miércoles, 15 de julio de 2009

JAVIER RODRIGUEZ PARDO EN ECUADOR


Salvador Quisphe Prefecto Shuar de Zamora en Amazonía


El presidente de los shuar en Foro Transfronterizo en la Amazonía


Pepe Acachú presidente shuar de la FICSH


Intervención J.R.Pardo OCMAL III

EN TERRITORIO DE LOS SHUAR

Por Javier Rodríguez Pardo

“Los Shuar necesitamos toda la información posible de la minería transnacional. Los aportes que nos traen ustedes. Saber qué hicieron en otros lugares. También que nos apoyen, que vengan a la Amazonía, que estén con nosotros. Este año voy a disponer que en la Amazonía se plebiscite la minería. Para entonces queremos tenerlos aquí, con toda la información y con la experiencia que ya tienen.”

Marcelino Chumpí es el primer shuar que preside la Prefectura de Morona Santiago, cantón Morona de la Amazonía del Ecuador. Con la palabra de este dirigente de la etnia shuar iniciamos el presente informe, recogido en Macas (32.000 habitantes), cabecera cantonal y provincial en plena selva amazónica, en un encuentro internacional donde expusimos nuestra ponencia sobre “minería transfronteriza” (En el marco de la OCMAL, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, julio 6/9-2009). Marcelino Chumpí reclama además la participación y apoyo de la comunidad internacional.

La Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), la componen 120.000 miembros de 500 núcleos o comunidades de familias (centros), ubicados en cinco provincias orientales del Ecuador: Morona Santiago, Zamora, Chinchipe, Pastaza y Napo. Se constituyó el 22 de octubre de 1964 (acuerdo ministerial 2568) mediante un fuerte rechazo a los tratados de libre comercio y a la minería mediante un boletín memorable: “ El Consejo de Gobierno de la FICSH acordó lo siguiente: a) Rechazar la actitud inconsulta, antidemocrática del Gobierno Nacional, para la firma del TLC. b) Exigir el retiro inmediato de las compañías mineras que están realizando explotaciones. c) No permitir el ingreso de la compañía petrolera en los Bloques 23 y 24. d) Exigir al Gobierno Nacional que antes de la firma del Tratado de Libre Comercio se consulte al pueblo ecuatoriano. e) Continuar solidarios con la Movilización Nacional de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) con carácter de indefinido. f.) Programar reuniones con el Prefecto de la Provincia y Consejeros, con los señores Alcaldes, Concejales, con todos los sectores sociales organizados y convocar a hombres, mujeres, estudiantes y juventud en general para generar una fuerza de presión para que el gobierno ponga oídos y acepte la consulta popular. g) Exigir al gobierno central la asignación de mayor presupuesto para que cuanto antes, se termine con la construcción de la Troncal Amazónica, la carretera Macas-Riobamba-Mendéz-Guarrumales, Macas-Macuma-Taisha a Yaupi, y para la terminación del puente río Pastaza. h) De acuerdo con el desarrollo del paro nacional, en una forma progresiva se irán aplicando medidas de hecho como el caso del bloqueo de las carreteras de nuestra provincia.”

Una de las primeras medidas de la FICSH fue el sistema bilingüe de educación simultáneamente con el movimiento Pachakutic “para captar espacios de poder político en funciones públicas”, nos explicaba Jorge Unkuchuc. El actual presidente de la federación es Pepe Akachú y fue el encargado de cerrar el encuentro de minería transfronteriza advirtiendo en lengua Shuar Chicham (común a todos los Jíbaros) que no permitirán “la explotación de la minería en sus territorios. En los territorios de la Cordillera del Cóndor somos mayoría shuar y nos opusimos siempre a la minería. Es un área de conflictos permanentes –dice Akachú- y nunca fuimos consultados. Mediante la FICSH se quiso suscribir en 1998 un convenio de socialización minera con la compañía Ecuacorriente y –sentencia de manera amenazante- los dirigentes fueron destituidos por las bases, en asambleas, y hoy no hay petroleras ni mineras en territorios shuar”. Además de esta etnia mayoritaria en la región amazónica, también conviven los achuar, andoas, cofan, huaoraní, kichwa, sarguro, secoya, shiwiar, siona, zaparo y quijos. “En 2008 –recuerda el presidente de la FICSH- una compañía estaba operando sin permiso en el cantón Tiwintsa, sin informe de impacto ambiental, estaban ilegales –comenta- entregaban arroz y otros alimentos para convencer a los shuar del lugar. Los expulsamos, como también hicimos en San Carlos de Limón (cantón San Juan Bosco) donde la compañía Ecuacorriente actuó protegida por la policía para extraer muestras testigo de yacimientos mineros, pero impedimos que se las llevaran.”

