Concesiones vigentes para dar paso a explotaciones mineras a gran escala. Falta de acceso al agua para regar los sembríos. Contaminación de ríos. Ampliación de los territorios para la extracción de petróleo.
Estas son algunas de las premisas que motivan la convocatoria a una movilización nacional para el próximo jueves, como protesta contra las políticas del actual régimen, según dirigentes indígenas y ambientalistas que apoyan esta iniciativa.
Las críticas apuntan a la postergación de la aprobación de una Ley de Recursos Hídricos y de Tierras. Ello no ha ocurrido con otras leyes como la de Minería que el llamado Congresillo aprobó en enero del 2009; marco jurídico que posibilita la ejecución de proyectos mineros en áreas concesionadas de la Cordillera del Cóndor, en Zamora Chinchipe; y zonas altas de la provincia del Azuay, que los comuneros dicen que afecta a los cuerpos hídricos.
La firma de contratos para dar paso a la minería a cielo abierto es uno de los puntos más álgidos. El ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, informó que mañana se firmará el primer contrato de este tipo, que permitirá a la empresa Ecuacorriente (Ecsa), de capital chino, desarrollar la mina El Mirador, ubicada en la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, donde hay reservas comprobadas de cinco mil millones de libras de cobre. La firma invertirá $ 1.400 millones en los próximos cinco años. Se prevé la entrega de regalías anticipadas por $100 millones.
A la par, el Gobierno negocia la firma de otros tres contratos de este tipo con las empresas Kinross, de capital canadiense, para explotar el proyecto Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe; International Minerals para un proyecto de oro y plata en Río Blanco (Azuay); y IamGold que planea desarrollar el yacimiento de oro, cobre y plata en Quimsacocha (Azuay).
Lo más grave para Washington Tiwi, presidente de la etnia Shuar de Zamora Chinchipe, es que estas concesiones se mantienen sin un proceso de consulta previa a las comunidades. “Se ha incumplido el mandato constitucional de consulta previa. Esa concesión afectaría al río Quimi y a comunidades shuar como Churubia, por eso vamos a marchar a Quito”, dice Tiwi.
La organización Acción Ecológica (AE) también rechaza la firma del contrato con Ecsa, que implicará la formación de un cráter de 1,2 km de diámetro y 250 metros de profundidad, según Gloria Chicaiza, miembro de AE, quien considera que con esta firma se afianza el modelo extractivista. “Creíamos que con el mandato del 18 de abril de 2008 se iban a revertir las concesiones mineras que afectaban a fuentes de agua o zonas protegidas; sin embargo las concesiones a estas empresas quedaron intocadas pese a que cumplían esas condiciones”, dice.
La ambientalista advierte que la minería a cielo abierto implica un cráter en el que desaparece el follaje para acceder al yacimiento. “Se hacen explosiones con toneladas de amoniaco y diesel y lo peor es que el costo de esta explotación a largo plazo, en unos quince años, será superior a las regalías que las transnacionales puedan dar al Estado”, menciona Chicaiza.
Según información que el Ministerio de Recursos No Renovables remitió a Acción Ecológica, a enero pasado, en el país se mantenían 1.012.825 hectáreas concesionadas para minería y 202.473 ha, están en proceso de otorgarse.
Mientras, dirigentes indígenas están decepcionados del Gobierno, debido a que la situación del campo sigue intacta, según Olindo Nastacuaz, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa (CONAICE).
Nastacuaz, de la nacionalidad Awá cuyos 4.800 miembros viven en 116.640 ha de tierras que se extienden entre las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, refiere que las comunidades de la zona están afectadas por el uso de químicos en la minería ilegal y para fumigar los monocultivos de palma africana. “En las vertientes hay mercurio, arsénico, lo hemos comprobado mediante análisis realizados, presentamos la denuncia ante la Fiscalía en el 2009 pero hasta ahora el proceso no avanza. De nada sirvió darle derechos a la naturaleza en la Constitución del 2008”, asevera Nastacuaz, quien dice que participará en la marcha.
Más al sur, los monocultivos de palma africana, teca y de árboles maderables como balsa han marcado a las zonas rurales de El Empalme (Guayas) y de Los Ríos. Campesinos del sector dicen que estos cultivos se han desarrollado durante los últimos cinco años, en reemplazo de otros sembríos de productos que contribuyen a la seguridad alimentaria del país como el maíz o los tomates.
