viernes, 4 de mayo de 2012

Enérgica oposición a minería en Santa Isabel




Un grupo de más de 1.200 personas de 43 comunidades de este cantón ahuyentaron ayer a un grupo de funcionarios del Gobierno, entre ellos del Ministerio del Ambiente, que pretendían socializar en la parroquia Shaglli el proyecto minero Shyri, de la empresa canadiense Cornerstone.


Fecha de Publicación: 2012-05-04 00:00
“Esta vez  permitimos a los funcionarios que salgan con vida de nuestra comunidad,  la próxima no respondemos, vamos a defender la naturaleza hasta las últimas consecuencias y esperemos que este mensaje llegue al presidente Rafael Correa,  para que no siga dando concesiones mineras en nuestro territorio, estamos organizados y no permitiremos que se toque una sola roca”, dijo ayer uno de los habitantes que se reunieron en esta parroquia.

 Socialización 
De acuerdo a la información proporcionada por los representantes de Shaglli, ellos tenían conocimiento de que varias personas de las entidades públicas llegarían al sector para socializar el tema de la minería,  que se iba a cumplir en el centro parroquial, pero que quienes están en contra del proyecto, se organizaron y desde las 06:00 se reunieron para impedir el ingreso de los funcionarios al sector.

Los manifestantes se ubicaron a unos 500 metros del centro. Antes de que arriben los funcionarios llegó un grupo de 33 efectivos de la Policía para garantizar la seguridad, pero no pudieron detener a la gente.

Cuando varios funcionarios bajaron de los vehículos fueron perseguidos por más de dos kilómetros hasta que abandonen la parroquia. Los pobladores, armados con palos, se plantaron frente a los policías, quienes escoltaron a los funcionarios para que salgan del lugar mientras recibían golpes.

 Oposición
Abel Arpi, representante de la Asamblea de los Pueblos del Sur del País, manifestó que la gente está completamente opuesta al inicio de los trabajos de exploración en la zona,  que es parte de las 45.000 hectáreas concesionadas.

El dirigente agregó que los cerros concesionados son fuentes de agua para las comunidades de este sector y no permitirán la contaminación.

Entre los sectores opuestos están Cañaribamba, Guayara, Huasipamba, Salinas, San Alfonso, Torsapali, La Libertad, Saramalto, entre otras, que en total suman 43. A ellos se suman otros territorios de Girón, San Fernando y Cuenca, a quienes los habitantes de Shaglli piden unirse para defender la naturaleza y sus recursos.

Sectores defienden la agricultura y ganadería
La parroquia Shaglli al momento cuenta con 1.500 habitantes de los cuales el 90 por ciento están dedicados a la ganadería y agricultura, quienes reclaman respeto a su territorio y no confían en que la minería no provoque daños al medio ambiente, entre ellos la contaminación del agua para la gente de la zona.

Abel Arpi, representante de los protestantes, señaló que el Gobierno ha manifestado que el buen vivir está en la minería, pero la opinión de la gente es diferente, expresa que ese es el modelo capitalista, y que mientras se hable de eso se está dejando de lado el bienestar de la gente;  indica que ni siquiera han sido escuchados en sus  planteamientos respecto al tema.

“Somos nosotros los que damos de comer a las ciudades,  pues del campo van las verduras, la leche, el maíz y más productos, es por ello que el momento que nuestros territorios se contaminan, también van a contaminarán los productos y los pocos ingresos económicos de las familias del campo se acabarán” agregó Arpi.

Santa Isabel.

