Sábado 12 de noviembre del 2011
CUENCA
Entre octubre y lo que va de noviembre, comunidades y organizaciones de Azuay y de otras provincias australes han resuelto, en al menos tres asambleas, rechazar la postura del Gobierno de calificar a la actividad minera como modelo económico necesario para el país.
Un encuentro se cumplió en el cantón Oña, el 5 del mes pasado. Entidades coordinadoras intercantonales de Jubones, de la cuenca del río León, de pueblos kichuas saraguros, de salud y la vida del Pangui; así como el Frente de Defensa del Agua y la Vida del Cañar, comunidad Cochapata (Nabón), federaciones provinciales de comunas lojanas y otras, ratificaron la oposición a la explotación minera por los posibles efectos negativos a las fuentes naturales de agua y al medio ambiente en general. En esa cita incluso asistieron sacerdotes de Azuay, Cañar y Morona Santiago.
Algunas de las organizaciones también participaron de la asamblea del 31 de octubre en la parroquia Cochapata (Nabón), donde los asistentes se solidarizaron con siete comuneros de ese cantón azuayo sentenciados a 8 años de reclusión, tras un juicio por su oposición al uso de una fuente de agua.
“Recorrimos un largo camino para unir a los pueblos, para defender las tierras donde el presidente (Rafael) Correa considera corredores mineros, descartando la afectación y contaminación del agua que consumimos todos los habitantes de estas zonas”, dijo Abel Arpi, presidente de la Asamblea de los Pueblos del Sur.
Agregó que la minería desplaza a los pueblos. “Con la inevitable contaminación se deja de producir la tierra”, sostuvo.
Las entidades sociales resolvieron mantenerse alerta frente a próximas firmas de contratos mineros con transnacionales. Dijeron que realizarán marchas a nivel nacional.
A través de una carta abierta, pidieron al presidente Correa que se termine las “persecuciones de los defensores del agua y la vida”, en alusión a los dirigentes enjuiciados.
Un encuentro se cumplió en el cantón Oña, el 5 del mes pasado. Entidades coordinadoras intercantonales de Jubones, de la cuenca del río León, de pueblos kichuas saraguros, de salud y la vida del Pangui; así como el Frente de Defensa del Agua y la Vida del Cañar, comunidad Cochapata (Nabón), federaciones provinciales de comunas lojanas y otras, ratificaron la oposición a la explotación minera por los posibles efectos negativos a las fuentes naturales de agua y al medio ambiente en general. En esa cita incluso asistieron sacerdotes de Azuay, Cañar y Morona Santiago.
Algunas de las organizaciones también participaron de la asamblea del 31 de octubre en la parroquia Cochapata (Nabón), donde los asistentes se solidarizaron con siete comuneros de ese cantón azuayo sentenciados a 8 años de reclusión, tras un juicio por su oposición al uso de una fuente de agua.
“Recorrimos un largo camino para unir a los pueblos, para defender las tierras donde el presidente (Rafael) Correa considera corredores mineros, descartando la afectación y contaminación del agua que consumimos todos los habitantes de estas zonas”, dijo Abel Arpi, presidente de la Asamblea de los Pueblos del Sur.
Agregó que la minería desplaza a los pueblos. “Con la inevitable contaminación se deja de producir la tierra”, sostuvo.
Las entidades sociales resolvieron mantenerse alerta frente a próximas firmas de contratos mineros con transnacionales. Dijeron que realizarán marchas a nivel nacional.
A través de una carta abierta, pidieron al presidente Correa que se termine las “persecuciones de los defensores del agua y la vida”, en alusión a los dirigentes enjuiciados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario