras.
Para el pueblo originario se trató de un fallo histórico. Los indígenas pretendían ganar este caso y que se sentara un precedente legal favorable para otros pueblos originarios que sufren los mismos despojos. En su boletín de prensa titulado “Sentencia histórica para los pueblos en lucha”, los kichwas subrayaron que la sentencia es enfática al afirmar que el Estado ecuatoriano tenía la obligación de garantizar a los indígenas el derecho a la consulta, propiedad comunal e identidad cultural.
En tanto, la CONAIE realizó una conferencia de prensa en la capital del país, Quito, para dar su opinión pública frente a la decisión de la CIDH. Allí estuvieron los principales dirigentes indígenas de Ecuador, según información difundida el lunes por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de ese país (ECUARUNARI), una de las organizaciones filiales de la CONAIE.
“Esta sentencia dada por la Corte es un aliento para todos los ecuatorianos y quienes luchamos en defensa de nuestros territorios, derechos humanos y de la naturaleza”, dijo el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango. “Ahora el presidente (Rafael) Correa y el Estado ecuatoriano tienen que cumplir, porque la sentencia es mandatoria y servirá para defender otros casos, otros procesos como los temas minero y petrolero”, agregó.
Por su parte, el presidente del pueblo sarayaku, José Gualinga, recordó que a fines de 2002 los kichwas decidieron frenar los maltratos de las corporaciones transnacionales y el Estado ecuatoriano. “Con voz firme tuvimos que decir basta, aquí ya no más saqueo, y expulsamos a compañías petroleras y militares a pesar de persecución, tortura y calumnia”, manifestó. “Con esta sentencia decimos que sarayaku jamás claudicó ni arrodilló, y vamos a seguir el proceso hasta llegar a su fin”.
(CC) 2012 Radio Mundo Real

jueves, 16 de agosto de 2012

ECUADOR: Reformas legislativas para favorecer a mineras


ECUADOR
Luis Ángel Saavedra desde Quito

El gobierno ecuatoriano está empeñado en promover la minería a gran escala para lo cual debe implementar una legislación interna que, siendo contradictoria con principios constitucionales, satisfaga los intereses económicos de las transnacionales mineras que se han resistido a invertir en el país hasta que no se les garantice su total control sobre las regalías que producirá esta industria.

La última Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008) no sólo se preocupó de incorporar los derechos de la naturaleza en el texto constitucional, garantizando la preservación y la reproducción de su ciclo vital, pues también fue muy prolija en dotar al Estado el control de los beneficios que produce la explotación de recursos naturales, inclusive si esta actividad se debiera delegar a empresas mixtas o privadas, a través de concesiones.

En este sentido, el artículo 408 de la Constitución establece que “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”.

Basada en la Constitución, la Asamblea Nacional elaboró la Ley de Minas, promulgada en enero del 2009, en la que asegura que los beneficios económicos para el Estado deberán estar sujetos al artículo constitucional 408. Así, en el artículo 93 de esta ley se establece que el concesionario minero deberá pagar una regalía “no menor al 5% sobre las ventas, adicional al pago correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% de las utilidades determinadas en esta Ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado (IVA)”. De esta forma el Estado garantiza que más del 50% de la rentabilidad minera vaya a sus arcas en calidad de impuestos y regalías.

Bajo esta normativa, en marzo pasado se firmó el primer contrato de minería a gran escala con la empresa china EcuaCorriente, la que deberá invertir US$1.4 millardos en el proyecto Cóndor Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonia sur del país, y el que el Estado participaría del 52% de la rentabilidad minera.

EcuaCorriente no tuvo reparos en firmar un contrato minero favorable al Estado ecuatoriano, pues su interés es más geopolítico y no necesariamente económico.

“EcuaCorriente es una empresa estatal [china] que piensa en tener un negocio rentable, pero está más interesada en asegurar que China tenga acceso a los recursos naturales necesarios para sostener su expansión económica”, asegura el asambleísta amazónico Kléver Jiménez, del Movimiento Pluricultural Pachacutik.

Kinross cambia el escenario minero
La firma del contrato con EcuaCorriente fue presentado como un ejemplo de firmeza y soberanía que marcaba la ruta para futuros contratos, no sólo en Ecuador.

“Este contrato está siendo seguido por toda América porque es inédito, donde el Estado recibe la mayor cantidad del recurso”, señaló el presidente Rafael Correa al firmar el convenio de explotación mediante el cual EcuaCorriente extraerá unas 180,000 TM de cobre al año.

