Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales. Sobre todo parecen estar condenados al subdesarrollo aquellos países que disponen de una sustancial dotación de uno o unos pocos productos primarios. Una situación que resulta aún más compleja para aquellas economías dependientes para su financiamiento fundamentalmente de petróleo y minerales.
Estos países, entre los que se cuenta Ecuador, estarían atrapados en la lógica perversa de la maldición de la abundancia”1. ¿Será que son países pobres, porque son ricos en recursos naturales?, pregunta invitando al debate Jürgen Schuldt [1].
ECUADOR EN LA TRAMPA PETROLERA
En los años setenta del siglo XX, como pocas veces en su historia, el Ecuador entró de lleno en el mercado mundial. No porque se hubiera producido un cambio cualitativo en su condición de país exportador de materias primas (banano, cacao, café, etc.) sino más bien por el volumen de sus exportaciones petroleras, que superó largamente los niveles de los anteriores productos primarios que caracterizaron a la economía ecuatoriana. La explotación de crudo constituyó el revitalizador de la economía, otorgándole a Ecuador la imagen de “nuevo rico”.
Entonces el país se volvió atractivo para los bancos extranjeros. Antes, la economía ecuatoriana había tenido una importancia relativamente marginal para los capitales foráneos. Así las cosas, el Ecuador petrolero consiguió los créditos que no había recibido el Ecuador bananero y mucho menos el cacaotero. Pero la riqueza petrolera no fue el único detonante de la carrera de endeudamiento externo. Hay que destacar que el masivo flujo de recursos financieros hacia los países subdesarrollados en los años setenta del siglo XX se debió, sobre todo, a la existencia de importantes volúmenes de recursos financieros en el mercado mundial.
Esta situación de abundancia relativa de recursos financieros permitió un manejo político de cierta tolerancia en medio de un régimen dictatorial. El petróleo facilitó la postergación de algunos conflictos estructurales. El Ecuador mantuvo el carácter de una economía extractivista [2]. Tampoco se transformó la estructura de la propiedad, caracterizada por niveles de elevada concentración. Esta bonanza motivada por el petróleo, que apareció en forma masiva y relativamente inesperada, se acumuló sobre las mismas estructuras anteriores y reprodujo, a una escala mayor, gran parte de las antiguas tensiones. Así, en poco tiempo se cristalizó en “el mito del desarrollo” [3].
Mientras duró el auge petrolero, el estado se constituyó, por primera vez, en el actor principal del manejo de la economía. El estado “petrolero” (más allá de las intenciones reformistas de la dictadura militar) fue, una vez más, expresión del poder de los grupos dominantes.
Hay que mencionar, también, las distorsiones provocadas por una mal entendida y peor aplicada estrategia de industrialización vía sustitución de importaciones, cuya aplicación (errada e incluso incompleta) terminó por consolidar las prácticas rentistas de amplios segmentos empresariales.
Más tarde, cuando menguó la bonanza petrolera, empezó la larga crisis de la deuda externa. Y desde entonces, empezó una marcha de ajustes y desajustes interminables. El petróleo, que en un momento dado fue la palanca para impulsar algunos procesos de industrialización, a pesar de la caída de su cotización, se transformó en una herramienta fundamental para tratar de pagar la enorme deuda externa acumulada en la época de la bonanza petrolera.
Posteriormente, con una nueva caída de los precios del petróleo y como consecuencia de otros factores exógenos y endógenos, Ecuador concluyó el siglo XX con una de las mayores crisis de su historia. Entonces, incluso como consecuencia de la imposición irresponsable de la dolarización en el año 2000, se inició un proceso sostenido de emigración, cuya magnitud y velocidad no tienen precedentes. En el ámbito político las cosas no anduvieron mejor. Tres presidentes fueron derrocados por la presión popular, ante el fracaso de su gestión.
Para sostener la dolarización, el petróleo se consolidó como la fuente de divisas que ha permitido paliar las tensiones que provoca un déficit comercial crónico en la cuenta de exportaciones e importaciones no petroleras.