El mensaje de Pepe Akachú, elegido hace escasos meses presidente de la federación shuar, concluyó con una fuerte declaración en respaldo de los hermanos Shiwiar y Awajún (o Aguaruna) , asesinados en la masacre de Bagua, Perú, el 5 de junio pasado; varias etnias comparten la frontera amazónica: “Cuando condenamos la masacre -dice Akachú- el gobierno de Correa nos tildó de guerrilleros y terroristas, que íbamos a defender a nuestros hermanos con las armas. Bien sabemos que fuimos el frente ensangrentado de las guerras Ecuador-Perú, entre pueblos hermanos, ahora debemos unirnos porque el enemigo invasor está en ambos lados con gobiernos que piensan igual, que quieren hacer entrar a la minería y a las petroleras. Nosotros no tenemos fronteras. Es la misma selva amazónica. El bosque es nuestra madre. Y los que están de un lado también tienen familia de este otro. Debemos estar vigilantes. Nuestra selva es pulmón del mundo.”

A raíz de estas exposiciones pero fundamentalmente de observaciones y diálogos que sostuvimos en Macas con el pueblo Shuar Arutam (Shuar:persona, Arutam:Dios). aventuramos algunas conclusiones, apoyadas en hechos históricos y en acciones que se proyectan inevitables:

La masacre de Bagua en la Amazonía peruana

El 5 de junio de 2009 el mundo se conmovió al conocer la matanza de numerosos indígenas de las tribus Awajún y Wampís y también de Shuar y Achuar. Miembros de la iglesia salesiana con asiento en el lugar de los hechos intentaron llegar hasta los aguarunas pero se lo impidió la policía peruana. Por entonces la zona era un pandemonio de médicos, enfermeras, periodistas y fuerzas armadas. Las muertes se multiplicaban como reguero.

Al principio se habló de 25 cadáveres de aguarunas y varios de policías. Los cadáveres de los nativos desaparecieron, ocultados rápidamente por los represores y arrojados al río, pero se calculan varias decenas de indígenas muertos. El gobierno de Alan García pretende eludir su responsabilidad, pero especialistas en el conflicto aducen que “el enfrentamiento se podía haber evitado si el día anterior el Congreso hubiera tratado el tema de los decretos y leyes sobre la explotación petrolera y minera en la selva amazónica” (Testimonio de la iglesia de Jaén- Marañón, 9 de junio de 2009).

Los aguarunas (awajún) y huambisas (wampìs) fueron perseguidos y huyeron al verse inferiores a los soldados del gobierno que portaban armas de repetición de grueso calibre. Parte de las fuerzas que intervinieron pertenecen a la DINOES (cuerpo policial especializado) en tanto los nativos portaban sólo lanzas. Catorce indígenas más cayeron en la huida. Un testimonio de la iglesia de Jaén afirma que muchos cruzaron el río Marañón y se refugiaron en la parroquia de Bellavista. Otros lo hicieron en las capillas de las dos Baguas y la mayoría en la espesura amazónica. (Se contabilizó un centenar de indígenas heridos).

Al día siguiente, 6 de junio, ocurrió la matanza de los policías, entendible en la cultura de los pueblos jíbaro pues consideran a la venganza como única forma de “derrotar al espíritu del enemigo y de no ser considerados cobardes.” Se calcula que con lanzas, exponiendo sus cuerpos, algunos indígenas alcanzaron a arrebatarle las armas a los policías, porque en las guerras de Perú y Ecuador supieron como utilizarlas al servir de tropa en ambos gobiernos fronterizos. El contraataque indígena, la emboscada, es la excusa de Alan García para tildar las muertes de los policías como el origen de la matanza. Pero los policías fueron baleados con la misma munición que portaban para sus fusiles automáticos AKM, que los nativos le arrebataron a la fuerza, en tanto bombas lacrimógenas y explosivos diversos arrojados desde helicópteros, abrieron al medio cabezas y rostros indígenas. La iniquidad de las batallas fue total.