Pero, pese al empeño del gobierno, desde febrero pasado se paralizaron las negociaciones con la minera canadiense Kinross Gold Corporation, que busca explotar oro en el proyecto denominado Fruta del Norte, en la misma cordillera de El Cóndor, limítrofe con Perú, para lo que tiene prevista una inversión de $1.3 millardos. Esta transnacional se negó a aceptar términos iguales a los que había firmado EcuaCorriente.
“Quiero dejar muy claro a todo el mundo que no procederemos, a menos que tengamos un mejor acuerdo en términos económicos”, dijo el director consejero de la minera, Tye Burt, al explicar la paralización de las negociaciones con el Ecuador.
Las demandas de Kinross fueron catalogadas como exageradas y, en febrero de este año, el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, advirtió que el Ecuador no firmaría un acuerdo con esta transnacional minera.

“Hay cosas que no podemos aceptar porque no podemos forzar una ley o cambiar una ley”, aseguró Pastor.

Pese a estas declaraciones, el mismo ministro Pastor anunció el pasado 20 de julio que se reformaría la Ley de Minas para corregir algunos errores, como por ejemplo el hecho de que la ley fije un mínimo del 5% por regalías adicionales a los impuestos para la explotación minera, pero no fija un máximo. De igual forma, Pastor anunció que el impuesto a las ganancias extraordinarias por el alza de los precios de los metales no se cobraría hasta cuando la empresa haya recuperado la inversión realizada.

Para tal efecto, el proyecto de reforma que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional incluirá las dos propuestas: la primera que pospone el cobro de impuestos hasta que el concesionario recupere la inversión, y la otra que fija un máximo para el porcentaje de las regalías. De esta manera Pastor dio paso a las presiones de Kinross y se puso a tono con la línea presidencial, pues ya Correa había anticipado: “Es razonable lo que nos ha pedido Kinross, y preparamos una reforma legal para que cualquier utilidad extraordinaria vaya a amortizar la inversión”.

Presiones presidenciales
En la Asamblea Nacional, la aprobación de estas reformas no tendrá un camino fácil, pues si bien el movimiento de gobierno, Alianza País, mantiene una precaria mayoría, el tema minero es muy sensible para los asambleístas y algunos partidarios de gobierno podrían abstenerse a la hora de votar. Sin embargo, en el actual escenario político, Correa puede presionar para que los asambleístas mantengan la tesis gubernamental si desean ser considerados para una posible reelección en los próximos comicios electorales.

En efecto, hasta octubre próximo hay plazo para presentar las listas de candidatos a la Asamblea Nacional que postularán en las elecciones de febrero del 2013 y varios asambleístas actuales no ven muy claras sus opciones de ser incorporados en estas nuevas listas y acceder a una posible reelección. La votación de las reformas a la Ley de Minas se presenta como una oportunidad de hacer valorar su voto y negociar su incorporación en el listado electoral.

“Asistiremos a una feria de candidaturas a cambio del voto para reformar la ley y seguir con el modelo neoliberal del que nunca hemos salido. Las reformas a la Ley de Minas son un ejemplo de que seguimos sometiéndonos a los intereses de las transnacionales y que el discurso de soberanía que mantiene el gobierno es vacío”, sostiene Jiménez, quien ya presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Ecuador por el contrato firmado con EcuaCorriente, señalando que el acuerdo no garantiza que el Estado tenga el 52% de la rentabilidad, ya que está incluido el 12% del IVA que sólo se paga en productos elaborados, y la producción minera se exportará en bruto, sin valor agregado. Arguye además que no se realizó una consulta previa a las comunidades afectadas por la actividad minera, principalmente la nacionalidad shuar. Agregó que se apresta a hacer lo mismo hacia las reformas anunciadas por el régimen en caso de que sean aprobadas. —Noticias Aliadas.

viernes, 3 de agosto de 2012

Ecuador dice reforma minera allanará camino a nuevos contratos



Por Eduardo Garcia

QUITO (Reuters) - Ecuador prepara una reforma a la industria minera que debería acelerar la firma de contratos con varios inversionistas incluyendo a la canadiense Kinross, dijo un funcionario.

El país andino no tiene una industria minera de gran escala, pero tiene grandes depósitos de cobre, oro y plata. El presidente, Rafael Correa, quiere atraer nuevas inversiones para reducir la dependencia de la economía del país a la producción de petróleo.