martes, 1 de mayo de 2012

La minería a gran escala y el modelo extractivista en Ecuador


Autor: Gabriel Siria
Rebelión

El gobierno del presidente Rafael Correa inauguró la megaminería en Ecuador. El lunes 5 de marzo firmó el primer contrato para explotación de minería metálica a gran escala en la historia del Ecuador. Lo hizo luego de llegar a un acuerdo con la compañía de capital chino ECSA, que explotará cobre en el proyecto Mirador a pesar de la oposición mayoritaria de la población del cantón El Pangui en la provincia de Zamora Chinchipe.
Para impulsar esta nueva etapa de la larga historia extractivista del país, el gobierno de la “revolución ciudadana” cuenta con el apoyo del capitalismo global chino del cual espera mucho.
El modelo extractivista
El extractivismo en general se refiere a la explotación de los recursos naturales para comercializarlos en el mercado mundial, en el Ecuador este modelo inicia desde la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo XX con la explotación del petróleo, en el país esta etapa sigue vigente y ahora con la minería a gran escala se ha profundizado aun mas a pesar de las los muchos discursos propugnando la salida de la “noche neoliberal”. El recuerdo más claro que nos queda de esta etapa es lo sucedido con la Texaco y la contaminación ambiental.
El petróleo no logró transformar la matriz económica nacional. Por el contrario, la sumió en la más abyecta dependencia. Desde que en 1972 se iniciara el boom y la promesa de desarrollo, han transitado por el poder más de 14 gobiernos diferentes, cada uno de aquellos gobiernos, militares, demócrata populares, social cristianos, social demócratas, conservadores, populistas, tecnocrático neoliberales y correista, han coincidido de manera casi exacta en el mismo discurso sobre el uso de los recursos naturales.
De hecho, el actual ministro de recursos naturales del gobierno de Correa tiene una larguísima trayectoria y experiencia petrolera, desde finales de los setenta y a lo largo de todo el periodo neoliberal. Ha sido director técnico del Instituto Nacional de Energía en 1978; subgerente de Planificación de la extinta CEPE (hoy Petroecuador) entre 1979-1980; asesor en el Congreso Nacional, en Petróleo y Minería, 1981-1983; asesor del contralor general el Estado en Contratación Petrolera y Comercialización externa, 1983-1984; coordinador general de la Unidad de Contratación Petrolera, 1984-1987. Y ahora el propulsor de la Megaminería en el Ecuador, ¿con las mismas personas que festinaron el petróleo podemos esperar algo distinto con la minería?
Proyectos mineros y represión...
El Ecuador tiene actualmente 4,1 millones de hectáreas concesionadas, es decir el 20% de la superficie total del país. Previamente se dio el rastreo de nuestros recursos, por ejemplo los mineros, durante la década del 80 a través del proyecto PRODEMINCA del Banco Mundial; institución que financió, mediante un préstamo de 120 millones de dólares, la realización de la Ley de Minería de 2002.
Durante el gobierno de Rafael Correa, continuando con las políticas neoliberales, se han impulsado proyectos mineros a gran escala ubicados, principalmente, en el sur y en el oriente del país. Esto sucede “a pesar” del Mandato Minero N° 6. Nunca fueron revertidas, como decía ese Mandato, las grandes concesiones mineras entregadas, especialmente, a empresas canadienses y al capital chino. Aun más, el gobierno genera tanta confianza a las multinacionales que, por ejemplo, la empresa ECSA traspasó el 96.9% del proyecto Mirador al capital chino en junio de 2010, a un costo total de 624,8 millones de dólares, con la seguridad de que este proyecto se realizará.
Para garantizar los proyectos mineros el gobierno ha debido perseguir a los dirigentes de las comunidades y de grupos sociales opuestos a estos planes extractivistas. Aplicando la legislación de las dictaduras militares, bajo las acusaciones de saboteadores y terroristas, se han destruido las organizaciones, se atemoriza a sus dirigentes, se neutraliza toda forma de organización social a través de sembrar miedo en la población. En el país, en general, existen más de 200 procesados por este gobierno, entre maestros, estudiantes, dirigentes comunitarios, trabajadores, periodistas, etc.
Esta legislación represiva aplicada fue emitida por las dictaduras para perseguir al “enemigo comunista” y ahora es aplicada a los dirigentes sociales, catalogándolos de terroristas o de saboteadores.
Políticas de represión similares ocurren en otros países. Por ejemplo Perú en zonas como Cajamarca o el Valle del Tambo, con varios muertos causados por las fuerzas militares. O en Chile, con el gobierno de la Concertación y el actual de Sebastián Piñera, con el vilipendio al pueblo mapuche y la militarización de sus territorios acusándoles igualmente de terroristas.
¡Un futuro de lucha!
La codicia por nuestros recursos naturales no cesa. El sistema capitalista con su producción anárquica de mercancías los busca a cambio de obtener grandes ganancias. El señor Presidente Rafael Correa ha dicho claramente que “durante este gobierno se explotarán todos los recursos naturales del país” y que nada ni nadie lo detendrá. ¿Cuáles son las garantías que dará el gobierno a las empresas, sino es reprimiendo a las comunidades afectadas?
¡Las comunidades campesinas, los estudiantes, los obreros, las organizaciones políticas de izquierda, no podemos quedarnos inmóviles ni pecar de ingenuidad ante la persecución a nuestros dirigentes y la militarización venidera!

viernes, 20 de abril de 2012

MINERÍA: Iglesia católica alerta de impactos ambientales y sociales por la minería en Ecuador


Iglesia alerta de impactos ambientales y sociales por la minería en Ecuador

VIERNES 20/04/12

“La minería no siempre ha mejorado sus condiciones de vida. Todo lo contrario, gran parte de la población tiende a empeorar su situación social, moral y económica”, alertó laConferencia Episcopal Ecuatoriana.

A pocos meses de que Ecuador inicie la explotación minera a escala industrial, los Obispos del Ecuador convocaron hoy a un diálogo nacional sobre este tema, al cual califican de “delicado, complejo y controvertido”, en documentos llamado ‘Cuidemos nuestro Planeta’.

“Por esta razón el gran desafío para los Gobiernos y las empresas mineras y petroleras sigue siendo la extracción de los metales de la tierra sin afectar negativamente la vida del ser humano y la de la naturaleza”, dijo el principal organismo de la Iglesia Católica.
En el documento precisaron que no se  trata de dar “un si o un no  rotundo y acrítico a la minería y a la explotación petrolera, sino de informarse amplia y detalladamente sobre sus beneficios, y perjuicios y, luego, tomar decisiones inteligentes, oportunas y valientes”, señalaron.

Convocaron a reflexionar sobre el cuidado de la salud y la vida del ser humano. “Podemos vivir sin oro, pero sin agua jamás”, agregó el comunicado.
También señalaron que seguirán acompañando a “las hermanas y hermanos que se ven afectados por los problemas sociales y por los peligros del petróleo y de la minería para su vida y su dignidad, mediante la formación de una conciencia ecológica”.
Estas reflexiones se recogen en el documento “Cuidemos nuestro planeta”, difundido hoy por la Conferencia y que reflexiona sobre las relaciones de los seres humanos y con la “madre naturaleza”.

En el documento anotan que la minería artesanal y la pequeña minería y la minería a gran escala se encuentran cerca de los ríos y lagunas, donde residen las comunidades con altos índice de pobreza y marginación. “La minería no siempre ha mejorado sus condiciones de vida. Todo lo contrario, gran parte de la población tiende a empeorar su situación social, moral y económica”, dice en el texto de cinco páginas firmado por los Obispos Antonio Arregui, presidente y Ángel Sánchez Loaiza, presidente y secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, respectivamente.   

