domingo, 30 de mayo de 2010

ECUADOR: Asambleísta se refirió a la Ley de Minería



Cléver Jimenez, asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe, precisa que la actual Ley de Minería, evade la responsabilidad del Estado en cuanto a la adopción de políticas y medidas oportunas para evitar los inminentes impactos ambientales, lo que conlleva implícito a más de la sanción correspondiente, la obligación del titular minero de restaurar los ecosistemas y resarcir a las personas y comunidades afectadas por la explotación minera.
El asambleísta se refirió a los cuatro puntos importantes de la propuesta de reforma a la Ley de Minería. Cumpliendo con lo que establece el Art. 316 de la Constitución, se elimine la entrega de concesiones mineras, y se reemplace por la “delegación del área minera” para evitar el negociado que se hace con nuestros recursos naturales.

La propuesta plantea la creación de una garantía del 10 por ciento de las reservas mineras probadas, que deberán entregar las empresas mineras al Estado ecuatoriano, para poder asegurar el cuidado del medio ambiente.
“Los titulares de derechos mineros, previa a la iniciación de las actividades de explotación, fundición y refinación de minerales, rendirán garantía económica suficiente, que cubra los gastos de recuperación y preservación del medio ambiente y sus componentes naturales” mencionó

Un punto adicional y el más importante, comentó Jimenez es evitar lo sucedido en la industria petrolera, ya que, en alrededor de cuarenta años de explotación, en la práctica ha significado el enriquecimiento de unos cuantos “vivos” a costa del empobrecimiento de millones de ecuatorianos.

Establece que los recursos económicos, producto de la explotación minera, se utilicen de manera exclusiva, para educación, salud, producción agrícola y ganadera, industria, micro empresa y vialidad; lo que se pretende es que, con los recursos económicos, producto de la explotación de nuestros minerales, se genere nuevas formas de vida para todas y todos los ecuatorianos y logremos con ello el verdadero desarrollo.

sábado, 15 de mayo de 2010

Ecuador. El agua, un derecho humano no un negocio


15-05-10 Por Alberto Acosta

El agua no puede ser vista como un negocio. El agua es un derecho humano fundamental. Por eso la Constitución no se circunscribió exclusivamente en impedir la privatización del agua, sino que fue explícita al propiciar la desprivatización del agua. De esto se deriva la prohibición para todo tipo de venta de derechos o permisos de uso, no se diga concesiones que conducen al acaparamiento del agua por parte de unos pocos en desmedro de las mayorías. En la actualidad, la ley de aguas se convertirá, paradójicamente, en el parte aguas definitivo de la llamada “revolución ciudadana”. Aquí se decantarán las posiciones. No hay alternativa al cumplimiento de la Constitución. No se puede llegar a acuerdos que atropellen la Constitución.

El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Constitución de Montecristi, artículo 12, 2008

Uno de los puntos donde más se avanzó en la Asamblea Constituyente de Montecristi fue el relativo al tratamiento del agua y los recursos hídricos. De hecho, los logros en ese campo llevaron a que muchas personas se decidieron a votar por el SÍ en la consulta popular del 28 de septiembre del 2008, en la que se aprobó mayoritariamente la nueva Constitución.

En la actualidad, la ley de aguas se convertirá, paradójicamente, en el parte aguas definitivo de la llamada “revolución ciudadana”. Aquí se decantarán las posiciones. No hay alternativa al cumplimiento de la Constitución. No se puede llegar a acuerdos que atropellen la Constitución.

Tal como sucede en estos días, cuando se discute la ley de recursos hídricos, dentro y fuera de Montecristi, asomaron quienes defendían el agua como un derecho humano fundamental y quienes actúan por sus intereses particulares.

Recordemos la presión de INTERAGUA, la empresa que privatizó el servicio de agua en Guayaquil y que ha conseguido en estos días la ampliación de su concesión en contra de los resultados negativos de la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado. Sus intereses fueron defendidos por representantes propios, que rondaban permanentemente por los pasillos de la Asamblea Constituyente, e incluso por un par de asambleístas del movimiento oficialista y algún alto funcionario del gobierno del presidente Rafael Correa. Estos grupos intentaron buscar una salida sustentada apenas en “el derecho al acceso al agua”, para dejar abierta la puerta a su mercantilización, es decir su privatización. Y todo indica que estos grupos son los que han propiciado la ampliación de la concesión incluso antes de que se apruebe la ley de aguas.

Pero en Montecristi, a la postre, con una amplia mayoría se impuso la tesis de la vida. El agua no puede ser vista como un negocio. El agua es un derecho humano fundamental. Por eso la Constitución no se circunscribió exclusivamente en impedir la privatización del agua, sino que fue explícita al propiciar la desprivatización del agua. De esto se deriva la prohibición para todo tipo de venta de derechos o permisos de uso, no se diga concesiones que conducen al acaparamiento del agua por parte de unos pocos en desmedro de las mayorías.