El sacerdote salesiano Juan de la Cruz nos contaba que “la brecha de desconfianza de los nativos amazónicos hacia el Estado peruano se ha hecho enorme. Es que la cultura de los pueblos jíbaros Awajún y Wampis es distinta incluso a la mestiza. Los aguarunas (awajún) tienden manos de amistad y son agradecidos y muy solidarios pero al sentirse amenazados aflora la ascendencia de una de las culturas más agresivas de la Amazonía: recién hace 80 años que tomaron contacto con la cultura occidental y menos de 50 años que dejaron la Tsantsa (práctica de reducir las cabezas de sus enemigos) y ante la orden del gobierno de desbloquear por la fuerza el paso cortado por más de 1.500 indígenas de estas comunidades jíbaras, se produjo la masacre. La acción de los awajún y wampis impedía el paso de transportes por la carretera Belaunde Terry, en el sector llamado Curva del Diablo, entre Cajamarca y Bagua en la Amazonía, al norte de la selva peruana. Acompañados por la Federación de Rondas Campesinas de Jaén había otro bloqueo de la misma ruta en el cruce de Chamaya, exigiendo plebiscitos, la derogación de las leyes que entregan los bienes comunes de los pueblos indígenas y la defensa de la biodiversidad diezmada por petroleras y mineras voraces. Un mes y medio de protestas con paralización de actividades concluyó con una de las masacres más aberrantes de pueblos indígenas. En Bagua, el pueblo soliviantado destruyó el local del partido aprista mientras otro grupo de indígenas tomaron la estación de bombeo del Oleoducto Norperuano de Petroperú, con 38 policías rehenes. El ejército rescató a 22 policías con vida, en tanto el gobierno ocultó las cifras de las comunidades awajún y wampis que cayeron en la fatídica estación 6ª de bombeo. No cabe duda que el autoritarismo fascista del gobierno aprista de García gobierna sin razones y con represión violenta.

Una de las partes ignora hasta qué punto hay pueblos que entregarán su vida en defensa de sus territorios ancestrales. Es responsabilidad del gobierno saber eso. La cosmovisión indígena de la Amazonía se asemeja en este caso a la mapuche austral del sur de nuestro continente: “El bosque, los ríos y los animales son morada de los espíritus y atentar contra el medio ambiente es atentar contra su religión.” La Pachamama mora en sus montañas, lagos y ríos. Para los pueblos awajún y wampis la venganza es una exigencia y no cumplir con ella es olvidar a sus seres caídos. Contraatacan para tomarse vida por vida, creencia ancestral del pueblo jíbaro guerrero. Reaccionaron de la única manera que conocen.

En tanto el presidente Alan García los tilda de “perros del hortelano”: que no comen ni dejan comer, y pone en práctica siete decretos con los que cede la Amazonía a las corporaciones petroleras, de gas y minerales, pero también a las madereras y de agrocombustibles. Dijo además que “los ecologistas son los comunistas de hoy” y que se trata de una conspiración extranjeras de estas organizaciones y de derechos humanos asociadas con los presidentes de Venezuela y de Bolvia (Hugo Chaves y Evo Morales).

Tales términos nos recuerda a los discursos neoliberales de la ex secretaria de medio ambiental del gobierno argentino de Carlos Menem, María Julia Alsogaray, quien no dudaba en tildar a los ecologistas de “agentes sandía”: verdes por fuera y rojos por dentro; con su mediocridad no le resultaría difícil calificar de igual modo a la nación jíbara de la Amazonía.

Personalmente creo que se abre un abanico de múltiples acciones donde el gobierno de Alan García, y él mismo en persona, no las tiene todas consigo. Sostenemos que la masacre de Bagua, después de haber recorrido e interrogado a dirigentes indígenas de la región ecuatoriana y a los que ingresaron del Perú, implica “otro” comienzo, nuevas pautas de relación con los habitantes de la selva amazónica y mayor trabajo de los docentes y profesionales shuar que forman parte de sus comunidades. Educadores shuar partícipes del encuentro transfronterizo de Macas nos agradecieron unas páginas sobre los métodos extractivos de las corporaciones mineras exclamando: “me acaba de entregar un rifle”.

Los shuar por ejemplo, apuestan a dominar todos los estamentos del gobierno del Ecuador y es que crecen a un ritmo vertiginoso. Se preparan, mandan a sus hijos a colegios y a universidades occidentales, pero no olvidan su propia lengua y cultura. Muchos ya son reconocidos profesionales; el actual prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpi, es licenciado en sociología y ciencias políticas, master en gobernabilidad, manejo de conflictos y catedrático universitario, preside algunas consultorías y es representante del Ecuador ante el Fondo Indígena.