“Los conflictos sociales, cada día, son más agudos y numerosos y se deben, algunos, por la criminalización de la resistencia de los pueblos, por la promulgación de leyes sin la consulta legislativa previa, por la inexistencia de consultas ambientales o la deficiencia de una consulta libre, informada y oportuna, entre otros”, agrega el documento.
Cuidemos nuestro Planeta
Los Obispos de la Iglesia Católica en Ecuador, movidos por nuestra misión pastoral de animar, acompañar y orientar al Pueblo de Dios desde el Evangelio, queremos contribuir a la reflexión sobre las relaciones de los seres humanos entre sí y con el resto de la creación; tarea en la que también están empeñadas varias instituciones y organizaciones civiles, sociales, educativas y religiosas, así como muchos hombres y mujeres de buena voluntad.
De una manera muy especial, nos proponemos ofrecer algunas orientaciones pastorales que permitan continuar con el diálogo sobre la minería en nuestro país, un tema tan delicado, complejo y controvertido.
Para una mejor claridad, indicaremos algunas realidades de nuestro planeta, una síntesis de la visión cristiana de la naturaleza y los compromisos que debemos asumir en el cuidado de la misma.

1. Realidad en la que Vivimos
El planeta tierra es la única “casa” (oikos) grande en donde habitamos más de siete mil millones de seres humanos. De su naturaleza tomamos, tanto los seres humanos como las plantas y los animales, lo necesario para poder vivir, como el alimento, el agua y el aire.
Las distintas culturas, a lo largo de la historia, han aprendido no sólo a convivir con la naturaleza, sino también a transformarla en medios para su subsistencia e instrumentos para su desarrollo humano, científico y técnico.
América Latina posee “una de las mayores biodiversidades del planeta y una rica socio diversidad, representada por sus pueblos y culturas. Estos poseen un gran acervo de conocimientos tradicionales sobre la utilización sostenible de los recursos naturales, así como sobre el valor medicinal de plantas y otros organismos vivos, muchos de los cuales forman la base de su economía”. (V Conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida 83)
En este proceso, sin embargo, no siempre se ha respetado la naturaleza. Muchas veces, de una manera violenta y hasta sistemática se la ha ido destruyendo, por intereses económicos, políticos o tecnológicos. Esta acción depredadora ha producido, en muchas regiones del Planeta, la desertificación, la contaminación irreversible del suelo, del agua y del aire, el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, el desplazamiento forzado de poblaciones, ignorando su forma de vida y sus derechos fundamentales. (Cfr. Aparecida 84-85.87. 473)
En este contexto socio-económico y cultural, la historia de la minería metálica (cobre, bronce, hierro, oro, plata…) y no metálica (arcilla, yeso, caliza…) es tan antigua como el ser humano. El uso de los minerales es una constante, basta observar los más diversos instrumentos o productos derivados de ellos que se usan en la vida cotidiana y en las actividades científicas y tecnológicas, tanto es así que hoy sería casi imposible vivir sin su ayuda.
La minería artesanal y la pequeña minería, promovidas por personas naturales, familias o asociaciones, y la minería a gran escala, impulsada y sostenida por los gobiernos y las empresas multinacionales respectivamente, en su mayoría, se encuentran en regiones naturales cerca de los ríos y lagunas, donde residen las comunidades indígenas y campesinas, las cuales presentan un alto índice de pobreza y marginación. Con la explotación indiscriminada del petróleo y la minería, no siempre han mejorado sus condiciones de vida; todo lo contrario, gran parte de la población tiende a empeorar su situación social, moral y económica.
Los conflictos sociales, cada día, son más agudos y numerosos. Muchos de ellos son causados por la insuficiencia o el incumplimiento de las leyes, por el irrespeto a los derechos colectivos, por la división estratégica implantada en las comunidades, por la criminalización de la resistencia de los pueblos, por la promulgación de leyes sin la consulta legislativa previa, por la inexistencia de consultas ambientales o la deficiencia de una consulta libre, informada y oportuna, por procedimientos forzados sin los estudios necesarios, por el desconocimiento de las competencias ambientales de los gobiernos locales, entre otros factores disociadores.