Para conseguir este logro, tal como acontece en la actualidad, se contó con una alta participación y movilización de la sociedad, particularmente del movimiento indígena y campesino, unido férreamente por la defensa del agua. Esa presencia y ese aporte fueron sustantivos. Sin minimizar el trabajo de muchos asambleístas, cabe resaltar que la contribución de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas desde hace muchos años con la defensa del agua, como Ecuarunari, Conaie, Fenocein, Foro de los Recursos Hídricos, entre otras, permitió consolidar una posición vigorosa.

Concentración, mal uso y contaminación

Ecuador es un país con agua suficiente en términos nacionales y con cuatro veces más agua superficial que el promedio per cápita mundial. Pero el problema es que está mal distribuida, que la contaminación crece y que las fuentes de destruyen de manera acelerada.

La concentración del agua en pocas manos es notable. El Estado a través de 64.300 concesiones ha entregado 2.240 m3/s de agua; un caudal superior en la realidad por la apropiación indebida del líquido vital.

Las dos terceras partes de dicho caudal (74,28%) se registraron en el subsector eléctrico, con 147 concesiones. El riego con 31.519 concesiones representa el 49,03% del total; es decir 19,65% del caudal. Las concesiones para el uso doméstico del agua son numerosos, 21.281 (33,1%), pero representan apenas 1,22% del caudal concesionado.

Muchas de las grandes empresas, por ejemplo las bananeras, los ingenios azucareros o las camaroneras, pagan míseras sumas por el agua utilizada. Los campesinos que cultivan arroz en la provincia del Guayas, por ejemplo, pagan un valor 120 veces superior por el acceso al agua del que pagan el ingenio San Carlos o la bananera REYBANPAC; los campesinos Toacazo en la provincia de Cotopaxi pagan 52 veces más y los de Licto en la provincia del Chimborazo pagan 35 veces más. Además estas grandes empresas se benefician del agua obtenida al margen de las disposiciones legales. Y hay por cierto concesiones desaprovechadas, pues los propósitos especulativos están a la orden del día.

La concentración del agua en el agro es notoria. La población campesina, sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, este grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13% del caudal. Mientras que los grandes consumidores, que no representan el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal. El acceso inequitativo a estos recursos constituye una causa determinante de la inequidad social. Y es, a su vez, explicación del poder político hegemónico.

En el ámbito agropecuario, el uso del agua se concentra en el sector agroexportador. Las exportaciones tienen un mayor contenido de agua de riego que la producción de alimentos para el mercado doméstico. Hay que anotar que la producción de alimentos para consumo nacional se ha debilitado y que el país inclusive se convirtió en importador de algunos de ellos.

El consumo de agua (y por cierto la contaminación de la misma) creció por el aumento de la población en las últimas décadas y también por el incremento de actividades productivas excesivamente demandantes de agua, sobre todo aquella orientadas al mercado externo.

La pérdida de los páramos y la deforestación creciente explican esta compleja realidad, y a la vez el proceso de asolvamiento de los ríos en la costa por efecto de las erosión permanente en la sierra y sus estribaciones; aquí tenemos, a la vez, otra explicación para los reiteradas inundaciones en la costa. Igualmente no se han resuelto los graves problemas derivados del manejo contaminante del agua provocados por la actividad de extracción de crudo y manejo de residuos en la región amazónica.

Una de las tensiones fundamentales de la coyuntura actual es la intención de permitir las actividades mineras, consumidoras de gran cantidad de agua. Este es un tema crucial, pues la gran minería provocaría permanentes conflictos por la disponibilidad del agua y contaminaría el líquido vital, causando afectaciones a la soberanía alimentaria.

Existen estudios que demuestran que la contaminación que provoca la minería existente se extiende peligrosamente por la costa ecuatoriana, llegando incluso al norte del Perú. Parte de las plantaciones de banano en Ecuador estarían contaminadas por mercurio y otros elementos. Esta contaminación también afectaría a plantaciones de cacao y a la acuacultura. Incluso estaría en riesgo parte de las fuentes de agua que se utilizan para el suministro del líquido vital potabilizado en la ciudad de Guayaquil.

El agua como un derecho humano, un paso histórico

Para enfrentar todas estas deformaciones, la Constitución es categórica. En concreto, en el artículo 12, se determinó que “el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.”

En consonancia con esta definición constitucional, desde el inicio, en el artículo 3 de la Constitución se estableció como el primer deber primordial del Estado: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.

A partir de esa definición inicial, en el pleno de la Asamblea Constituyente en Montecristi se aprobaron tres puntos fundamentales:

1. El agua es un derecho humano,

2. El agua es un bien nacional estratégico de uso público,

El agua es un patrimonio de la sociedad, y

3. El agua es un componente fundamental de la naturaleza, la misma que tiene derechos propios a existir y mantener sus ciclos vitales.