En marzo, Correa firmó un importante contrato minero con la china Ecuacorriente debe invertir 1.400 millones de dólares en el proyecto de cobre El Mirador.

Sin embargo, las negociaciones con Kinross Gold Corp por Fruta del Norte, un desarrollo de oro por 1.300 millones de dólares están retrasadas en parte porque el Gobierno busca obtener altos beneficios del sector.

Un ejecutivo de Kinross dijo el mes pasado que el gobierno de Ecuador prometió reformar su ley minera.

"En las próximas semanas estará listo el proyecto de ley para que el presidente lo considere y si lo cree acertado lo enviará al Congreso", dijo a periodistas Wilson Pastor, ministro de recursos naturales no renovables.

Agregó que la norma incluirá dos reformas, una que demora la entrada en vigor de impuestos hasta que los mineros recuperen su inversión y otra que fija un tope para las regalías mineras.

Bajo la actual ley, las mineras deben pagar un mínimo de 5 por ciento por regalías, pero no se fija un máximo.

"Se va a establecer por reglamento a la ley de minería cuáles son las escalas en el cobre, el oro y los otros minerales (...) un mínimo y un máximo", dijo el funcionario.

KINROSS

El partido de gobierno no tiene mayoría en el Congreso, por lo que la oposición podría bloquear la iniciativa para complicar a Correa en momentos en que el país se acerca a una nueva elección presidencial en febrero.

"Con Kinross estamos en una negociación intensa, el programa que nos hemos propuesto es finalizar la negociación en agosto (...) y que se suscriba el contrato en septiembre o en octubre", concluyó Pastor.

La firma firmó un contrato tentativo con Ecuador en diciembre pero luego dijo que quería renegociar el acuerdo para conseguir mejores términos.

El Gobierno dijo que los pactos con Ecuacorriente y Kinross serán un modelo para los futuros contratos.

(Editado en Español por César Illiano)



http://economia.terra.com.ar/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201208022120_RTI_SIE8710D0

jueves, 2 de agosto de 2012

De la palma aceitera y la minería. Un breve análisis del sistema extractivista legal e ilegal en el norte de Esmeraldas