NEO-EXTRACTIVISMO, VERSIÓN CONTEMPORÁNEA DEL EXTRACTIVISMO
Desde inicios del 2007 se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio. Las políticas económicas del gobierno del presidente Rafael Correa, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Sin embargo, este empeño no afecta para nada la esencia extractivista de la modalidad de acumulación imperante desde la colonia.
Con los ingresos provenientes de la actividad extractivista, sobre todo a través de los altos precios del petróleo, el gobierno atiende muchas de las largamente postergadas demandas sociales. Para obtener aún más recursos, este gobierno de la “revolución ciudadana” amplía la frontera petrolera y abre la puerta a la minería metálica a gran escala, al tiempo que ha reiniciado un proceso acelerado de endeudamiento externo proveniente especialmente de China (país que aparece también como uno de los mayores interesados en los yacimientos petroleros y mineros del Ecuador, así como en construir las principales obras de infraestructura energética).
Cabe destacar algunos avances con relación al extractivismo anterior, sobre todo por el lado del interés nacional; esta constatación, sin embargo, no puede ocultar algunas aberraciones y contradicciones profundas en el mismo ámbito petrolero [4]. Entre los puntos destacables aflora una mayor presencia y un papel más activo del estado. Desde una postura nacionalista se procura un mayor acceso y control por parte del estado sobre el petróleo. También se busca una mayor tajada de la renta petrolera e incluso minera. Parte significativa de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en los que el grueso de dicha renta se destinaba al pago de la deuda externa, financia importantes y masivos programas sociales.
El actual gobierno ha desplegado una cuantitativamente importante inversión social. Sin embargo, la esencia clientelar de esta acción ahoga la consolidación de la ciudadanía, como se propuso al inicio de su gestión. Inclusive, en base a leyes de los anteriores gobiernos oligárquicos, especialmente para poder sostener el modelo extractivista, se recurre a la criminalización de la protesta social persiguiendo por lo pronto a unos 200 líderes populares defensores de la vida y la naturaleza, a los que se acusa de terrorismo y sabotaje. Mientras que, por otro lado, con políticas sociales clientelares y amenazas de diversa índole se pretende dividir o al menos debilitar a los movimientos sociales, particularmente indígenas. A esto se suma un sostenido ataque político en contra de dichos movimientos. En este contexto se consolida un poder cada vez más personalista y autoritario, en manos de un caudillo, el presidente Correa.
Si bien el accionar gubernamental genera un extractivismo de nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes como por la combinación de viejos y nuevos atributos, no hay cambios sustantivos en la estructura de acumulación. Este neo-extractivismo sostiene una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización del capitalismo transnacional. Es más, en estas condiciones se agravan los impactos sociales y ambientales de los sectores extractivos. No le importa para nada a este gobierno que en el Ecuador constitucionalmente la naturaleza sea sujeto de derechos. Es más, atropellando los derechos colectivos de varias comunidades indígenas se pretende ampliar más la frontera petrolera e imponer la megaminería metálica en el país [5].
Por otro lado, al mantenerse inalterada la lógica de acumulación dominante desde hace muchos años, los grupos más acomodados de la sociedad, que apenas han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”, no dejan de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose justamente de este renovado extractivismo. Mientras tanto los segmentos tradicionalmente marginados de la población experimentan apenas una relativa mejoría gracias a la mejor distribución de los crecientes ingresos petroleros, en tanto no se da paso a una real redistribución de los ingresos y los activos. Superando el estado mínimo del neoliberalismo, se intenta (con justificada razón) reconstruir y ampliar la presencia y acción del estado. Empero, siendo importante un mayor control por parte del estado de estas actividades extractivistas, no es suficiente para cambiar la lógica subdesarrolladora de esta modalidad de acumulación. En realidad, el real control de las exportaciones nacionales está en manos de los países centrales y sus empresas. Así, este neoextractivismo, a la postre, mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo de raíces coloniales. El grueso de las ganancias se las lleva las economías ricas, importadoras de Naturaleza. Los países exportadores de bienes primarios, como el Ecuador, reciben una reducida participación real de la renta minera o petrolera, pues les toca cargar con el peso de los pasivos ambientales y sociales, que normalmente no son contabilizados en los proyectos extractivistas.