La trascendencia de las disposiciones constitucionales es múltiple.

- En tanto derecho humano se superó la visión mercantil del agua y se recuperó la del “usuario”, es decir la del ciudadano y de la ciudadana, en lugar del “cliente”, que se refiere solo a quien puede pagar.

- En tanto bien nacional estratégico, se rescató el papel del Estado en el otorgamiento de los servicios de agua; papel en el que el Estado puede ser muy eficiente.

- En tanto patrimonio se pensó en el largo plazo, liberando al agua de las presiones cortoplacistas del mercado y la especulación.

- Y en tanto componente de la Naturaleza, se reconoció en la Constitución de Montecristi la importancia de agua como esencial para la vida de todas las especies, que hacia allá apuntan los Derechos de la Naturaleza.

El agua como un derecho en un Estado plurinacional e intercultural

El reconocimiento del Estado ecuatoriano como un Estado plurinacional e intercultural no fue un hecho accidental ni poco reflexionado. Surgió de la constatación que solo en el reconocimiento de las diversidades, de la injusticia histórica con los pueblos indígenas y de nuestra procedencia diversa se puede construir un Estado incluyente. Uno de los espacios en donde la plurinacionalidad cobra más sentido es justamente en el manejo, cuidado y responsabilidad frente al agua, y esto implica resolver el acaparamiento del agua, la privatización y la necesaria desprivatización.

Adicionalmente, es indispensable rescatar todo el potencial cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas, depositarios ancestrales de prácticas y mecanismos, muchos de ellos milenarios, para el manejo sustentable del agua. Sus conocimientos en este ámbito son bastos. En ese sentido, es indispensable su activa y directa participación en todas las instancias que impliquen el manejo y control del líquido vital, empezando por el Consejo Plurinacional del Agua.

Particularmente los indígenas y los campesinos, que fueron actores clave en el debate constituyente y aún antes, han hecho un seguimiento minucioso de todos los proyectos de ley de aguas, que se han discutido desde que concluyó la Constitución. Con esta nueva ley del agua, ellos se juegan temas fundamentales para la reproducción social, cultural y económica de su vida misma. Mientras los habitantes de las ciudades se han distanciado de alguna manera de este tema tan vital, son los campesinos y los indígenas los que nuevamente se movilizan en beneficio de toda la sociedad.

Para cumplir con el mandato constituyente no basta con cerrar la puerta a futuras privatizaciones. Hay que revertir TODAS las privatizaciones existentes. Eso implica la redistribución del agua que está actualmente acaparada por muy pocas personas. La Constitución dispone, en consecuencia, en el artículo 281, numeral 4: “Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.”

Complementariamente, en el artículo 282, “se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.”

La redistribución supone control y capacidad de decisión de quienes, además, han construido los sistemas de riego, los han manejado. Esta conclusión se extiende para todas las comunidades que conservan los manglares, los bosques y los páramos, es decir todos aquellos sitios de recuperación del ciclo del agua.

Complementariamente habría que establecer en el nuevo marco legal mecanismos claros y precisos que impidan la contaminación del agua, al tiempo que se procede a la remediación de las fuentes de agua contaminadas. La ley de aguas debería prohibir actividades mineras en los alrededores de las fuentes de agua y debería también obligar a cualquier interesado en explotar recursos minerales a que, en forma previa, demuestre que han manejado explotaciones similares sin contaminación del agua durante la explotación y hasta al menos diez años después del cierre de las minas.

Para lograrlo, en Montecristi se dispusieron herramientas como las auditorias del agua y sobre todo una serie de principios fundamentales como la plurinacionalidad, el Buen Vivir o sumak kawsay, los Derechos de la Naturaleza.

Algunos puntos no negociables

De lo anteriormente expuesto se desprenden conclusiones claras. No basta con que el actual proyecto de ley del agua sea mejor que el que presentó anteriormente el gobierno, a través de la SENAGUA. Sin negar los avances logrados gracias a la movilización y presión popular, hay que destacar los siguientes puntos críticos a ser resueltos:

1. La ley debe garantizar la vigencia del principio fundamental en TODOS los aspectos: el agua es un derecho humano fundamental. El agua es vida, no un espacio para hacer negocios.

2. La nueva ley tiene que garantizar los Derechos de la Naturaleza. No se puede permitir que alguna actividad productiva ponga en riesgos la existencia, el mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales del agua. La no contaminación del agua es el mandato.

3. Esta ley debe garantizar el ejercicio de la plurinacionalidad. Todos los pueblos, tanto indígenas como afroecuatorianos, montubios, cholos y mestizos deben ver garantizados sus derechos en este nuevo marco jurídico. Todos deben participar efectivamente en el manejo, así como en la resolución de los conflictos existentes en torno al uso, administración y cuidado del agua.