2. Visión Cristiana de la Naturaleza
La revelación nos presenta este mundo en el que vivimos como la obra de Dios. En él se manifiesta su sabiduría, bondad, belleza y poder (cfr. Aparecida 470). “Contemplar la belleza de la creación es un estímulo para reconocer el amor del Creador, ese amor que mueve el sol y las demás estrellas” (Benedicto XVI, Si quieres cultivar la paz, custodia la creación, 2). Dios “creó el universo como espacio para la vida y la convivencia de todos sus hijos e hijas y nos lo dejó como signo de su bondad y de su belleza. También la creación es manifestación del amor providente de Dios; nos ha sido entregada para que la cuidemos y la transformemos en fuente de vida digna para todos… Nuestra hermana la madre tierra es nuestra casa común y el lugar de la alianza de Dios con los seres humanos y con toda la creación”. (Aparecida 125)
Esta concepción teológica deja sin fundamento a la idea de que el universo es sólo un objeto de estudio, una mercancía de compra o venta o un espacio sacralizado e intocable.
Desde esta perspectiva, miramos con honda preocupación cómo la creación es tratada como un objeto de comercio o un botín de guerra. De esta realidad nos dan cuenta las innumerables luchas fratricidas que se producen, con el fin de apropiarse los territorios que encierran grandes riquezas mineras o agrícolas y explotarlos de una manera irresponsable y egoísta.
Con esta actitud se pone en peligro tanto la naturaleza como el presente y el futuro del ser humano y la convivencia pacífica de los pueblos. Pablo VI señalaba que “debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, [el hombre] corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación” (Benedicto XVI, Si quieres cultivar la paz, custodia la creación, 3).
Juan Pablo II, en su mensaje de la Jornada mundial de la paz, en 1990, decía: “En nuestros días aumenta cada vez más la convicción de que la paz mundial está amenazada, también… por la falta del debido respeto a la naturaleza”. El Papa Benedicto XVI, igualmente, afirma: “… aunque es cierto que, a causa de la crueldad del hombre con el hombre, hay muchas amenazas a la paz y al auténtico desarrollo humano integral…, no son menos preocupantes los peligros causados por el descuido, e incluso por el abuso que se hace de la tierra y de los bienes naturales que Dios nos ha dado” (Benedicto XVI, Si quieres cultivar la paz, custodia la creación, 1. 3).
El Beato Juan Pablo II, en 1990, habló de «crisis ecológica». Una crisis que tiene un carácter predominantemente ético y que, por lo mismo, hace necesario un nuevo orden nacional e internacional para hacerla frente. Este llamamiento sigue siendo apremiante. El Papa Benedicto XVI se pregunta: “¿Cómo permanecer indiferentes ante los problemas que se derivan de fenómenos como el cambio climático, la desertificación, el deterioro y la pérdida de productividad de amplias zonas agrícolas, la contaminación de los ríos y de las capas acuíferas, la pérdida de la biodiversidad, el aumento de sucesos naturales extremos, la deforestación de las áreas ecuatoriales y tropicales?... ¿Cómo no reaccionar ante los conflictos actuales, y ante otros potenciales, relacionados con el acceso a los recursos naturales?” (Benedicto XVI, ibídem, 4). Los Obispos de Latinoamérica y el Caribe, en consonancia con el pensamiento anterior, también afirman: “desatender las mutuas relaciones y el equilibrio que Dios mismo estableció entre las realidades creadas, es una ofensa al Creador, un atentado contra la biodiversidad y, en definitiva, contra la vida”. (Aparecida, 125)
De la constatación de estos hechos dolorosos surge la necesidad ineludible de proteger la naturaleza de toda forma de abuso y contaminación doméstica o industrial que se dan en todos los campos, especialmente en donde se llevan a cabo las explotaciones del petróleo y de la minería metálica.

3. Compromiso Cristiano
Nuestro compromiso cristiano brota desde la práctica de Jesús (cfr. Mt 6, 24-34) quien, “ante la naturaleza amenazada… nos convoca a cuidar la tierra para que brinde abrigo y sustento a todos los hombres” (Aparecida 113). Igualmente, “el discípulo misionero, a quien Dios le encargó la creación, debe contemplarla, cuidarla y utilizarla, respetando siempre el orden que le dio el Creador”. (Aparecida, 125)
A la luz de estas exigencias, la Iglesia Católica (comunidad y pastores), tiene una responsabilidad ética, espiritual y pastoral que nos lleva a considerar la vida humana como el valor supremo y, concomitantemente, a buscar nuevos modelos económicos, sociales y culturales. De hecho, la moral y la espiritualidad cristiana ponen la vida del ser humano y su dignidad, tanto en su dimensión personal como social, en el centro de los proyectos sociales y ecológicos.
Un modelo económico que se base en la dignidad de la persona, en la justicia y en la solidaridad de los seres humanos entre sí y con la naturaleza. Un modelo productivo, innovador e integral que esté al servicio del desarrollo humano en todas sus dimensiones; y que distribuya, de una manera equitativa, los bienes entre todos los habitantes de la “madre tierra”.
Un nuevo sistema social y cultural que privilegie las relaciones fraternas, en un marco de reconocimiento y valoración de las diversas culturas y de los ecosistemas, capaz de oponerse a toda forma de discriminación y dominación entre los seres humanos.
La construcción del sumak kawsay o buen vivir, planteada por nuestra Constitución, y que la entendemos mejor desde el Evangelio, debemos enfocarla desde un real desvelo por crear las mejores condiciones de vida materiales y espirituales para que todas las personas y sociedades intermedias puedan gozar de sus derechos personales y cumplir sus deberes. Sin una política específica de Estado en este campo, se corre el riesgo de que las economías de los grandes consorcios terminen por imponerse como la única forma del dinamismo económico.
A la luz de estas consideraciones, queremos exhortar, de la manera más cordial y fraterna, a las instituciones públicas y privadas, a los peritos y a los técnicos:
— Que respeten la vida y la salud de las comunidades, especialmente de los sectores más vulnerables (niños y adultos mayores), como también la de los trabajadores de las minas.
— Que, tanto en las concesiones como en las fases de exploración y explotación del petróleo y las minas, se ciñan a los procesos legales y técnicos establecidos, como la consulta previa a las comunidades, prevista en la Constitución.
— Que busquen las medidas apropiadas de protección del ecosistema, a partir de los estudios sobre el impacto humano y ambiental y de acuerdo con los requisitos exigidos por el Estado, sin dejarse condicionar por las empresas petroleras y mineras (cfr. Ley de Minería, Art. 78. 84).
— Que informen a la ciudadanía, de una manera clara, sencilla y completa, tanto los beneficios como los perjuicios económicos, sociales y ambientales de la minería, libres de toda presión económica o política, sino únicamente buscando el bienestar de las comunidades cercanas a las minas y de toda la nación.
— Que busquen los modos concretos para contrarrestar los impactos negativos de la explotación petrolera y minera, tales como el deterioro de la salud, el aumento de enfermedades y las afecciones a la flora y la fauna, producidas por los metales pesados, como el arsénico, el plomo, el mercurio…, que se encuentran en el agua y en el aire contaminados.
— Que señalen los modos efectivos para prevenir o afrontar los problemas sociales que, por lo general, se originan en torno a las minas, como la violencia, el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución.
— Que tengan en cuenta las experiencias mineras a gran escala de otros países, como Chile, Perú, Costa Rica y Guatemala, con el fin de evitar los grandes errores y tomar sus aciertos, especialmente en lo que se refiere a la prevención de riesgos y al cumplimiento de las exigencias asumidas por las empresas mineras con el Estado, los trabajadores y las comunidades.

