Cléver Jimenez, asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe, precisa que la actual Ley de Minería, evade la responsabilidad del Estado en cuanto a la adopción de políticas y medidas oportunas para evitar los inminentes impactos ambientales, lo que conlleva implícito a más de la sanción correspondiente, la obligación del titular minero de restaurar los ecosistemas y resarcir a las personas y comunidades afectadas por la explotación minera.
El asambleísta se refirió a los cuatro puntos importantes de la propuesta de reforma a la Ley de Minería. Cumpliendo con lo que establece el Art. 316 de la Constitución, se elimine la entrega de concesiones mineras, y se reemplace por la “delegación del área minera” para evitar el negociado que se hace con nuestros recursos naturales.
La propuesta plantea la creación de una garantía del 10 por ciento de las reservas mineras probadas, que deberán entregar las empresas mineras al Estado ecuatoriano, para poder asegurar el cuidado del medio ambiente.
“Los titulares de derechos mineros, previa a la iniciación de las actividades de explotación, fundición y refinación de minerales, rendirán garantía económica suficiente, que cubra los gastos de recuperación y preservación del medio ambiente y sus componentes naturales” mencionó
Un punto adicional y el más importante, comentó Jimenez es evitar lo sucedido en la industria petrolera, ya que, en alrededor de cuarenta años de explotación, en la práctica ha significado el enriquecimiento de unos cuantos “vivos” a costa del empobrecimiento de millones de ecuatorianos.
Establece que los recursos económicos, producto de la explotación minera, se utilicen de manera exclusiva, para educación, salud, producción agrícola y ganadera, industria, micro empresa y vialidad; lo que se pretende es que, con los recursos económicos, producto de la explotación de nuestros minerales, se genere nuevas formas de vida para todas y todos los ecuatorianos y logremos con ello el verdadero desarrollo.
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