Aunque la presencia del Gobierno en el agro se observa en políticas como la entrega de urea a precio subsidiado ($10 el saco), o de borregos mediante préstamos; los dirigentes indican que ello es insuficiente para que los campesinos salgan de la pobreza y puedan, realmente, desarrollar sus cultivos.
La falta de acceso al agua para riego y la concentración de tierras para garantizar el carácter agroexportador se mantiene como estructura agraria del país, según un análisis difundido en enero pasado bajo el título: “Estructura agraria y Modelo de acumulación rural en el Ecuador” que realizó el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) y la Fundación Rosa Luxemburg.
En este análisis se señala que el art. 1 de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria plantea fomentar la pequeña producción campesina, mientras que el art. 344 de la Constitución reconoce la necesidad de redistribuir la tierra y el agua. Pero “ello se ha quedado en letra muerta y como parte de un discurso de tarima”, según José Acacho, vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ente que convoca la marcha de este jueves y que aglutina a 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos.
En un recorrido realizado por seis provincias y por referencias de lo que ocurre en otras seis, se evidencia la misma estructura agraria de monocultivos (banano, cacao, flores) frente a los pequeños campesinos que con su producción contribuyen a la seguridad alimentaria del país.
En el análisis del IEE, se señala que la situación de las familias rurales “no ha cambiado significativamente en cuatro años de gobierno (del 2007 al 2010 del presidente Rafael Correa)”. Como muestra se indica que 2’546.000 personas vivían con menos de dos dólares diarios en el sector rural en el 2010, lo que representa el 53% de la población del campo.
Se añade que “a pesar de dos intentos de reforma agraria (1964 y 1973), el último censo agropecuario (2001) muestra que no ha existido una redistribución efectiva de tierras, lo que se mantiene”, dice el informe.
Como ejemplo: el 75,50% de las familias rurales posee propiedades menores a 10 ha. Un 18,10% de las familias del campo tiene propiedades medianas (entre 10 y 50 ha), y un 6,40% de las familias tienen propiedades mayores a 100 ha.
Se indica, además, que 616 familias ligadas a la agroindustria tienen 3.593.496 ha, mientras que 712.035 familias campesinas poseen 2.481.019 ha.
“Nada ha ocurrido en estos cinco años para que esta situación cambie. No se ha aprobado la Ley de Tierras ni la de Aguas. Tampoco se ha realizado un nuevo censo agropecuario, ya que los últimos datos son de hace once años y ahora nos enfrentamos al peligro de que aumenten las explotaciones petroleras y mineras”, dice German Freire, presidente de la nacionalidad Achuar, quien junto a delegados de los Kichwa, Shiwiar, Shuar, Waorani y Sápara firmaron el lunes pasado una declaración, en la que rechazan el anuncio del Gobierno de iniciar la décimo primera ronda petrolera, que consideran afectaría a tres millones de hectáreas de territorios de las provincias de Orellana, Pastaza y Morona Santiago, en el Oriente.
El otrota presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, asegura que no hay un interés del Gobierno por equiparar esta inequidad: “no hay ninguna transformación (...). Es preciso asegurar el acceso al agua y al crédito”, enfatiza.
En tanto, desacuerdos sobre puntos críticos como la autoridad única del agua (designada por el Ejecutivo) mantienen rezagado el proyecto de Ley de Aguas, cuyo debate se suspendió en el 2009. La asambleísta Diana Atamaint (Pachakutik) cuestiona el informe de mayoría de la Comisión de Soberanía Alimentaria para el segundo debate del proyecto. Ella considera excesivas las atribuciones de la autoridad única del agua.
Acacho por su parte critica la intención de que los sistemas de riego comunales sean manejados por la autoridad única del agua, y no por las comunidades indígenas como ocurre actualmente en la región Sierra.
Para este reportaje, se solicitó una entrevista con Diego Rivera, subsecretario de Tierras y Reforma Agraria, pero desde el 25 de enero pasado no hubo respuesta. Mientras que el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, tampoco respondió al pedido de entrevista planteado el lunes último.
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