De esta manera, de manera perversa, el extractivismo asegura nuevas fuentes de legitimación social. Y combatir la pobreza. Del extractivismo colonial se ha dado paso al extractivismo del siglo XXI o simplemente al neoextractivismo. El deseo de dominar la naturaleza, para transformarla en productos exportables, ha estado presente permanentemente en Ecuador, tanto como la mayoría de países de la región. Desde la conquista y la colonia, imbricada profundamente con el modelo de acumulación primario-exportador, se consolidó una visión pasiva y sumisa de aceptación de este posicionamiento en la división internacional del trabajo en muchos de nuestros países, ricos en recursos naturales. Una y otra vez se ha visto a estas sociedades como pobres sentadas en un saco de oro. Dicha aceptación se ha mantenido profundamente enraizada en amplios segmentos de estas sociedades, como que se tratara de un ADN insuperable. Para muchos gobernantes, incluso de aquellos considerados como progresistas, les es casi imposible imaginarse una senda de liberación de esta “maldición de la abundancia” de los recursos naturales.
MEGAMINERÍA EN LA SENDA DE LA MALDICIÓN
Ante la inevitable y cada vez más perceptible disminución de las reservas petroleras, el gobierno del presidente Correa despliega todos los esfuerzos posibles para introducir la actividad minera a gran escala. La minería, sobre todo industrial, a diferencia del petróleo, hasta ahora no ha sido un pilar importante para la economía nacional. Para hacer realidad esta nueva fase extractivista, incluso a contrapelo de lo resuelto en la Asamblea Constituyente (2007-2008), se introdujeron varias reformas legales. El gobierno, sin ninguna capacidad para superar el modelo extractivista, a través del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015, promueve la imagen de “una minería sustentable”. Promete generar “condiciones de desarrollo sustentable” en la actividad minera a gran escala. Ofrece una “minería bien hecha”, lo que se lograría empleando “prácticas metalúrgicas adecuadas y tecnologías ambientalmente amigables”. Además, con el fin de demostrar preocupación por la participación del estado en la renta minera, se habla de hacer “cumplir con el pago de tributos contemplados en la Ley, para que el estado reinvierta en el desarrollo de los territorios”. Con todo este paquete de ofrecimientos se quiere convertir a la actividad minera en “uno de los pilares del desarrollo, económico, social y ambiental”, para que “con la distribución equitativa de sus beneficios, [esta actividad] genere nuevas zonas de desarrollo y contribuya al modelo del Buen Vivir”. ¿Es posible creer en la realización de tal proyecto? ¿Será la minería metálica a gran escala la que provoque el ansiado desarrollo y que se constituya en la senda para el Buen Vivir? La realidad, la terca realidad, se encargará de contradecir este mensaje oficial copiado de la propaganda de las empresas mineras transnacionales.
El examen de la minería industrial alrededor del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Se ha visto hasta la saciedad que los países cuyas exportaciones dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros son económicamente atrasados.
En síntesis, este gobierno de la “revolución ciudadana”, transformado en el mayor promotor de la megaminería en el Ecuador, transitando por una senda neodesarrollista, ha puesto en movimiento un proceso de adaptación a las cambiantes circunstancias de la economía mundial, con el fin de cristalizar uno de los procesos más profundos de modernización capitalista experimentados en este país andino. Definitivamente, por la vía del neoextractivismo no se encontrará la salida a este complejo dilema de sociedades ricas en recursos naturales, pero a la vez empobrecidas.
*Alberto Acosta es economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Fue Ministro de Energía y Minas, Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta constituyente.
Este artículo ha sido publicado en el nº 50 de Pueblos - Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2012
ECUADOR EN LA TRAMPA PETROLERA
En los años setenta del siglo XX, como pocas veces en su historia, el Ecuador entró de lleno en el mercado mundial. No porque se hubiera producido un cambio cualitativo en su condición de país exportador de materias primas (banano, cacao, café, etc.) sino más bien por el volumen de sus exportaciones petroleras, que superó largamente los niveles de los anteriores productos primarios que caracterizaron a la economía ecuatoriana. La explotación de crudo constituyó el revitalizador de la economía, otorgándole a Ecuador la imagen de “nuevo rico”.