En los últimos cinco años hay tres problemáticas que convergen en el norte de Esmeraldas. Primero, tenemos una tasa de homicidios y una violencia constante que por ratos aumenta. Segundo, un crecimiento en el cultivo de palma aceitera en la región. Tercero, un problema de pobreza estructural, y sumado a ello hay un contexto de economías ilegales que en parte se debe a la presencia de grupos ilegales colombianos en la región. No se puede afirmar que estos factores estén íntimamente relacionados, eso sería una falta de criterio analítico, por el contrario, estamos hablando de temas muy diferentes, pero que se relacionan en un espacio social que tiene características poco favorables frente a estas tres problemáticas.
Para ver el panorama social que se está desarrollando en el norte de Esmeraldas, a partir de la implementación de la palma aceitera en la región, es necesario ver que ha acompañado este proceso, que tanto como otras promesas extractivistas está vulnerando a la población en diferentes niveles. El norte de Esmeraldas ha vivido de las prosperidades económicas que han traído el plátano, el cacao, la madera y ahora la palma aceitera. Se esperaría que la región tuviese un desarrollo considerable, puesto que la provincia de Esmeraldas explota en más del 60% del territorio la palma aceitera (1). El norte de Esmeraldas cuenta con el 25% del territorio sembrado y esto representa un considerable ingreso al Ecuador en cuanto a las exportaciones que tiene el país de aceite de palma. Estas cifras ubican al Ecuador como el 5° país exportador de aceite de palma a nivel mundial, estamos hablando de considerables réditos monetarios que trae dicha exportación, pero al parecer estos réditos benefician en mayor cuantía al sector privado y en menor al Estado y a las regiones cultivadoras de palma aceitera.
El cultivo de palma en la región norte de Esmeraldas, en Esmeraldas y en general en el Ecuador ha tenido un pronunciado crecimiento, tal y como lo muestra ANCUPA en los siguientes gráficos:
Fuente: ANCUPA
La provincia de Esmeraldas muestra las siguientes cifras de superficie de palma aceitera hacia el año 2010, teniendo en cuenta que este crecimiento viene desde 2006:
Fuente: ANCUPA
La provincia de Esmeraldas ha sido uno de los puntos claves para la expansión del cultivo de aceite de palma. Ello tiene que ver con que Colombia es uno de los principales compradores del aceite de palma producido en Ecuador:
Colombia se abastece de aceite de palma africana principalmente de Ecuador. En el 2008, Colombia importó un valor CIF de USD 23.836.069 de aceite refinado de palma africana proveniente de Ecuador, correspondiente a 23 toneladas y aproximadamente el 99% de las importaciones totales de este producto que tuvieron como destino final el área de influencia de Colombia. (…) Del total de aceite refinado de palma africana que entró al AI de Colombia, el 77% tiene como destino el Departamento de Nariño seguido por el Valle de Cauca con el 23%. El 100% de las importaciones provenientes de Ecuador se realiza vía terrestre a través del paso fronterizo de Rumichaca en la ciudad de Ipiales.(2)
Por lo tanto, la provincia de Esmeraldas es la que más produce exportaciones de aceite de palma hacia su vecino departamento Nariño, en Colombia. Por esto, la importancia que existe en el IIRSA de habilitar el paso de Mataje, puesto que con la apertura del puente de Mataje de cuatro carriles se abre el paso a la exportación de aceite de palma directamente por Esmeraldas y ya no necesariamente por Tulcán-Ipiales. De ahí, se entiende el constante crecimiento de la palma aceitera en Esmeraldas y, sobre todo, en el norte de Esmeraldas donde en un plazo de cinco años el cultivo de palma pasó de un poco más de 3128 hectáreas en 2000 a 18 266 en 2005 y en el 2012, hasta la fecha, podemos hablar de cerca de 40 000 hectáreas en la región.
Entonces, ¿Es mal visto este aumento de la producción de palma aceitera en el Ecuador y en el norte de esmeraldas? Cuando la palma llegó a la región del norte de Esmeraldas lo hizo como una promesa de empleo para los habitantes y como una búsqueda de mayor desarrollo para la región, pero si contrastamos esa idea de crecimiento del cultivo y beneficio en términos estructurales para la superación de la pobreza, vemos que dicha promesa no se ha cumplido. No se puede decir que la culpa es de tal o cual, sencillamente las condiciones estructurales en el norte de Esmeraldas no mejoran y, por el contrario, han empeoraron en términos ambientales.
Así, para ver de manera más compleja la situacion del norte de Esmeraldas es necesario tener en cuenta la pobreza estructural que hay en la region.
En el mapa realizado por la Universidad Andina Simón Bolívar podemos ubicar el norte de Esmeraldas y ver que hay una pobreza del 60 al 93% en las diferentes parroquias de la región. Estos datos muestran los años desde 2001 a 2006, los mismos años en los que se dio el gran crecimiento de la palma, falta establecer si al día de hoy ese crecimiento ha dejado ver sus frutos en la región. Cabe mencionar que, a pesar de la promesa laboral, las condiciones de la vivienda en la región no han variado al día de hoy, por ejemplo, en el cantón San Lorenzo tan sólo el 64% de las viviendas cuentan con un suministro de agua por red pública y en Eloy Alfaro tan sólo el 31% de las viviendas cuentan con este servicio de agua. Aquí, es importante tener en cuenta que la geografía de la región no contribuye a que se establezca una estructura de servicios públicos que satisfaga al conjunto de la población.
A pesar de las condiciones geográficas de la región, la palma aceitera sigue su crecimiento aún por encima de territorios ancestrales. De las hectáreas de crecimiento que corresponden a los últimos años, por lo menos unas 5.000 se encuentran al interior de la comuna río Santiago-cayapas (3), al parecer el crecimiento se está dando a costa de compra de tierras de comuneros. Pero ¿qué hacer si el dinero por la venta de tierra es uno de los recursos visibles en la región? En este punto, no justifico el crecimiento de la palma, sólo coloco a consideración la idea de que la palma aparece como la única forma de solución económica a las condiciones sociales que viven los habitantes de la región que ven en la tierra la forma de acceder a productos y servicios o la forma de buscar una rentabilidad más próxima. Así, se puede entender dicho crecimiento del cultivo, puesto que no hay garantías económicas en la región, por lo tanto, la palma aparece como la única forma de sustento a diferentes niveles, ya sea trabajando en la plantación o vendiendo la tierra para que dicho cultivo crezca. Las condiciones de pobreza estructural en la región no sólo están llevando a vender las tierras, también ocasiona que los habitantes entren al mundo de la economía ilegal a través de la minería, los préstamos gota a gota, el sicariato, contrabando de combustibles, trata de personas y lavado de dinero.