Es común que muchos varones tengan más de cinco hijos y más de una esposa; hemos caminado por Macas con un nativo que nos habló de sus 21 hijos y cinco esposas. A ese ritmo no será difícil obtener la mayoría a la hora de elegir representantes. Por ahora la comunidad shuar de Ecuador cuenta con 31 alcaldes y 5 prefectos a nivel nacional, además de 25 juntas parroquiales en cargos de dominio público, funcionarios, concejalías y diputaciones. Sus 14 nacionalidades se preparan para rechazar más de 200 proyectos hidroeléctricos concebidos por el gobierno de Correa para la devastación y el saqueo, 36 bloques petroleros y 842.000 hectáreas en concesión a trasnacionales mineras. Exigirán la aplicación real de la Asamblea Constituyente de la que ya se olvidó Rafael Correa y donde se expresa que la Naturaleza es sujeto de derecho: “A pesar de Correa lucharemos para impedir la destrucción de nuestra Amazonía” aseguraba otro ecuatoriano de Saracuse, representante de Resistencias Populares Indígenas, "exigiremos la inconstitucionalidad de la ley minera de Correa aunque será sólo con la acción de nuestros pueblos que podremos abolirla”. El shuar Raúl Petsein dirige los programas de la FICSH; explicó que “la Federación sirvió para que se reconozca la cultura transnacional bilingüe, ganar los espacios políticos para obras de infraestructura, actividades productivas y sostenibles de nuestro territorio y -recalcó- gracias a eso tenemos un territorio con fauna y flora”.

Los territorios de la Amazonía en manos de los shuar comienzan a labrar otro destino. El prefecto Marcelino Chumpi, hizo público su compromiso de plebiscitar la provincia de Morona Santiago para declararla ecológicamente sostenible. Pidió nuestra participación y que regresemos con toda la información que tengamos, además de profesionales, ingenieros de minas, hidrogeólogos, etc., “que nos ayuden a contrarrestar -dijo- la información tendenciosa de las corporaciones mineras.”

Contigua a Morona y a la provincia de Azuay se halla la provincia de Zamora Chinchipe, sur oriente de la Amazonía. Es una región montañosa, orografía que la diferencia del resto de la región amazónica. Salvador Quisphe Lozano (38 años), es su Prefecto electo (como ya mencionamos). Al igual que Chumpi, el prefecto zamorano también se recibió de sociólogo, especializado en idiomas quichua e inglés. Fundó la actual Federación Provincial de Saraguros de Zamora Chinchipe. Ocupó la presidencia de la Confederación de Pueblos Quíchuas del Ecuador (1999-ECUARUNARI). Sus discursos en la campaña electoral se centraron en la defensa de los recursos naturales, sin embargo algunas posiciones intransigentes lo ubicaron favorablemente en los primeros planos de la política ecuatoriana. Salvador Quisphe fue, junto con Antonio Vargas (ex-presidente de la CONAIE), quien se alzó mediante una revuelta indígena contra el gobierno de Jamil Mahuad, literalmente entregado a los intereses del Fondo Monetario Internacional y de la banca ecuatoriana; derrocaron a Mahuad con movilizaciones indígenas y populares. Más tarde en 2008, Quisphe fue asesor del bloque de Asambleístas de Pachakutik en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. En todas sus funciones (aún cuando fue diputado) el electo Prefecto de Zamora manifestó prioridad por la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente de Ecuador. Es conocido su absoluto rechazo a las transnacionales mineras y por esta circunstancia soportó la cárcel durante los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacios y del propio Rafael Correa; gobiernos que cedieron el patrimonio que guarda el suelo amazónico a la voracidad de las corporaciones mineras como la Corrientes Resourses o ECSA con el cobre de la Cordillera del Cóndor, y la Aurelian y IMGOLD con el oro. Salvador Quisphe le ganó las últimas elecciones a una coalición gestada por el gobierno de Correa con socialcristianos y empresas mineras. A propósito promocionó un impactante mensaje preelectoral que supo repetir ante nosotros en el encuentro transfronterizo de Macas: “Ni al gobierno de Rafael Correa, ni a las empresas mineras, les interesaba quien ganaría la prefectura de Zamora Chichipe; lo que a ellos les importaba es que no ganara Salvador Quisphe porque saben que con un prefecto como yo no será fácil llevarse nuestra riqueza mediante un puñado de canadienses... La minería a gran escala no respeta los derechos del agua, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, el Sumak Kawsay (buen vivir) y por ello rechazaremos este tipo de minería”.

Con Quisphe dialogamos en Macas sobre el futuro de la región amazónica y las compañías mineras que ya desembarcaron de la mano del presidente Correa.