4. La gestión del agua debe estar en manos públicas y comunitarias, tal como ordena la Constitución. Esto significa que la autoridad única del agua garantice y viabilice la participación efectiva de las todas personas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas relacionadas con el agua.

5. No basta impedir la privatización a futuro. Se debe impulsar la desprivatización inmediata del agua. Es intolerable la ampliación de la concesión a INTERAGUA; ésta tiene que ser revertida. Hay que dar marcha atrás en las concesiones para las embotelladoras de agua y las aguas termales, encontrando respuestas que incorporen a las comunidades en su aprovechamiento. Resulta fundamental impedir el acaparamiento del agua en pocas manos, su redistribución debe ser una tarea inmediata.

6. Debe quedar terminantemente prohibido cualquier forma de servicio ambiental sobre el agua y todos los ecosistemas, como manda la Constitución de Montecristi. Esta opción serviría simplemente para encubrir procesos de privatización de los páramos, bosques, humedales, pantanos, es decir de las fuentes de agua.

7. Garantizar el mínimo vital gratuito para todos los habitantes del país, sin discriminación alguna, es otro de los puntos clave que tendrá que incorporar la nueva ley. Esto, sin embargo, no significa que no se deberán considerar tarifas diferenciadas para el consumo del agua, pues uno debería ser el costo que tiene el agua para alguna actividad productiva vinculada a la soberanía alimentaria y otro mucho más alto para alguna actividad de recreación, uno el costo para producir papas y otro para regar un campo de golf, por ejemplo.

8. En la ley debe quedar claramente establecida la prelación del uso del agua: 1) para el ser humano, 2) para la soberanía alimentaria, 3) para asegurar el ciclo vital del agua y 4) para actividades productivas. En este punto también debería precautelarse la vida sobre todas las cosas, pues la minería metálica a gran escala y a cielo abierto, para citar apenas un caso, se perfila como la nueva gran fuente de contaminación de agua, tal como sucede en la actualidad con el petróleo.

9. La ley debe promover un modelo de gestión del agua eficiente, que recupere y desarrolle modelos justos de conservación de las fuentes y cursos de agua, que involucren directamente a la ciudadanía organizada en el campo y las urbes, y que sobre todo reafirmen la soberanía. Esto implica superar el modelo que considera al río y al mar como cloacas y rescatar los valores de belleza, de disfrute, de cuidado a nuestros esteros, ríos, lagos y humedales.

10. Recuperar el control del agua por parte de la sociedad es una condición básica para el Buen Vivir, tanto en el campo como en la ciudad.

Vigilancia y movilización indispensables

La disputa por el agua continúa. Luego de la imposición de las leyes de minería y de soberanía alimentaria, contrarios a la Constitución, la discusión del proyecto de la ley del agua devino en un momento de definiciones.

Dar las garantías necesarias para que el país, su entorno y su gente cuenten con la cantidad y calidad de agua requeridas para hoy y mañana: ese es el gran reto que tenemos en nuestras manos.

Nuevamente son los indígenas, los campesinos, los habitantes del manglar, jóvenes, ecologistas, los que defienden el interés nacional, con el recurso de la movilización y la protesta. Su acción debe impedir que se consolide la contrarrevolución legislativa auspiciada desde el propio gobierno del presidente Rafael Correa; contrarrevolución que pone en riesgo la Constitución. Poco a poco se consolida una intencionalidad perversa orientada a minimizar a través de las leyes los mayores logros constitucionales en campos sustantivos como los derechos colectivos y los Derechos de la Naturaleza. www.ecoportal.net

Alberto Acosta es Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas, enero-junio 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta octubre 2007-julio 2008.- ALAI, América Latina en Movimiento

jueves, 13 de mayo de 2010

Un fallo judicial favorable a los indígenas

EXIGE QUE EL GOBIERNO ECUATORIANO DEBATA LA LEY DE AGUAS

La protesta por la controvertida ley de Aguas en Ecuador tomó un nuevo rumbo. La Corte Constitucional emitió ayer un fallo que ordena al Estado consultar con las comunidades originarias antes de poner en vigencia la normativa. La Asamblea Nacional debía hoy debatir esta cuestión, pero el oficialismo pedirá el aplazamiento de la decisión. Las organizaciones de aborígenes y de campesinos se mantienen en estado de movilización, como en la última semana.

Las comunidades originarias, que son más del 35 por ciento de la población ecuatoriana, rechazan el proyecto sobre la regulación del uso del agua alegando que perderán el control de las fuentes hídricas en sus territorios y que la legislación favorece a mineras y empresas embotelladoras. Pero, en las últimas horas, desde el máximo tribunal de Justicia ecuatoriano, los campesinos y aborígenes recibieron una buena señal. Los jueces ordenaron a las autoridades que realicen rondas de consulta con las comunidades antes de instrumentar la ley, que debía ser votada en la jornada de hoy.