Conclusiones
Si bien toda actividad doméstica, artesanal e industrial, de una u otra manera, es contaminante, es indudable que en la minería y en la explotación del petróleo existen mayores riesgos de ser afectados por estas intervenciones, por lo cual las medidas preventivas tienen que ser de máxima seguridad. Por esta razón, el gran desafío para los gobiernos y las empresas mineras y petroleras sigue siendo la extracción de los metales de la tierra sin afectar negativamente la vida del ser humano y de la naturaleza.
El compromiso de cuidar nuestro planeta Tierra nos invita a buscar todos los medios posibles para mitigar los impactos sociales y ambientales de la contaminación de toda actividad humana y, particularmente, de las explotaciones petroleras y mineras, si se realizan sin cumplir con los debidos requisitos legales y técnicos, situación que casi siempre desemboca en tensiones y conflictos sociales.
No se trata entonces de decir un SI o un NO rotundo y acrítico a la minería y a la explotación petrolera, sino de informarse amplia y detalladamente sobre sus beneficios y perjuicios y, luego, tomar decisiones inteligentes, oportunas y valientes, teniendo presente que la vida y la salud de los seres humanos y el equilibrio del medio ambiente son más importantes que todos los metales. Uno de los bienes más preciosos que debemos cuidar, por ejemplo, son las fuentes hídricas; pues, podemos vivir sin oro, pero sin agua, jamás.
Como pastores de la Iglesia Católica, Madre y Maestra de todos los hijos de Dios, queremos ratificar nuestro compromiso de seguir acompañando a las hermanas y hermanos que se ven afectados por los problemas sociales y por los peligros del petróleo y de la minería para su vida y su dignidad, mediante la formación de una conciencia ecológica.
Asumimos, igualmente, la responsabilidad de ofrecer orientaciones éticas claras, planteamientos razonables y la asistencia espiritual, de tal manera que la explotación de los ricos y numerosos recursos naturales que posee nuestro país redunden en un positivo beneficio y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y pueblos y del medio ambiente donde vivimos.

Quito, 20 de abril de 2012

+ Antonio Arregui Yarza + Ángel Sánchez Loaiza
Arzobispo de Guayaquil Obispo de Guaranda
Presidente de la Conferencia Secretario General de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana Episcopal Ecuatoriana

jueves, 29 de marzo de 2012

CONTRATO CONFIRMA QUE ACCIONISTAS DE ECUACORRIENTE SON DE ISLAS CAYMAN


Quito, 28 de marzo de 2012
BOLETÍN DE PRENSA
CONTRATO CONFIRMA QUE ACCIONISTAS DE ECUACORRIENTE SON DE ISLAS CAYMAN
Contrato es nulo sostiene asambleísta Cléver Jiménez
El asambleísta de Pachakutik, por la provincia de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, ratificó su acusación de que el contrato suscrito con la compañía china Ecuacorriente (CRCC Tongguan) es nulo, por cuanto la autorización para la firma del mismo, fue suscrita por la junta de accionistas de las compañías: CORRIENTE CAYMANS COPPER MINING COMPANY Y CORRIENTE CAYMANS TRANSPORT COMPANY, domiciliadas en las islas Gran Cayman, uno de los paraísos fiscales.
Si, como asegura Ecuacorriente, la empresa cambió de accionistas y de domicilio de sus accionistas a Canadá, días antes de la firma del contrato (enero del año 2012), eso quiere decir que las empresas de las Islas Cayman dejaron de existir como propietarias de Ecuacorriente SA, y por ende la autorización para la firma del contrato, emitida en febrero de 2011, perdió toda validez jurídica. Al no existir la autorización de los nuevos accionistas para la firma del contrato, la empresa suscriptora del contrato no existe, y al no existir la empresa no existe contrato, expresó el legislador de Zamora.
En la página 2 del contrato, en la cláusula COMPARECIENTES, se establece que comparece a la firma del contrato, “… la compañía ECUACORRIENTE SA, representada por el señor Li Dongqing, en su calidad de Apoderado General, de conformidad con el poder general que se adjunta como habilitante, y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas mediante acta de fecha dieciocho de febrero de dos mil once…”
Efectivamente, entre los documentos habilitantes, consta el (C) “Acta del órgano competente del Concesionario Minero, que autoriza al compareciente, la celebración del contrato”, suscrita por las compañías de las Islas Cayman. El documento habilitante de la Superintendencia de compañías constante en el Contrato, no hace referencia al cambio de domicilio, ni al registro de nuevos accionistas.
Por esta razón, el asambleísta zamorano, formalizará en las próximas horas una acción penal, en contra del ministro Wilson Pastor y demás implicados en la firma del contrato, amparado en lo que establece el Art. 257.4 del Código Penal, que prohíbe a los funcionarios públicos, utilizar sus cargos para favorecer a terceras personas, suscribiendo contratos, en contra de disposiciones expresas y en perjuicio del  Estado.
Al firmar el referido contrato, el economista Pastor, vulneró además el Decreto Ejecutivo 1793, de 20 de mayo de 2009, el cual prohíbe contratar con empresas cuyos accionistas estén domiciliados en paraísos fiscales.
Otra de las acciones, será la formalización de un juicio político al Ministro de Recursos Naturales No Renovables, a través de la Bancada Plurinacional de Izquierda, por haber suscrito el contrato violando la Ley de Minería, en especial lo establecido en los Arts. 27 y 37, que, previo a la suscripción del contrato, se debe cumplir con todos los procesos, en particular la valoración de los yacimientos, situación que no se ha cumplido en el caso del proyecto Mirador, lo cual implica que se autorizó la explotación y se establecieron participaciones sin contar con información precisa respecto a los volúmenes de reservas probadas de minerales existentes en la Cordillera del Cóndor.
Constituye un grave desacato al Mandato Constituyente No.6, el no haber dispuesto de reversión de las concesiones mineras de Ecsa-Ecuacorriente, como sostiene la Contraloría General del Estado, en su informe provisional de febrero de 2012, por cuanto las referidas concesiones se encuentran junto a importantes fuentes de agua y en zonas protegidas. Además de que violenta el Mandato, al superar el límite de tres concesiones adjudicadas a esa fecha a favor de la transnacional. Jiménez recordó que uno de los implicados en este desacato, fue el ex Ministro de Minas y Petróleos, actual Fiscal, Galo Chiriboga.
Otro recurso será acudir ante el Procurador General del Estado, para pedirle que excite al Ministro de Recursos Naturales, el inicio de un proceso de nulidad del contrato, por todas las razones expuestas y que constituyen argumentos suficientes para impedir que se vulnere la soberanía jurídica, se cometa un grave perjuicio económico, y una irreparable afectación a la naturaleza, concluyó el asambleísta.
Responsable de Prensa.-

