domingo, 23 de octubre de 2011

'A mí, ningún presidente me va a hacer bajar la cabeza'

Paúl CarrascoQuien es: prefecto del Azuay
Por: Ximena Pesántez
Redacción Cuenca

Paúl Carrasco, prefecto del Azuay, plantea que se declare la moratoria a los proyectos mineros de Quimsacocha y Río Blanco hasta que se presente un estudio técnico. Además, presentó en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 78, 142 y 144 de la Ley de Minería y del artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, para que sea el gobierno provincial el encargado de otorgar licencias ambientales.

¿Qué postura tiene como prefecto en torno al tema minero?Nosotros no somos ni antimineros, ni promineros, ni ecologistas, ni antiecologistas, nosotros hemos actuado con sentido común y hemos llegado a una conclusión: se tiene que saber qué tipo de minería se hace, ese es el concepto clave.

Si no es antiminero o prominero, ¿cómo se define?Como defensor de la vida y de los intereses de la ciudadanía.

¿Qué actividades ha realizado en relación a la minería?Les pedimos a las mineras International Mineral Corporation (IMC), que maneja el proyecto Río Blanco, y a Iamgold, encargada de Quimsacocha, que nos entreguen los procesos de acreditación ambiental y las evaluaciones de impacto ambiental; solo IMC nos contestó. En este marco, nos enteramos de que la empresa municipal Etapa tenía un informe en el que se que indica que la actividad minera, principalmente en Quimsacocha, implicaría un riesgo potencial de daño irreversible en la calidad y cantidad de agua para calidad de vida.

¿Quién les dio el informe?No puedo indicar porque, en ese momento, el informe no era público. Nosotros lo obtuvimos de manera extraoficial; luego, se hizo oficial por nuestra denuncia. Un informe de esa relevancia estuvo escondido

¿Las autoridades municipales indicaron que no se hizo público porque no era el definitivo?Esta es la sexta versión; entonces, ¿cuándo se iba a hacer oficial?, ¿cuando se firme los contratos? Frente a todo esto, resulta que, en el proceso de renovación de la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, la ministra del Ambiente nos quita esa competencia ambiental.

¿Por qué cree que no se les renovó?Durante el proceso de renovación, respondimos a todos los requerimientos del Ministerio, pero no existió la voluntad para entregarnos las competencias; nos amenazaron con que no debemos ingresar al sector minero porque son sectores estratégicos. Todo el tiempo existió el boicot del Ministerio

¿Por qué presentó la demanda de inconstitucionalidad a la Ley Minera y al Cootad?Porque necesitamos la facultad para actuar. No puede ser que cualquier persona entre en su casa y la desbarate, a cuenta que ahí hay recursos que van a servir para toda la comunidad, y el dueño de la casa no tiene la información de lo que van a hacer y de cómo quedará.

¿Qué plantea actualmente?Lo que queremos es un estudio independiente sobre la viabilidad y afección de los proyectos mineros. Por ahora, estamos planteando la moratoria; necesitamos profundizar nuestro análisis técnico para saber si tenemos que radicalizar nuestra posición.

El Consejo Cantonal presentó una manifiesto en el que se plantea trabajar sobre el tema minero con otras instancias, ¿usted se sumaría a la iniciativa?Lo que decían es que quieren establecer acciones con el Gobierno Nacional. Yo, con el Gobierno Nacional, ni a la esquina, no confiamos en ellos porque mienten.

¿Cómo entender su postura actual si usted llegó a la Prefectura en alianza con el partido de Gobierno?Llegué en alianza con el presidente Correa porque ellos me pidieron. Creo que fue uno de los errores, creía en un proyecto político de cambio. Hoy, me doy cuenta de que hay una propuesta basada en el extrativismo; existe un modelo totalitario de concentración del poder, no existe libertad de expresión, es decir, hay una persecución a quienes opinamos distinto. No puedo estar con un Gobierno así.

El alcalde de Cuenca, Paúl Granda, cuestionó su postura actual al indicar que, antes, apoyaba procesos mineros.Yo me manejo con la posición de los cuencanos valientes. A mí, ningún presidente me va a hacer retirar ningún manifiesto ni bajar la cabeza; aquí, se enfrentaron con alguien que primero muerto antes que bajar la cabeza. No voy a rogar por un centavo porque es obligación del Gobierno trabajar con los gobiernos locales; allá el señor alcalde.

¿Qué opina sobre la consulta minera realizada en Tarqui y Victoria del Portete?La consulta, jurídicamente, no tiene ningún valor, pero eso no implica que, en democracia, los ciudadanos se pronuncien.
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/a-mi-ningun-presidente-me-va-a-hacer-bajar-la-cabeza-509093.html

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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