El presidente de la Asamblea Legislativa nacional, el oficialista Fernando Cordero, señaló que el proceso de debate tomará “no menos de seis meses” y garantizó que “todas las comunidades van a ser informadas y consultadas”. En consonancia, adelantó ayer a la prensa de Quito que pedirá que el Congreso posponga su votación hasta que las rondas de discusión se lleven a cabo. Para que la propuesta de Cordero prospere se necesita que la mitad más uno de los congresistas vote a favor.

“Si es que se aprueba la ley tal como está en este momento, sin ese previo proceso de consulta, esa norma que se sancionaría tendría un carácter inconstitucional”, advirtió Orlando Pérez, viceministro de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. “Por lo tanto, en este momento cambió completamente el escenario con la sentencia de la Corte Constitucional”, explicó.

El fallo tomó por sorpresa a los indígenas, que se preparaban para marchar hacia Quito desde distintos lugares con motivo de la votación del texto, en el que según dijeron no fueron incluidas sus propuestas. “No conozco la sentencia. Desde ayer estoy en los frentes de resistencia y paro. Tomaremos una decisión ante cualquier cosa con todas las organizaciones en conjunto”, reconoció Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), una de las organizaciones que lidera la protesta. En repudio a la iniciativa, los grupos indígenas y campesinos se venían movilizando desde el lunes 3. Por tres días estuvieron cortando las vías de acceso, en especial las del sur del país. Ayer habían llamado a la desobediencia civil porque consideraban que estaban siendo engañados por el gobierno.

Por su parte, el presidente Rafael Correa, que tiene el respaldo de otras asociaciones indígenas, acusa a la Conaie y a otras organizaciones de mentir a sus bases para acaparar el manejo del agua. “La ley de Aguas es excelente, no vamos a permitir que un grupo se adueñe del país”, prometió el mandatario, al tiempo que funcionarios anunciaron que procesarían a quienes participen de los cortes de rutas. De los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes resultaron dos oficiales heridos y 19 campesinos detenidos. La disputa entre las comunidades movilizadas y el gobierno se ha agudizado en los últimos días. “El interés de los indígenas es voltear al gobierno”, había sentenciado a principios de la semana Pérez.

Mientras tanto, las confederaciones indígenas siguen denunciando que el uno por ciento de los agroexportadores y hacendados controla el 70 por ciento del caudal del agua, mientras que el 80 por ciento de los campesinos sólo acceden a un 12 por ciento. “Esto hace notar que la Asamblea tiene un pacto con la derecha”, denunció Santi. Las organizaciones seguirán en estado de movilización hasta saber qué determina hoy la Asamblea.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-145579-2010-05-13.html

martes, 11 de mayo de 2010

Bloquean indigenas de Ecuador carreteras en contra de ley de aguas

Quito, 10 May (Notimex).

- Agrupaciones indigenas bloquearon hoy vias del norte andino de Ecuador, para presionar a la Asamblea Nacional de su pais para que incluya sus demandas en el proyecto de Ley de Aguas que esta proximo a votarse en la legislatura.

Grupos de indigenas y campesinos interrumpieron la carretera Panamericana en las provincia de Imbabura y Pichincha (Quito) mientras en la de Cotopaxi, protagonizaron una marcha que copo la via durante varias horas.

Informes de medios locales senalaron que la Policia despejo las vias en Imbabura y Pichincha, que habia sido cruzadas con rocas y arboles, mientras en Cotopaxi, la fuerza publica lanzo gases lacrimogenos para dispersar a los manifestantes.

La semana pasada, bases indigenas se movilizaron hasta la sede de la Asamblea Nacional para presionar por la inclusion de sus propuestas, con ocasion del segundo y final debate legislativo de la ley de aguas.

Ese proyecto de Ley de Aguas esta en manos de la Comision de Soberania Alimentaria de la Asamblea Nacional, para la elaboracion del informe que debera ser votado por la legislatura en las proximas semanas.

El presidente de Ecuarunari, la mas grande organizacion indigena de la zona andina, Delfin Tenesaca, dijo este lunes que se vieron obligados a optar por medidas de hecho en vista de que no hay canales de dialogo con el Gobierno.

Tenesaca descarto que el objetivo de las movilizaciones sea desestabilizar al presidente Rafael Correa u obtener puestos burocraticos en instituciones del Estado.

El nucleo de la disputa entre organizaciones indigenas y el oficialismo es la integracion de la entidad que administrara el agua.

El presidente Correa defiende la tesis de hegemonia del Gobierno, con base en la Constitucion, pero lideres indigenas proponen una autoridad integrada tambien por movimientos sociales, de manera paritaria.

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/05/10/4/1042021

SOLIDARIDAD con la lucha en Ecuador...