lunes, 26 de marzo de 2012

Indígenas volvieron a demostrar su capacidad para la movilización

Aunque el Gobierno insiste en calificar como un “fracaso” la marcha indígena que recorrió en quince días ocho provincias del país (salió de El Pangui, en Zamora Chinchipe, el pasado 8 de marzo y llegó a Quito el 22), esa movilización configuró un nuevo escenario político dominado por el presidente Rafael Correa en los últimos 5 años. Esa es la lectura de analistas consultados por este Diario.
QUITO. La marcha indígena contra la minería recorrió ocho provincias del país antes de llegar a la capital el pasado jueves.  QUITO. Miles de indígenas entraron por el sur de la capital el jueves pasado y se desplazaron por varias calles hasta concentrarse en el parque El Arbolito. 
Al día siguiente del arribo de la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad a la capital, el jefe de Estado insistió en que frente a los 70 mil seguidores del movimiento Alianza PAIS que, asegura, llegaron a apoyarlo, los siete mil que –según sus cálculos– llegaron a la marcha indígena constituían un “fracaso”.

El politólogo Francisco Rhon no comparte esa opinión. Cree que más allá del número de participantes que tuvo la protesta indígena, lo que queda de fondo es un referente para futuras movilizaciones de mayor aliento y con propuestas claras como el tema minero, el respeto a la naturaleza y los derechos fundamentales del ser humano.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Humberto Cholango, afirma que, precisamente, ese fue uno de los objetivos cumplidos de la marcha. “Lo primero era posicionar el tema minero en el debate político nacional y eso se ha logrado porque se ha generado conciencia en la gente de que la minería a gran escala es perjudicial”, explica.
QUITO. El paso de la marcha de indígenas, entre ellos el líder de la Conaie, Humberto Cholango, a la Asamblea fue bloqueado. 
Para el director del Centro Ecuatoriano del Desarrollo de la Comunidad, Vladimir Serrano, la movilización deja un segundo escenario en el que las marchas se podrían convertir en una forma de expresión política que contrarresten el dominio de tarimas y micrófonos que ha tenido el presidente Correa durante su gobierno.

Sierra manifiesta que si bien con la marcha se puede ver ahora una cara más visible y organizada de la oposición, por el momento no cree que esto sea suficiente para pensar en candidaturas presidenciales fuertes que hagan tambalear una eventual reelección de Correa.

Sin embargo, opina que si el régimen hace un análisis objetivo de este evento “podría llegar a la conclusión de que el jueves le tocó compartir la escena por primera vez, que hay ecuatorianos que están del otro lado y el dominio ya no es total”.

Para el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, quien fue uno de los impulsores de la marcha, otro de los objetivos de aquella fue justamente visibilizar a los ecuatorianos que están en la otra orilla. “Sabemos que hay mucha gente que estaba temerosa de expresarse y lo que hicimos fue dar ese impulso para que pierdan el miedo y exterioricen su inconformidad”, señala.

Sobre la estrategia usada para conseguir adhesiones durante la movilización, los dirigentes indígenas prefieren no ahondar, pero afirman que el Gobierno, sin ellos tener previsto, se convirtió en un “aliado” que dio realce a su causa.

Según el presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, el hecho de que “pese a toda la campaña sucia y racista emprendida por el régimen contra la marcha no se haya caído en las provocaciones, hizo que la ciudadanía se dé cuenta de que veníamos en paz y sin planes desestabilizadores”.

Tanto Rhon como Serrano opinan que este quizás fue el punto más relevante de la protesta en que, a diferencia de otras ocasiones, en las que los indígenas preferían cerrar vías y enfrentarse contra sus opositores, esta vez se movilizaron con una propuesta de diálogo.

“Hay (dentro del movimiento indígena) una actualización de la coyuntura, se han generado mejores espacios de lectura del momento político y de las formas de actuar, y creo que los dirigentes interpretaron bien ese momento”, dice Serrano.

Mientras que Rhon cree que, más allá de los intentos del Gobierno por minimizar la protesta, los dirigentes, pero sobre todo el movimiento indígena, salieron fortalecidos porque demostraron que mantienen la capacidad de movilización.

“Pero, además, tiene un simbolismo muy fuerte porque lograron convocar a su alrededor y por convicción a estudiantes, médicos, activistas, trabajadores, algo que no se veía hace varios años”, destaca Rhon.