La violencia en la región norte de Esmeraldas se ha incrementado en los últimos años, a partir de 2007 se puede decir que la violencia se comenzó a volver más sistemática en la región y ello se puede ver por dos razones: una es el establecimiento en la región del grupo Águilas Negras, y, el otro, el aumento de homicidios que se ha dado en los últimos años por parte de la peligrosa fusión que se dio entre paramilitares colombianos y sicarios ecuatorianos, la cual se venía forjando desde principios de este siglo. No está de más decir que esta fusión buscó fortalecer las redes de narcotráfico en el Ecuador y consolidar así las rutas del pacífico.
Pero y ¿qué tiene que ver esto con la palma? Directamente no tiene que ver, pero si hay evidencia de que el hecho de que los habitantes de la región recurran al préstamo gota a gota, algunos integren esas redes de narcotráfico, ya sea con el lavado de dinero, a través de la minería aurífera ilegal, deja entre ver que la economía legal e ilegal comparten la región y ello deja como resultado el miedo en los pobladores y una problemática ambiental. En el año 2011, un estudio del SENAGUA y la PUCESE (4) de Esmeraldas evidenció tumores en los camarones y en alguno crustáceos que hacían parte del manglar que reina en la parte baja de la región norte de Esmeraldas y es, precisamente, allí en la parte baja donde desemboca el aluminio, el mercurio y los agroquímicos que se usan tanto en la minería como en las plantaciones de palma.
En algunos ríos es alarmante la concentración de aluminio:
Al analizar el contenido de aluminio en peces llega a valores muy elevados como en el sector Valle de la Virgen (2895 mg/Kg) y San Javier de Cachaví (2095 mg/Kg) ambos en Guañas, sin existir normativa para aluminio en Peces por el momento, pero si consideramos que consumir alimentos es similar al agua para consumo humano, la norma de 0.2 mg/Kg se supera más de 10.000 veces en ambos lugares, situación sumamente preocupante pues las guañas son consumidas regularmente.(5)
Este estudio estableció que el agua de algunos esteros ya es imbebible, por la alta presencia de aluminio y de mercurio que son nocivos para la salud. Ante esta situación algunos pobladores deciden hacer frente a la minería ilegal y se toman las principales vías del cantón con el argumento de que las aguas de la región se encuentran altamente contaminadas. Esto se convierte un importante problema cuando vemos que hoy día (según el último censo) el agua que procede del río nutre en el cantón Eloy Alfaro al 38.91% de las viviendas, mientras que en San Lorenzo el 15.42% de las viviendas dependen de los ríos para la obtención de agua. Y el problema se agudiza si tenemos en cuenta que los peces de esos ríos son la fuente principal de alimentos de muchos hogares de la región.
En este punto ya se puede hablar, entonces, de la fusión entre el daño ambiental y la violencia, puesto que para nadie es una mentira que los promotores de la defensa del agua y algunos presidentes parroquiales que se declararon como defensores de la misma se encuentran amenazados por los sicarios locales, bandas sicariales que hoy día se encuentran organizadas de manera mixta con sicarios y/o paramilitares colombianos, lo que ha traído como consecuencias que la tasa de homicidio en la provincia de Esmeraldas a 2010 equivalga al 11% de los homicidios a nivel nacional. La tasa de homicidios en 2010 por 100 000 habitantes fue de 61.6, tasa que ha venido en aumento desde 2005 (6).
El Estado ecuatoriano en el año 2011 intentó hacer frente a la minería ilegal y a la economía ilegal que circula en la región a manos de los sicarios, con una acción militar conjunta donde destruyó casi 200 retroexcavadoras que se encontraban en los frentes mineros ilegales, pero ello no detuvo la extracción minera, sólo cambió los horarios de extracción puesto que se comenzó a realizar de noche. El problema, en sí mismo, no es acabar con la minería ilegal, acabar con el narcotráfico o con el sicariato, sencillamente la población del norte de Esmeraldas no cuenta con las condiciones estructurales propicias que le hagan frente a la pobreza y, por el contrario, se ven abocados a vivir de la minería, trabajar para el narcotráfico, vender sus tierras y rebuscarse la manera de poder vivir.
Por lo tanto, la violencia estructural en la región se presta para que el capital extractivo y el sistema de acumulación se reproduzca de diferentes maneras. La minería aparece como un sistema de acumulación extractivista, pero si vemos la violencia como un sistema estructural que permea las formas económicas de la región permitirá entender que el sistema de acumulación del capital extractivista de la palma de alguna manera está cómodo dentro de la violencia estructural y la pobreza de la región. De ahí, entendemos por qué se puede hablar en la región de una acumulación desposesiva que se refleja en la compra de tierras y de territorios comunitarios sin que nadie diga nada y que el silencio reine en la región. Así mismo, la implementación de la minería “legal” en la región aparece como resultado de ese sistema acumulativo desposesivo que tiene la minería ilegal, por lo cual ésta minería “legal” deviene del mismo patrón de acumulación y, por lo tanto, reproducirá las mismas consecuencias en términos ambientales y sociales. Por esta razón, la promesa del “desarrollo” y del “progreso” para la región se seguirá postergando y en años próximos veremos como el sistema de acumulación ofrecerá una nueva promesa que devendrá en la explotación petrolera en la región. www.ecoportal.net
Iván Roa - Licenciado en Ciencias Sociales, investigador y candidato magister en integración por la UASB Ecuador, y en sociología de la FLACSO Ecuador.
Publicado en La linea de fuego
http://lalineadefuego.info
Notas:
1. Fuente del ESPAC
2. IIRSA, Análisis del Potencial de Integración Productiva y Desarrollo de Servicios Logísticos de Valor Agregado de Proyectos IIRSA (IPrLg), Marzo de 2010, pag. 96
3. La comuna rio Santiago-Cayapas es un territorio comunal afro—ancestral el cual se encuentra ubicado en los cantones Eloy Alfaro y san Lorenzo y cuenta con una extensión de 40.000 hectáreas.
4. PUCESE, Análisis de los impactos y conflictos provenientes de la actividad aurífera en la zona norte de la provincia de Esmeraldas para la construcción de paz en las comunidades afectadas. Provincia de Esmeraldas, Ecuador, 2011
5. Ibid, pág. 138
6. Victor Llugsha, Gobernanza de la seguridad ciudadana en la frontera norte del Ecuador. En: Carrion y Espín. Relaciones fronterizas: encuentros y conflictos, Ecuador, FLACSO, 2011, pág. 147
Ubicación de Esmeraldas