Quito, 10 de Mayo, 2010

Queridos amigos y amigas

En Ecuador estamos viviendo momentos de represión y angustia a causa de la decisión del gobierno de imponer una ley de aguas que no resuelve la
situación de acaparamiento y privatización del agua en el país.

Concordante con el plan nacional de desarrollo, el proyecto de ley instrumentaliza el agua para dar cumplimiento a la decisión política de
imponer - por sobre el rechazo popular- la minería a gran escala en un 20% del territorio nacional, actividad a la que se le garantiza toda el
agua que requiera. Así mismo el agua servirá para un plan forestal basado en especies exóticas, en un millón de hectáreas, y para ampliar
las fronteras del agronegocio incluyendo agrocombustibles, con lo cual se agudizará no solamente los niveles de acaparamiento sino además la
contaminación de las fuentes de agua. Está también el hecho que se promueve la construcción de hidroeléctricas con lo cual se entregará a
las empresas el control del agua de las cuencas hidrográficas donde se instalarán dichos proyectos. Adicionalmente, se busca el control
territorial en 4 millones de bosques tropicales y 800 mil hectáreas de páramos -ecosistemas claves asociados al ciclo hidrológico- a través de
programas orientados al mercado de carbono y servicios ambientales que se implementan bajo los programas Socio Bosque y Socio Páramo,

Con todo esto resulta contradictorio afirmar que el proyecto de ley respeta la prelación en el uso del agua establecida por la Constitución,
cuando en los hechos tanto el consumo humano, como el riego para la soberanía alimentaria y el cuidado del caudal ecológico, quedarán
subordinados a las prioridades del plan nacional de desarrollo y a la voluntad presidencial.

Uno de los temas más controversiales es el de la conformación de la Autoridad del Agua. Mientras la propuesta del gobierno es tener una
autoridad única que responda a la decisión del presidente de la república, y que incluya un consejo intercultural y plurinacional apenas
con carácter consultivo, la demanda del movimiento social del Ecuador es que se constituya una autoridad del agua basada en un consejo
plurinacional con capacidad de decisión, planificación, sanción, es decir que la construcción de las políticas públicas del agua sean el
ejercicio pleno de la amplia participación social.

Como si esto no bastara, el régimen está transfiriendo a los gobiernos seccionales el control y manejo de los sistemas comunitarios de agua,
aun cuando éstos hubieran sido construidos y mantenidos por las comunidades, como paso previo al cobro de tarifas por el agua

Frente a este legítimo proceso de organización social en defensa del agua, el gobierno nacional ha respondido con una brutal represión y
criminalización selectiva a líderes de los sectores movilizados con acusaciones de terrorismo, sabotaje y rebelión, como ocurrió en
gobiernos anteriores, abiertamente neoliberales. Demandamos el retiro de los procesos juidiciales instaurados contra los líderes sociales, pues
con actuaciones de este tipo un gobierno que pretenda ser expresión de democracia pierde credibilidad y legitimidad.

Es URGENTE contar con su respaldo a través de cartas que exijan al presidente Rafael Correa el cese de la violencia y la garantía efectiva
de que los aspectos críticos demandados por las organizaciones indígenas y campesinas sean incorporados en la ley.

*ULTIMA HORA: según reportes de esta noche, la policía arremetió con bombas lacrimógenas contra unas tres mil personas movilizadas en el
sector La Bola, de Guachalá, Cayambe, provincia de Pichincha. Como resultado de esta violenta represión fue herido en el rostro un niño de
dos meses, Kevin Stalin Quimbiurcu, de la comunidad Pitán Alto, por impacto del disparo de una bomba.*

Acción Ecológica


PD. abajo adjuntamos varias cartas de apoyo circuladas por algunas redes
sociales


Para enviar sus cartas:

Economista
Rafael Correa D.
Presidente de la República del Ecuador
rafael.correadelgado@presidencia.gov.ecEsta
dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de
spam, necesita tener Javascript activado para poder verla



Arq.
Fernando Cordero
Presidente de la Asamblea Nacional
fernando.cordero@asambleanacional.gov.ec

Dr. Gustavo Jalkh
Ministro de Gobierno
gustavo.jalkh@mingobierno.gov.ec

Les remitimos cartas dirigidas al presidente de la República y de la
asamblEA

-------- Mensaje original --------
Asunto: [A.N.A.] Rv: [Ecuachaski] SOLIDARIDAD con lucha en Ecuador...
Fecha: Mon, 10 May 2010 21:00:46 +0000 (GMT)
De: Lider Gongora
A: anambiental@ccondem.org.ec





--- El *vie, 7/5/10, Agencia de Noticias Plurinacional del Ecuador
//* escribió:


De: Agencia de Noticias Plurinacional del Ecuador

Asunto: [Ecuachaski] SOLIDARIDAD con lucha en Ecuador...
Para: "ECUA lists"
Fecha: viernes, 7 de mayo, 2010 17:55