Entonces el país se volvió atractivo para los bancos extranjeros. Antes, la economía ecuatoriana había tenido una importancia relativamente marginal para los capitales foráneos. Así las cosas, el Ecuador petrolero consiguió los créditos que no había recibido el Ecuador bananero y mucho menos el cacaotero. Pero la riqueza petrolera no fue el único detonante de la carrera de endeudamiento externo. Hay que destacar que el masivo flujo de recursos financieros hacia los países subdesarrollados en los años setenta del siglo XX se debió, sobre todo, a la existencia de importantes volúmenes de recursos financieros en el mercado mundial.
Esta situación de abundancia relativa de recursos financieros permitió un manejo político de cierta tolerancia en medio de un régimen dictatorial. El petróleo facilitó la postergación de algunos conflictos estructurales. El Ecuador mantuvo el carácter de una economía extractivista [2]. Tampoco se transformó la estructura de la propiedad, caracterizada por niveles de elevada concentración. Esta bonanza motivada por el petróleo, que apareció en forma masiva y relativamente inesperada, se acumuló sobre las mismas estructuras anteriores y reprodujo, a una escala mayor, gran parte de las antiguas tensiones. Así, en poco tiempo se cristalizó en “el mito del desarrollo” [3].
Mientras duró el auge petrolero, el estado se constituyó, por primera vez, en el actor principal del manejo de la economía. El estado “petrolero” (más allá de las intenciones reformistas de la dictadura militar) fue, una vez más, expresión del poder de los grupos dominantes.
Hay que mencionar, también, las distorsiones provocadas por una mal entendida y peor aplicada estrategia de industrialización vía sustitución de importaciones, cuya aplicación (errada e incluso incompleta) terminó por consolidar las prácticas rentistas de amplios segmentos empresariales.
Más tarde, cuando menguó la bonanza petrolera, empezó la larga crisis de la deuda externa. Y desde entonces, empezó una marcha de ajustes y desajustes interminables. El petróleo, que en un momento dado fue la palanca para impulsar algunos procesos de industrialización, a pesar de la caída de su cotización, se transformó en una herramienta fundamental para tratar de pagar la enorme deuda externa acumulada en la época de la bonanza petrolera.
Posteriormente, con una nueva caída de los precios del petróleo y como consecuencia de otros factores exógenos y endógenos, Ecuador concluyó el siglo XX con una de las mayores crisis de su historia. Entonces, incluso como consecuencia de la imposición irresponsable de la dolarización en el año 2000, se inició un proceso sostenido de emigración, cuya magnitud y velocidad no tienen precedentes. En el ámbito político las cosas no anduvieron mejor. Tres presidentes fueron derrocados por la presión popular, ante el fracaso de su gestión.
Para sostener la dolarización, el petróleo se consolidó como la fuente de divisas que ha permitido paliar las tensiones que provoca un déficit comercial crónico en la cuenta de exportaciones e importaciones no petroleras.
NEO-EXTRACTIVISMO, VERSIÓN CONTEMPORÁNEA DEL EXTRACTIVISMO
Desde inicios del 2007 se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio. Las políticas económicas del gobierno del presidente Rafael Correa, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Sin embargo, este empeño no afecta para nada la esencia extractivista de la modalidad de acumulación imperante desde la colonia.
Con los ingresos provenientes de la actividad extractivista, sobre todo a través de los altos precios del petróleo, el gobierno atiende muchas de las largamente postergadas demandas sociales. Para obtener aún más recursos, este gobierno de la “revolución ciudadana” amplía la frontera petrolera y abre la puerta a la minería metálica a gran escala, al tiempo que ha reiniciado un proceso acelerado de endeudamiento externo proveniente especialmente de China (país que aparece también como uno de los mayores interesados en los yacimientos petroleros y mineros del Ecuador, así como en construir las principales obras de infraestructura energética).