Las falacias del neoextractivismo



Imagen: Ecoportal.net
Por Martha Moncada
2 de agosto, 2012.- El potencial minero del Ecuador otorga al país la posibilidad de convertirse en un importante abastecedor de varios de los minerales que requiere el desarrollo industrial de las más ricas economías del planeta y cubrir algunos de los rubros de la demanda interna de minerales. La posibilidad de aprovechar este potencial ha dado paso al surgimiento de posiciones antagónicas dentro del país. Por un lado, el gobierno, sectores empresariales y población urbana y rural diversa, respaldan la tesis de explotar la riqueza minera del país como un medio para disponer de los ingresos que permitan superar la pobreza, expandir la cobertura de atención de servicios y corregir las asimetrías sociales y económicas existentes. Por otro lado, los pueblos y nacionalidades indígenas, sus organizaciones, sectores ambientalistas, así como población asentada en ciudades y en el campo, han manifestado su rechazo a la minería a gran escala por sus impactos sobre la naturaleza y por los efectos adversos sobre la
continuidad histórica de pueblos indígenas que viven en territorios que podrían verse abruptamente modificados por la minería. Quienes se oponen a la explotación minera a gran escala cuestionan, adicionalmente, que la consecución del desarrollo suponga atravesar una única vía; por el contrario, afirman la existencia de concepciones culturalmente diversas que no necesariamente implican iguales condiciones de vida que aquellas que rigen en el occidente.
Estos últimos argumentos, lejos de ser incorporados como parte de una reflexión seria o de propiciar un debate democrático y transparente, han sido motivo de menosprecio y descalificación por parte de las autoridades gubernamentales quienes finalmente, y aún violentando disposiciones constitucionales expresas como la consulta previa informada, transparente y “de buena fe”, han impuesto el inicio de actividades extractivas de gran escala bajo la premisa de alcanzar el “bienestar colectivo”. Frente a esta imposición, merece la pena develar algunas de las afirmaciones en las que el gobierno ha sustentado su decisión.

Primera falacia: “Los ingresos económicos producto de la minería permitirán superar la pobreza y actuarán como un motor para el crecimiento económico”.