De: *Gustavo Dans* >
Fecha: 7 de mayo de 2010 11:33
Asunto: Mensaje de solidaridad
Para: agenciaplurinacional@yahoo.com

Cc: ecuachaski@gmail.com



ECUARUNARI
Compañeras y compañeros,

Reciban un saludo fraterno de la Red de Organizaciones Comunitarias
y Sociales del MERCOSUR y nuestra solidaridad en su lucha y
movilización nacional en defensa del Agua, la Vida y la Soberanía
Alimentaria, y nuestra condena a la acción represiva del Gobierno
del presidente Rafael Correa, que está vulnerando la Constitución de
Ecuador, que proclama el Estado Plurinacional y el Buen Vivir.
Hemos remitido una carta al Presidente Correa para manifestarle
nuestra oposición a sus medidas y nuestro respaldo a nuestro
hermanos indigenas comprometidos con la defensa de la vida y la
vigencia de una auténtica plurinacionalidad.

Gustavo Dans
Secretario Ejecutivo

----------------------------------------------------------------------------------------------

*COORDINADORA NACIONAL DE ECUATORIANOS EN ESPAÑA CONADEE *


*Solidaridad con la lucha del movimiento Indígena por el Agua del
Ecuador*


*¡Alto a la Represión! *


Ante la represión, detención y violencia a indígenas y sectores
sociales en Ecuador por la fuerza pública. Presentamos nuestro
repudio ha estos hechos desde los inmigrantes de distintas
provincias de Ecuador en España, demandamos la mediación
internacional. Exigimos al Gobierno de Rafael Correa y a la Asamblea
Nacional que detenga la represión y escuche las propuestas de los
pueblos indígenas en defensa del agua y de la vida, exigimos la
inmediata desmilitarización en las provincias y la liberación de
todos los detenidos en la Movilización que injustamente están siendo
encarcelados.


El agua es vida y es un derecho humano y en la ley debe estar
reflejado ese principio más elemental de la vida. El Gobierno de
turno lo que ha hecho es reunir a toda la partidocracia y su plana
mayor para favorecer en la ley a las empresas transnacionales y dar
apertura para que continúe la privatización del agua que es
continuismo de políticas que sirven para apuntalar al proyecto del
dominio mundial de las multinacionales a través de la nueva política
con discurso de Izquierda pero con práctica de derechista, porque
todos su actuaciones de en Asamblea Nacional así lo demuestran.


Desde diferentes Asociaciones de Migrantes que estamos lejos de
nuestra patria enviamos a todos los compañeros que están movilizados
en todo el Ecuador en especial a los compañeros de Ecuarunari,
Conaie y las juntas aguas, nuestra solidaridad de valentía y valor
por defender nuestros recursos naturales que son de todos los
ecuatorianos.


CON UN SOLO PENSAMIENTO, CON UN SOLO CORAZÓN Y SÓLO PUÑO

SHUC YUYAYLLA, SHUC SHUNGULLA, SHUC MAQUILLA


Aída Quinatoa

Presidenta de CONADEE


Mariano Chiliquinga

Comisión Pueblos indígenas en Madrid,


Manuel Andrade

Presidente KARUMANTA Vera-Almería


Luis Pichisaca

Presidente de Asociaciones-CAÑARIS –Murcia


Enrique Minga

Presidente de Intiñán-Valencia
--------------------
ecuachaski
www.ecuarunari.org
agenciaplurinacional@yahoo.com
ecuachaski@gmail.com
Telfax: 2580713
Julio Matovelle 1-28 entre Vargas y Pasaje San Luis (Sector Santa
Prisca)


--- El *vie, 5/7/10, Nidia Arrobo Rodas //*
escribió:


De: Nidia Arrobo Rodas
Asunto: Re: Peticiòn desde Sicsal Mèxico (Escuchar la voz del
Pueblo es oir la voz de Dios)
A: "Alfonso Anaya"
Cc: info@asambleanacional.gov.ec, todos@sicsal.net,
agenciaplurinacional@yahoo.com, ecuachaski@gmail.com, "Fundacion
Pueblo Indio del Ecuador"
Fecha: viernes, 7 de mayo de 2010, 07:19 pm

Muy querido Alfonso y hermanos hermanas del SICSAL MÉXICO:

Qué maravillosa expresión de solidaridad la expresada por
ustedes en estos momentos de tensión y angustia que vivimos.
Acciones como el envío de esta carta es una ayuda invalorable
para nuestro proceso de lucha. Que Dios les pague por la
iniciativa y la calidad de documento enviado que recoje
maravillosamente toda la problemática.

Aún estamos a tiempo para alcanzar rectificaciones. Dios quiera
que la prepotencia y el orgullo del poder sean vencidos para dar
luz verde a la sensatez, el bien público y la justicia.