Cabe destacar algunos avances con relación al extractivismo anterior, sobre todo por el lado del interés nacional; esta constatación, sin embargo, no puede ocultar algunas aberraciones y contradicciones profundas en el mismo ámbito petrolero [4]. Entre los puntos destacables aflora una mayor presencia y un papel más activo del estado. Desde una postura nacionalista se procura un mayor acceso y control por parte del estado sobre el petróleo. También se busca una mayor tajada de la renta petrolera e incluso minera. Parte significativa de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en los que el grueso de dicha renta se destinaba al pago de la deuda externa, financia importantes y masivos programas sociales.
El actual gobierno ha desplegado una cuantitativamente importante inversión social. Sin embargo, la esencia clientelar de esta acción ahoga la consolidación de la ciudadanía, como se propuso al inicio de su gestión. Inclusive, en base a leyes de los anteriores gobiernos oligárquicos, especialmente para poder sostener el modelo extractivista, se recurre a la criminalización de la protesta social persiguiendo por lo pronto a unos 200 líderes populares defensores de la vida y la naturaleza, a los que se acusa de terrorismo y sabotaje. Mientras que, por otro lado, con políticas sociales clientelares y amenazas de diversa índole se pretende dividir o al menos debilitar a los movimientos sociales, particularmente indígenas. A esto se suma un sostenido ataque político en contra de dichos movimientos. En este contexto se consolida un poder cada vez más personalista y autoritario, en manos de un caudillo, el presidente Correa.
Si bien el accionar gubernamental genera un extractivismo de nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes como por la combinación de viejos y nuevos atributos, no hay cambios sustantivos en la estructura de acumulación. Este neo-extractivismo sostiene una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización del capitalismo transnacional. Es más, en estas condiciones se agravan los impactos sociales y ambientales de los sectores extractivos. No le importa para nada a este gobierno que en el Ecuador constitucionalmente la naturaleza sea sujeto de derechos. Es más, atropellando los derechos colectivos de varias comunidades indígenas se pretende ampliar más la frontera petrolera e imponer la megaminería metálica en el país [5].
Por otro lado, al mantenerse inalterada la lógica de acumulación dominante desde hace muchos años, los grupos más acomodados de la sociedad, que apenas han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”, no dejan de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose justamente de este renovado extractivismo. Mientras tanto los segmentos tradicionalmente marginados de la población experimentan apenas una relativa mejoría gracias a la mejor distribución de los crecientes ingresos petroleros, en tanto no se da paso a una real redistribución de los ingresos y los activos. Superando el estado mínimo del neoliberalismo, se intenta (con justificada razón) reconstruir y ampliar la presencia y acción del estado. Empero, siendo importante un mayor control por parte del estado de estas actividades extractivistas, no es suficiente para cambiar la lógica subdesarrolladora de esta modalidad de acumulación. En realidad, el real control de las exportaciones nacionales está en manos de los países centrales y sus empresas. Así, este neoextractivismo, a la postre, mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo de raíces coloniales. El grueso de las ganancias se las lleva las economías ricas, importadoras de Naturaleza. Los países exportadores de bienes primarios, como el Ecuador, reciben una reducida participación real de la renta minera o petrolera, pues les toca cargar con el peso de los pasivos ambientales y sociales, que normalmente no son contabilizados en los proyectos extractivistas.
De esta manera, de manera perversa, el extractivismo asegura nuevas fuentes de legitimación social. Y combatir la pobreza. Del extractivismo colonial se ha dado paso al extractivismo del siglo XXI o simplemente al neoextractivismo. El deseo de dominar la naturaleza, para transformarla en productos exportables, ha estado presente permanentemente en Ecuador, tanto como la mayoría de países de la región. Desde la conquista y la colonia, imbricada profundamente con el modelo de acumulación primario-exportador, se consolidó una visión pasiva y sumisa de aceptación de este posicionamiento en la división internacional del trabajo en muchos de nuestros países, ricos en recursos naturales. Una y otra vez se ha visto a estas sociedades como pobres sentadas en un saco de oro. Dicha aceptación se ha mantenido profundamente enraizada en amplios segmentos de estas sociedades, como que se tratara de un ADN insuperable. Para muchos gobernantes, incluso de aquellos considerados como progresistas, les es casi imposible imaginarse una senda de liberación de esta “maldición de la abundancia” de los recursos naturales.
