Luis Ángel Saavedra desde Quito
Mientras los gobiernos de Colombia y Ecuador afirman que se están superando las dificultades que provocaron la ruptura de sus relaciones diplomáticas desde marzo del 2008, a raíz del ataque perpetrado por militares colombianos a un campamento guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, en la frontera no hay elementos que permitan asegurar lo mismo, pues persisten las incursiones militares, el sicariato, el asesinato de civiles y los controles que impiden a la población fronteriza alimentarse. Después de la reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), realizada en Quito el pasado 9 de febrero, el canciller colombiano Jaime Bermúdez Merizalde afirmó que "se han superado las dificultades con Ecuador". Días antes, el propio presidente colombiano Álvaro Uribe había dado muestras de acercarse al mandatario ecuatoriano Rafael Correa, al agradecer su colaboración en la lucha contra las FARC.
"Quiero agradecer al gobierno ecuatoriano el esfuerzo que ha hecho recientemente en el área de frontera neutralizando unos terroristas de las FARC", dijo Uribe refiriéndose a una acción militar ecuatoriana ocurrida el 18 de enero, en la que fueron abatidas tres personas.
Correa, por su parte, afirmó que "nuestros soldados pudieron defenderse y las tres bajas son por parte de las FARC; antes hubieran sido bajas en nuestros soldados".
No obstante, campesinos de la Cooperativa Agrícola "Fuerzas Unidas" y de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo de Sucumbíos (FORCCOFES), ambas de Ecuador, desmintieron a los dos presidentes y aseguraron que los tres muertos eran campesinos, dos colombianos y uno ecuatoriano, que se desplazaban por el río Opuno, cerca a la frontera colombo-ecuatoriana, llevando víveres a Puerto Mestanza, Ecuador, y que fueron acribillados por el Ejército ecuatoriano.
"Los señores Orlando Tapia Molano, Sabrino Pérez y Francis Tamayo eran campesinos conocidos por todos nosotros. El señor Tamayo era un comerciante de Puerto Mestanza", asegura Calito Párraga, presidente de la cooperativa Fuerzas Unidas.
La versión de Párraga es corroborada por el fiscal de la provincia amazónica ecuatoriana de Sucumbíos, Felipe Villota, quien hizo el levantamiento de los cadáveres y dijo que no encontró uniformes militares o armas en los cuerpos de los abatidos.
"Yo tengo las pruebas de que no estaban armados, ni tenían uniformes militares. Se trata de una persona de nacionalidad ecuatoriana [Francis Tamayo], oriunda de Loja y que se dedicaba al comercio en Puerto Mestanza. La gente está muy indignada, denuncia los atropellos y malos tratos de las tropas militares y afirma que presenciaron los disparos. Vieron a quienes lo hicieron", dijo Villota.
En este caso hay por lo menos 15 testigos que observaron lo ocurrido, por lo que FORCCOFES decidió denunciar éste y otros hechos que se dan en la zona fronteriza de Sucumbíos, en donde los Estados sólo existen con acciones de represión militar.
Acciones conjuntas de amedrentamientoSegún FORCCODES, desde agosto del 2009 se han producido 14 incidentes en los que se involucra a patrullas militares ecuatorianas y a paramilitares colombianos, siendo el más grave el asesinato de Miguel Lapo y Miguel Pinzón, líderes de las comunidades ecuatorianas de Bermeja y San Martín, a manos de paramilitares colombianos el 28 de setiembre del 2009.
FORCCODES ha denunciado además las incursiones de la Marina del Ecuador en la cooperativa Fuerzas Unidas para amedrentar a familias de refugiados colombianos y a los dirigentes comunales, como los casos de Wilson Ernesto Chapid, cuya casa fue desvalijada el 7 de agosto del año pasado por una patrulla de unos 40 militares ecuatorianos, y de Claudia María Palma, quien fue golpeada junto a su hija de 15 años y un trabajador de su finca, por una patrulla de la Marina ecuatoriana, el 15 de agosto, al defender a uno de sus trabajadores de la finca que estaba siendo agredido por los militares.