Ete lunes haré llegar a la Asamblea su magnífica carta y este
mismo momento reenvío a todos nuestros compañeros de lucha.

Les agradezco con el alma,

Nidia

El 7 de mayo de 2010 19:06, Alfonso Anaya
escribió:

*Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con Amèrica
Latina y el Caribe Monseñor Oscar Arnulfo Romero (SICSAL)

*
*
Señores de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Presente:
Señores Asambleistas:


Nos dirigimos a Ustedes para expresarles nuestra profunda
preocupación por el conflicto que vive hoy Ecuador,
provocado por el afán de imponer una Ley de Aguas contraria
a la Constitución de su país y sus postulados de Buen Vivir,
Estado Plurinacional, Derechos de la Madre Tierra y Derecho
Humano al Agua.

El mundo ha sido testigo de los esfuerzos de los pueblos
indígenas y sus organizaciones por alcanzar sus propuestas
para una gestión equitativa del agua, fuente de vida que no
puede continuar acaparada en pocas manos sino ser gestionada
de manera plurinacional y multicultural, a través de una
Autoridad Única con participación de todos los sectores de
la población y dirigida a garantizar la soberanía alimentaria.

Sin embargo, El gobierno del Presidente Rafael Correa y la
mayoría de la Asamblea Nacional se empeñan en mantener el
agua en pocas manos privadas. Y las demandas de las
organizaciones indígenas son respondidas con represión y
criminalización, llegando incluso a acusar de terrorismo y
sabotaje al dirigente Carlos Pérez de Azuay, Cuenca.

Frente a lo anterior, lo exhortamos a escuchar las demandas
indígenas e incorporar sus propuestas en la Ley de Aguas,
detener la represión, liberar a los detenidos y cortar los
juicios abiertos en su contra. Y sobre todo a cumplir con su
Constitución, construyendo el Buen Vivir y el Estado
Plurinacional y respetando los Derechos de la Madre Tierra.

Los ojos del mundo están puestos en Ecuador, señores de la
Asamblea Nacional del Ecuador. Tienen ustedes en sus manos
una responsabilidad histórica: emprender un verdadero cambio
o continuar manteniendo un modelo extractivista destinado a
la acumulación individual y no al bienestar de todos los
ecuatorianos y ecuatorianas.

Atentamente,

Alfonso Anaya Andrade*
*Equipo Sicsal Mèxico*
*tel 55 23 95 82*

sábado, 8 de mayo de 2010

¿BUENAS NOTICIAS?

Ecuador: hay "buenas noticias" en negociación con China para hidroeléctrica

03:25 PM Quito.- El Gobierno de Ecuador afirmó hoy que hay "buenas noticias" en torno a la negociación con un banco chino para financiar la construcción del mayor proyecto hidroeléctrico de esta nación suramericana.

Según EFE, el vicepresidente ecuatoriano, Lenin Moreno, dijo que en esta semana se reunió con directivos del Banco de Importaciones y Exportaciones de China (Eximbank) para hablar sobre el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclaire.

Moreno no quiso revelar lo tratado, pero dijo que el presidente del país, Rafael Correa, en los próximos días ofrecerá las "buenas noticias acerca de estas conversaciones" con el banco chino.

Y es que el Gobierno de Ecuador esperaba una propuesta de China para estudiar la posibilidad de retomar las negociaciones sobre la financiación para la construcción de la central hidroeléctrica, luego de que fracasará una primera ronda de conversaciones.

"Si el Gobierno chino quiere presentar una nueva alternativa que se ajuste a los requerimientos de Ecuador, estamos prestos a escucharlos", indicó el pasado 28 de abril el ministro coordinador de Sectores Estratégicos de Ecuador, Jorge Glas.

El pasado 15 de marzo, el Gobierno ecuatoriano dio por finalizadas las negociaciones con el Eximbank, por considerar "inaceptables" unas exigencias de esa entidad para otorgar el crédito requerido para el proyecto.

El Gobierno chino insistió en retomar las negociaciones con una nueva propuesta, ante lo cual Glas dijo que la esperaría para "analizar si hay alguna posibilidad de llegar a una definición".

El vicecanciller chino, Li Jinzhang, en declaraciones a la agencia pública de noticias de Ecuador Andes, señaló que su Gobierno "tiene mucho interés en este proyecto".

Ecuador requiere una inversión de 1.979 millones de dólares para construir el proyecto hidroeléctrico, que tendrá una capacidad instalada para producir 1.500 megavatios de energía, casi el 45 por ciento de la demanda interna de electricidad.

La construcción del proyecto fue adjudicada a la empresa china Sinohydro, sin embargo, la ejecución estaba atada a la negociación del crédito con el Eximbank.

http://caracas.eluniversal.com/2010/05/08/eco_ava_ecuador:-hay-buenas_08A3870183.shtml

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!