Esta afirmación es uno de los argumentos al que con mayor frecuencia recurren los promotores del neoextractivismo en el ánimo de legitimar el impulso de la minería y contener la conflictividad y la oposición de sectores sociales que advierten los impactos negativos de las actividades extractivas. El papel más activo del Estado que caracteriza al actual extractivismo posiblemente permitirá la obtención de mayores ingresos y la puesta en marcha de políticas redistributivas orientadas a cerrar las brechas de pobreza y las injusticias sociales que enfrentan los países poseedores de reservas minerales. No obstante, es una verdad a medias.
En los mayores ingresos que supuestamente podrían percibir nuestras economías no se contabiliza la pérdida de biodiversidad, el deterioro de ecosistemas y de los servicios y funciones ambientales que prestan, la eventual desestructuración de culturas ancestrales, ni los recursos económicos que será necesario destinar para descontaminar el agua y la tierra. En la medida en que no se ha realizado un balance objetivo que de cuenta de los activos y pasivos que provocarán las nuevas explotaciones extractivas, la afirmación sobre mayores ingresos debe al menos relativizarse.
La obtención de mayores ingresos como sinónimo de riqueza otorga a esta última una noción una acepción únicamente crematística, sin considerar que riqueza es también el patrimonio natural y cultural que poseemos, la mayoría sin valor económico en el mercado, a la vez que “naturaliza” el proceso de desarrollo seguido por las economías industriales y desconoce que existen otras vías y formas de vida para relacionarnos con el entorno. Por otro lado, desconoce o minimiza el hecho de que los sectores extractivos intensifican las presiones ambientales y profundizan las inequidades, pues, las perspectivas de crecimiento económico son limitadas por la capacidad de carga del ecosistema. Esta mirada parcial –más ingresos como condición para superar las dificultades actuales- eclipsa, finalmente, un análisis más riguroso sobre el estilo de desarrollo y el alcance y contenido del “buen vivir”.

Segunda falacia: “La incursión en actividades extractivas generará nuevos y numerosos empleos”.

Es probable que en las primeras fases de explotación de un nuevo proyecto extractivo sea necesaria la contratación de un número significativo de trabajadores, sobre todo para las labores de remoción de la cubierta vegetal, apertura de vías, construcción de facilidades, instalación de maquinaria, etc. El empleo temporal requerido para estas actividades disminuirá significativamente una vez que el proyecto extractivo entre en operación. En esta fase, el funcionamiento de maquinaria y equipo, supervisado por técnicos especializados generalmente provenientes de los países de origen de la empresa extractiva, sustituye la mano de obra local.
De acuerdo a estimaciones, una mina genera 0,9 empleos por hectárea, mientras que una arrocera produce 6 empleos por hectárea. A la luz de esta realidad, la promesa de generación de empleo resulta por tanto también una verdad a medias y tergiversa lo que ha sido la contribución de los proyectos extractivos en materia de generación de empleo.

Tercera falacia: “Los impactos ambientales que generarán las actividades mineras pueden ser revertidos”.

Este argumento magnifica las bondades de la tecnología para reparar los daños ocasionados a la naturaleza y desconoce que, aún existiendo los recursos económicos suficientes, existen daños que son irreversibles. Frente a la complejidad de la naturaleza, más aún en zonas de megadiversidad como las que serán afectadas por las actividades extractivas, una postura ajena al antropocentrismo y al optimismo en el progreso tecnológico debería apelar, al menos, al principio de precaución debido a la incertidumbre respecto a la magnitud e intensidad de los impactos que se ocasionarán sobre un bosque tropical y sus cuencas hidrográficas. No existen suficientes experiencias en el mundo como para valorar las implicaciones de ejecutar minería en medio de un área de concentración de valiosa biodiversidad como lo pretende hacer Ecuador al inaugurar la minería a cielo abierto.
La minería a cielo abierto supone la remoción de inmensas cantidades de tierra por cada gramo de mineral lo que es posible gracias a procesos químicos altamente demandantes de agua y la utilización de elementos de alta nocividad como el cianuro y el mercurio. Se calcula que, en el caso de la minería de metales, por cada tonelada de mineral crudo extraído se requieren entre 636 y 7.123 litros de agua y que para los minerales no metálicos, este requerimiento fluctúa entre 136 y 4.532 litros de agua por cada tonelada extraída (Delgado 2011).
La ilusión respecto a la reversión de los impactos ambientales generados por la minería regulaciones débiles y un control ambiental insuficiente

Cuarta falacia: “El horizonte de largo plazo es el post-extractivismo”.