Las comunidades de la frontera colombo-ecuatoriana aprovecharon una reunión binacional de autoridades locales de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos y el departamento colombiano de Putumayo, celebrada en Puerto Asís, Colombia, el pasado 29 de enero, para dar a conocer su realidad. Señalan que "mientras las autoridades locales buscan la integración fronteriza, basada en el comercio de las grandes empresas, la apertura de rutas terrestres, fluviales y aéreas, y las autoridades nacionales desean restablecer las relaciones diplomáticas, las comunidades de frontera son ajenas a estos acuerdos y deben sobrevivir en una zona donde, prácticamente, ninguno de los dos Estados desea la paz".
¿Condenados al hambre?Para las comunidades fronterizas, incluso los acuerdos firmados por los dos Estados pueden ser causa de represión. Por ejemplo, el artículo 30 del Decreto 1047 de 1994 firmado por los dos gobiernos, que regula las relaciones fronterizas entre Ecuador y Colombia, establece que la población de frontera podrá adquirir víveres por un valor aproximado de US$700 mensuales en cualquier lado de la frontera y trasladarlos al otro lado. La población que hace uso de esta facultad corre el riesgo de ser interceptada por las Fuerzas Armadas de cualquiera de los países, quienes les decomisan los víveres aduciendo que son productos para aprovisionar a las FARC.
Ante el temor del decomiso de los víveres, las embarcaciones tratan de evitar el encuentro con los militares, pues saben que las patrullas no dudan en disparar antes de preguntar cualquier cosa, como lo ocurrido el 18 de enero.
La necesidad de aprovisionamiento de víveres en una región en la que no se produce nada, ya que el suelo fue devastado por las fumigaciones de glifosato a los cultivos de coca en el lado colombiano, ha llevado a sus habitantes a protestar contra los controles y anunciar levantamientos, como el caso de Puerto Leguízamo (Colombia), sobre el río Putumayo, en la frontera entre Colombia y Perú.
Puerto Leguízamo debió soportar tres meses de paro armado a finales del año pasado, decretado por las FARC, lo que impidió que se pudiese abastecer por el río Putumayo. Además, enfrenta una sequía en los últimos dos meses que ha provocado que el río Putumayo pierda el caudal y no sea navegable; por lo tanto no se pueden hacer los viajes de seis horas entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo con los que se aprovisionaba a la ciudad.
Las autoridades de Puerto Leguízamo llegaron al encuentro de Puerto Asís con una sola consigna: pedir que se les permita, basados en el Decreto 1047, aprovisionarse de víveres en Puerto El Carmen, Ecuador, a dos horas de viaje por el río San Miguel, y así evitar la hambruna que se cierne sobre esta ciudad. La respuesta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) fue negativa.
"No se entiende esa actitud", manifestó el diputado colombiano por el departamento de Putumayo, Eúler Guerrero. "No se entiende cómo habiendo incluso las normas, se niega a una ciudad su derecho a comer".
Es indudable que en esta región la lucha contra las FARC, en la que ya está involucrado el Ecuador, se sobrepone al derecho que tienen las comunidades de alimentarse y sobrevivir, al respeto a la propiedad privada, pues los militares desvalijan a los campesinos, y al proceso de integración comercial, pues el comercio en los ríos Putumayo y San Miguel se sanciona con la muerte, tal como debieron entenderlo los tres acribillados del río Opuno.
La pregunta que cabe es por qué el gobierno ecuatoriano no admite estas denuncias pese a que se las han enviado oportunamente al ministro de Defensa, Javier Ponce, o si la realidad es como afirma uno de los motoristas del río Putumayo: "el Ejército ecuatoriano todavía responde a los EEUU; ellos financian a todos los militares que se mueven por estos ríos, y esas acciones son acciones paralelas que tienen un nombre: son acciones paramilitares".
—Noticias Aliadas.
La Corte Constitucional no acogió la demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley minera presentada en diciembre del 2009 por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), juntas de agua y campesinos. Sin embargo, la actual Asamblea Nacional deberá definir un mecanismo a través del cual se garantice que antes de una explotación minera se deberá cumplir con un proceso de consulta previa. 