Desde el oficialismo, la asambleísta Gina Godoy reitera que la movilización de los grupos sociales fue un “fracaso”, considerando que no lograron desestabilizar al Gobierno. Agrega que muchos de sus participantes se movieron por desinformación, ya que la mayoría de pedidos que llevaron a la Asamblea ya están en proceso.

Razones: De la marcha
Pedidos
La dirigencia indígena presentó al régimen un pliego de 19 peticiones; entre ellas constan la suspensión de los contratos para desarrollar minería a gran escala (como el de Ecuacorriente), la garantía de la intangibilidad del Parque Nacional Yasuní, la derogatoria de la Ley Minera por ser inconstitucional, la aprobación urgente de la Ley de Aguas y de Tierras.

Criminalización
Al fiscal Galo Chiriboga le pidieron que se deje de criminalizar la protesta social.
http://www.eluniverso.com/2012/03/25/1/1355/indigenas-volvieron-demostrar-capacidad-movilizacion.html

sábado, 24 de marzo de 2012

Minería, agua y tierras enfrentan a Correa e indígenas en Ecuador


La disputa entre el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y la dirigencia de la mayor organización indígena del país llega a un punto crítico este jueves.
Mientras la marcha aborigen que recorre Ecuador desde el pasado 8 de marzo hace su ingreso a Quito, partidarios del mandatario se concentran a las afueras del Palacio de Gobierno con el fin de respaldar al Ejecutivo.
Manifestantes indígenas en Ecuador. 
El gobierno insiste en que detrás de la marcha indígena se esconden supuestos "intereses golpistas" de grupos cercanos a la dirigencia aborigen.
Pero también dejó abierta la posibilidad de entablar el diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), organizadora de la protesta.
La dirigencia indígena, por su lado, ha reiterado que su movilización es pacífica, que no tiene afanes desestabilizadores y que sólo busca que el gobierno y la Asamblea Nacional escuchen sus demandas.
La controversia tiene como principales temas la política gubernamental de minería a gran escala y la demanda indígena de leyes que garanticen su acceso al agua y la redistribución de la tierra.

Ley de Aguas y Ley de Tierras


Desde septiembre de 2009, cuando se produjo una protesta indígena de varios días por la Ley de Aguas, la aprobación de dicha normativa legal ha sido una tarea pendiente.


El gobierno de Rafael Correa denunció presuntos "intereses golpistas" detrás de la marcha.

El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Fernando Cordero, dijo días atrás que la ley podría aprobarse a fines de julio, toda vez que en mayo próximo se realizaría la consulta prelegislativa que dispone la constitución ecuatoriana para el trámite de normas que puedan afectar los derechos colectivos.

La asambleísta de Pachakutik, brazo político de la CONAIE, Diana Atamaint, le dijo a BBC Mundo que tal consulta prelegislativa debe conducir a "una ley que garantice el acceso al agua como derecho humano y elimine toda forma de privatización de este recurso".

Para el presidente Correa, no obstante, la aprobación de la Ley de Aguas no se dio en su momento porque un sector de la dirigencia indígena "pretendía manejar el agua y mientras yo sea presidente no lo voy a permitir, porque eso no es democrático".

"El agua, patrimonio de todos los ecuatorianos y no solo de ciertos grupos indígenas, tiene que ser manejada institucionalmente y con legitimidad democrática, es decir, por parte del Estado y de un gobierno que ha ganado elecciones", señaló Correa.

La dirigencia indígena también demanda una ley que redistribuya las tierras en Ecuador.

Uno de los puntos de discusión en este asunto es el establecimiento de límites al número de hectáreas que pueden quedar en manos privadas en las diversas regiones del país.

En tal sentido, la CONAIE le entregará a la Asamblea Nacional una propuesta de Ley de Tierras, tal como lo hicieron, esta semana, grupos campesinos cercanos al gobierno.

Minería, el punto de mayor conflicto

Pero el tema de mayor conflictividad entre el ejecutivo y la dirigencia de la CONAIE es el de la minería a gran escala.



"La marcha indígena representa un poderoso llamado de atención, tanto al gobierno como a las empresas mineras, en el sentido de que cualquier suscripción de acuerdos debe, de una u otra manera, considerar los puntos de vista de las poblaciones afectadas por la minería."


Manuel Chiriboga, analista económico ecuatoriano

El presidente Correa ha firmado un contrato con la empresa china Ecuacorriente para la extracción de cobre en Zamora Chinchipe, justamente la provincia en sureste de Ecuador, desde donde el 8 de marzo pasado salió la marcha indígena rumbo a Quito.

Y el gobierno se apresta a suscribir otros megaproyectos mineros con empresas internacionales.

Los dirigentes de la CONAIE mantienen su preocupación porque las actividades extractivas contaminen ríos y demandan que se cumpla el texto constitucional que dispone a las autoridades el efectuar procesos de consulta en las comunidades donde se encuentran asentados los proyectos mineros.

"Consulta quiere decir llegar a acuerdos, no la imposición de criterios del ejecutivo", dijo la asambleísta Atamaint frente a los pronunciamientos del gobierno de que sí se han llevado consultas con las comunidades en materia minera.

Para el analista económico Manuel Chiriboga la marcha indígena representa "un poderoso llamado de atención tanto al gobierno como a las empresas mineras en el sentido de que cualquier suscripción de acuerdos debe, de una u otra manera, considerar los puntos de vista de las poblaciones afectadas por la minería".

Chiriboga le dijo a BBC Mundo que será necesaria la aprobación de una ley que regule las consultas a las comunidades afectadas por las actividades mineras, así como el establecimiento de una "gran discusión nacional" sobre minería en Ecuador.

¿Es posible el diálogo?

En este contexto, en las últimas horas, tanto la dirigencia de la CONAIE como el gobierno han mostrado señales de cierta apertura al diálogo.