Las economías atadas a la exportación de materias primas han demostrado una escasa posibilidad de diversificar su matriz productiva y reactivar la producción para el mercado interno. Más aún en un escenario como el actual, caracterizado por una demanda creciente de materias primas para mantener en funcionamiento a las economías industrializadas, es probable que el aumento de los precios y el mejoramiento relativo de los términos de intercambio, experimentado en las últimas décadas, se traduzca en una progresiva reprimarización de la economía.
En estas condiciones resulta ilusorio pensar que países como Ecuador abandonarán el neoextractivismo que actualmente impulsan. Lo más probable es que esta nueva estrategia resulte tan adictiva como lo ha sido el petróleo desde hace 40 años atrás. La “trampa de la especialización” como lo denomina la economía ecológica o la “maldición de la abundancia” en palabras de Alberto Acosta, poco han abonado en la diversificación de la matriz productiva o en un mayor dinamismo para fortalecer la producción orientada al mercado interno.
La historia de nuestros países ha demostrado que la dependencia de bienes primarios, una vez agotado el mercado del producto “estrella” –por la competencia del mismo producto proveniente de otros países, por la saturación de la demanda, por medidas proteccionistas o por la disminución de la productividad y de los volúmenes producción a raíz del deterioro de las condiciones de producción (como sucedió en Ecuador con el cacao o más recientemente con el camarón afectado por la denominada “mancha blanca”)-, en lugar de promover la diversificación económica, lo que hace es presionar por la explotación de un nuevo producto apetecido por los mercados internacionales y mantener la inserción subordinada de nuestros países a la economía mundial.

Quinta falacia. “Quienes se oponen a la minería no presentan opciones”.

El actual énfasis concedido a la minería y que, según sus promotores, luego permitiría transitar a una economía post-extractiva, desconoce o minimiza, finalmente, que las potencialidades del país no se circunscriben al sector extractivo; que existen alternativas que pueden desarrollarse hoy como la agricultura y dentro de este sector, ciertos nichos especializados como la agricultura orgánica que experimenta una demanda creciente; el turismo responsablemente gestionado; la propia industria, con énfasis en la incorporación de valor agregado a la producción primaria generada en el país y aún la realización de actividades mineras en un esfuerzo político consistente orientado a no atentar contra las bases de lo que podría ser una nueva economía, un modelo post-extractivo profundamente respetuoso de los derechos de la Naturaleza y el buen vivir de la población.
Este planteamiento contrariamente a bloquear el debate o negar toda forma de  extractivismo, se sustenta en la necesidad de estimular una discusión amplia, transparente y democrática respecto a las áreas que podría destinar un país para la realización de actividades mineras (dónde hacerlo), el tipo de asociaciones que deberíamos buscar (con quién hacerlo), los parámetros técnicos, ambientales y laborales que deberían caracterizar la ejecución de actividades extractivas (cómo hacerlo) y sobre todo, el destino de los procesos extractivos (para qué hacerlo), en la perspectiva de acordar no solo la distribución y el destino de la renta minera, sino también el sentido mismo de la explotación de minerales.
No deberían tener igual ponderación las actividades orientadas a la extracción de minerales que pueden redundar en el bienestar de los seres humanos, que aquellas cuya finalidad es alimentar a la industria armamentista o las que persiguen satisfacer los apetitos insaciables de la acumulación. El primer caso puede de justificar el daño a la naturaleza bajo determinadas condiciones; la extracción minera para propósitos armamentistas o para acumulación no pueden de ninguna manera socavar las bases para iniciar una transición hacia un “extractivismo indispensable” como lo proponen varios pensadores de la región (Gudynas 2009 y 2011, Escobar 2012).
Bibliografía consultada
  • Acosta, Alberto. La maldición de la abundancia. Swiss Aid, Comité Ecuménico de Proyectos. Abya Ayala. Quito, 2009.
  • Delgado R., Gian Carlo. Bienes comunes, metabolismo social y el futuro común de la humanidad: un análisis Norte-Sur. Fundación Rosa Luxemburgo. Documento temático de la conferencia sobre los bienes comunes en Roma. Roma, 2011.
  • Escobar, Arturo. ¿Transformaciones y/o transiciones? Post-extractivismo y pluriverso. En: América Latina en Movimiento. No. 473. Agencia Latinoamericana de Información –ALAI-. 2012. Pp.14-17
  • Gudynas, Eduardo. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En: Extractivismo, Política y Sociedad. Varios autores. Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES). Quito, 2009.
  • Gudynas, Eduardo. Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En: El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina. F. Wanderley, ed. Oxfam y CIDES UMSA. La Paz, 2011. pp.379- 410.
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Fuente: Ecuachaski: http://ecuachaski.blogspot.com/

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!