MEGAMINERÍA EN LA SENDA DE LA MALDICIÓN
Ante la inevitable y cada vez más perceptible disminución de las reservas petroleras, el gobierno del presidente Correa despliega todos los esfuerzos posibles para introducir la actividad minera a gran escala. La minería, sobre todo industrial, a diferencia del petróleo, hasta ahora no ha sido un pilar importante para la economía nacional. Para hacer realidad esta nueva fase extractivista, incluso a contrapelo de lo resuelto en la Asamblea Constituyente (2007-2008), se introdujeron varias reformas legales. El gobierno, sin ninguna capacidad para superar el modelo extractivista, a través del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015, promueve la imagen de “una minería sustentable”. Promete generar “condiciones de desarrollo sustentable” en la actividad minera a gran escala. Ofrece una “minería bien hecha”, lo que se lograría empleando “prácticas metalúrgicas adecuadas y tecnologías ambientalmente amigables”. Además, con el fin de demostrar preocupación por la participación del estado en la renta minera, se habla de hacer “cumplir con el pago de tributos contemplados en la Ley, para que el estado reinvierta en el desarrollo de los territorios”. Con todo este paquete de ofrecimientos se quiere convertir a la actividad minera en “uno de los pilares del desarrollo, económico, social y ambiental”, para que “con la distribución equitativa de sus beneficios, [esta actividad] genere nuevas zonas de desarrollo y contribuya al modelo del Buen Vivir”. ¿Es posible creer en la realización de tal proyecto? ¿Será la minería metálica a gran escala la que provoque el ansiado desarrollo y que se constituya en la senda para el Buen Vivir? La realidad, la terca realidad, se encargará de contradecir este mensaje oficial copiado de la propaganda de las empresas mineras transnacionales.
El examen de la minería industrial alrededor del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Se ha visto hasta la saciedad que los países cuyas exportaciones dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros son económicamente atrasados.
En síntesis, este gobierno de la “revolución ciudadana”, transformado en el mayor promotor de la megaminería en el Ecuador, transitando por una senda neodesarrollista, ha puesto en movimiento un proceso de adaptación a las cambiantes circunstancias de la economía mundial, con el fin de cristalizar uno de los procesos más profundos de modernización capitalista experimentados en este país andino. Definitivamente, por la vía del neoextractivismo no se encontrará la salida a este complejo dilema de sociedades ricas en recursos naturales, pero a la vez empobrecidas.
*Alberto Acosta es economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Fue Ministro de Energía y Minas, Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta constituyente.
Este artículo ha sido publicado en el nº 50 de Pueblos - Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2012
Notas
[1] Schuldt, J. ¿Somos pobres porque somos ricos? Recursos naturales, tecnología y globalización, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2005.[2] “Se utiliza el rótulo de extractivismo en sentido amplio para las actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, que no son procesados (o que lo son limitadamente), y pasan a ser exportados.” Ver Eduardo Gudynas; “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”, en varios autores; Extractivismo, Política y Sociedad, CAAP, CLAES y Fundación Rosa Luxemburg, Quito, 2009.
[3] Ver los aportes del autor de estas líneas en el libro de varios autores; Ecuador: el mito del desarrollo (varias ediciones, 1982).
[4] A modo de ejemplo, el campo petrolero Sacha, uno de los más grandes, fue entregado, sin que exista un marco jurídico para hacerlo, a la empresa mixta Río Napo, conformada el 15 de julio del 2008 entre PDVSA (la estatal venezolana) y Petroecuador. Los resultados obtenidos hasta ahora no son para nada satisfactorios. Este tipo de operaciones eran consideradas por Rafael Correa, antes de ser presidente, como “una traición a la patria y una estupidez económica”.
[5] Para muestra un botón: se ha sacado a licitación el Bloque Armadillo en donde evidencias ciertas de la presencia de pueblos no contactados, una situación que prohíbe cualquier tipo de actividad extractivista, tal como manda la Constitución del 2008.
http://www.revistapueblos.org/
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