En pasadas movilizaciones aborígenes, producidas en éste y en anteriores gobiernos, el desenlace de las protestas ha sido la instalación de mesas de diálogo, las cuales, sin embargo, generalmente no han prosperado en el tiempo.

"Somos partícipes de un diálogo frontal y abierto, pero con resultados, no como un diálogo de sordos", señaló la asambleísta Atamaint.

El legislador indígena oficialista Pedro De la Cruz, sin embargo, dijo a BBC Mundo que las demandas de la CONAIE deben verse en el contexto de un movimiento indígena que se mantiene fraccionado en Ecuador.

De la Cruz enfatizó en que la marcha impulsada por la CONAIE tiene "tintes político electorales", a la vez que dijo que, este jueves, saldrá a defender "el proyecto de la Revolución Ciudadana".

Así, la marcha indígena y la contramarcha oficialista se producirán este 22 de marzo, en Quito, en medio de críticas de ambos lados.

Queda por verse si se concretará, finalmente, el diálogo.

jueves, 22 de marzo de 2012


El embajador chino en Quito se compromete a hacer los máximos esfuerzos para minimizar el impacto ambiental de los proyectos de la empresa asiática Ecuacorriente.

21 de Marzo de 2012.- En medio de la disputa que mantienen el presidente Rafael Correa y la mayor organización indígena ecuatoriana por la minería a gran escala, la inversión minera china se encuentra bajo la lupa en Ecuador. Mientras sectores políticos efectúan un análisis minucioso del contrato multimillonario suscrito a inicios de este mes por la empresa china Ecuacorriente para desarrollar el primer megaproyecto minero en suelo ecuatoriano, grupos indígenas y sociales han expresado su rechazo a dicho acuerdo legal. La discusión acabará definiendo la relación de Ecuador con su minería y con su principal cliente.

La mayor preocupación tiene que ver con los efectos ambientales de la extracción de cobre en una mina a cielo abierto, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. El gobierno ecuatoriano ha insistido en que toda actividad minera en el país será realizada con responsabilidad social y ambiental, y la misma respuesta ha llegado de parte de las autoridades chinas.

En entrevista con El País, el embajador chino en Quito, Yuan Guisen, dijo que su gobierno ha “urgido” a todas sus empresas en el exterior a “dar muy alta importancia a la protección del ambiente en las comunidades locales” y en ello se inscribe la inversión minera china en territorio ecuatoriano. “Las empresas chinas harán sus máximos esfuerzos por minimizar los impactos negativos de sus actividades mineras sobre el ambiente”, dijo el diplomático.

Pero para la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) persiste el temor de que las actividades mineras contaminen ríos y desplacen comunidades. La organización indígena comenzó a marchar el 8 de marzo hacia Quito en rechazo a la minería a gran escala y “en defensa del agua y la tierra”. Entre las demandas de la movilización se incluye la exigencia de nulidad del contrato con Ecuacorriente, suscrito el pasado 5 de marzo.

El pedido indígena se suma a la protesta que efectuaron organizaciones ambientalistas ante la Embajada de China en Quito. A las afueras de la sede, activistas mostraron una pancarta que decía: “Fuera empresas chinas del Ecuador”. Los ecologistas entregaron una carta a la Embajada en la que rechazan la firma del contrato con Ecuacorriente, afirmando que el desarrollo del proyecto minero “afectará para siempre territorios de los pueblos indígenas y a la naturaleza”.

Según las autoridades ecuatorianas, la explotación a cargo de Ecuacorriente dejaría al Estado ecuatoriano US$5.400 millones. Correa ha señalado que si bien la explotación minera a cielo abierto “tiene más impacto ambiental”, se aplicará toda la tecnología necesaria para minimizar los efectos de la actividad extractora. Además, el mandatario ha enfatizado que los contratos mineros diseñados por su gobierno “seguramente son los más exigentes del mundo” y disponen de suficientes garantías ambientales.

Para el embajador chino en Ecuador las exigencias de diversos sectores en torno a la minería a gran escala no están dirigidas particularmente en contra de China, sino que “parten de una preocupación por la protección del ambiente”. “La sociedad ecuatoriana mantiene una actitud abierta e incluyente frente a la cooperación que viene desde el exterior”, manifestó el diplomático.

Guisen aprecia la expresión de Correa de que Ecuador no puede ser “un mendigo sentado en sacos de oro”, al señalar que la inversión china en minería será muy importante para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos de los dos países. “Innegablemente, el avance de la explotación de minas en Ecuador también reviste significados positivos para China. La economía china se está desarrollando en forma incesante, lo cual exige el suministro de materias primas, incluido el cobre”, afirmó.

La presencia de China en la economía ecuatoriana es cada vez mayor y se expresa a través de inversiones en petróleo, minería, obras hidroeléctricas, entre otros proyectos, así como por medio de diversas líneas de financiamiento otorgadas por la banca china en los últimos años. A decir del embajador Guisen, la inversión de su país en Ecuador llega a alrededor de US$7.000 millones.

En este contexto, para el analista económico Walter Spurrier, la inversión china en minería afianza una “gran dependencia” económica de Ecuador con el país asiático. China, resalta el experto, no sólo busca rentabilidad en la actividad de sus empresas, también el acceso a recursos naturales, como el petróleo y el cobre, importantes para su desarrollo. Y en materia minera, si bien el gobierno ecuatoriano también espera concretar acuerdos con empresas canadienses y de otros países occidentales, no sólo chinas, a decir de Spurrier el contrato firmado con Ecuacorriente y las discusiones alrededor del mismo pueden marcar el rumbo para futuras negociaciones en este sector de la economía en Ecuador (El Espectador).
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=16772&fecha=03

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!