De igual modo se expresa Domingo Ankuask. Primero se presenta como shuar y luego como presidente de la CONFENIAE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Dice que “las Nacionalidades y Pueblos de la Amazonía rechazan a la minería transnacional a cielo abierto y viven movilizados en Zamora y Morona Santiago para defender sus territorios amenazados por los proyectos mineros inconsultos” y que “si las mineras mantienen a unos pocos asalariados shuar para que dividan a su pueblo y lo desprestigien con sus posiciones de entrega y traiciones, habemos decenas de miles de shuar que estamos dispuestos a defender hasta con la vida el territorio y la cultura de nuestros hijos. No creemos en las falsas promesas de las mineras y sus testaferros”.

Dejamos Macas y la región amazónica con la sensación de haber estado ante pueblos decididos a todo. De inmediato rondaba la pregunta ¿Se repetirá lo de Bagua en Ecuador?

Por lo pronto la ley minera de Rafael Correa es una virtual provocación y un escupitajo sobre la Asamblea Constituyente de Montecristi. Una ley que le otorga tiempo ilimitado a la actividad minera y múltiples facilidades. Pero la ley de Correa supera con creces, en leonina, a los decretos de Alan García que ocasionaron la masacre de Bagua. Hoy las organizaciones sociales, populares e indígenas la demandan por inconstitucional. La nueva ley minera que se discute en Ecuador no sólo facilita la actividad de las transnacionales extractivas sino que delimita zonas de frontera con un espacio de 40 kms. (y marítimo de 12 millas), donde toda la Cordillera del Cóndor está sujeta a esta ley de Seguridad Nacional, porque en esas fajas territoriales clasificadas y hasta secretas se hallan precisamente las concesiones mineras de Ecuador. La ley por tanto, admite en ellas la presencia y accionar de las fuerzas armadas por motivos de seguridad nacional.
Nos preguntamos una vez más ¿Se repetirá en Ecuador la masacre de Perú?.

Javier Rodríguez Pardo
Macas, Amazonía – Quito, Ecuador, 1/10 de julio de 2009.
Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina (RENACE), Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

domingo, 28 de junio de 2009

RENACE EN ECUADOR

RENACE

RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA

28 de junio 09


ENCUENTRO OCMAL 2009 EN ECUADOR

Nuestro compañero JAVIER RODRIGUEZ PARDO participará del encuentro OCMAL 2009 que se llevará a cabo en Quito, Ecuador del 3 al 5 de julio de 2009.

OCMAL significa “Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina” , articula información y respuestas sobre resistencias y rebeliones regionales ante el avance de las invasiones mineras corporativas transnacionales.

Se tratarán las nuevas legislaciones mineras en la región, leyes represivas ante la protesta social, transnacionalización de los impactos en el agua, energía y minería, los derechos humanos ante la militarización, criminalización y judicialización de la región. Además, estrategias frente a gobiernos progresistas y conflictos mineros. Con posterioridad, los participantes se trasladarán a la ciudad de Macas donde se realizará un encuentro de “minería de fronteras”.

Entre los objetivos figura elaborar acuerdos operativos para un plan regional de trabajo conjunto

http://www.conflictosmineros.net/

conflictosminros@conflictosmineros.net

Contacto con Javier Rodriguez Pardo:

Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH)
Sistemas Ecológicos Patagónicos (SEPA)
Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)

www.machpatagonia.com.ar

machpatagonia@gmail.com

(011) 156 7485340

RENACE www.renace.net

jueves, 11 de junio de 2009

La minería domina el discurso de los candidatos en Portete

El tema de la campaña electoral es el mismo en la parroquia cuencana Victoria del Portete. Las siete listas inscritas para la junta parroquia ofrecen una oposición a la minería.

Desde hace dos años, los habitantes de esta jurisdicción protagonizan protestas, con cierre de vías y enfrentamientos con policías. Ellos defienden el área de Quimsacocha, en donde la minera Iam Gold tiene una concesión de 9 600 hectáreas.

El sector de Quimsacocha está ubicado a 35 kilómetros, en el sureste de la capital azuaya, en la parte alta, entre las parroquias Victoria del Portete y Tarqui (Cuenca), San Gerardo (Girón) y Chumblín (San Fernando).

Para estas elecciones, 35 candidatos de siete movimientos y partidos políticos se disputan los cinco puestos para el Gobierno Parroquial. “Todos manejan cinco ejes de trabajo, pero como estrategia para ganar el voto de los indecisos centran sus discursos en el tema ambiental”, confirmó Patricio Granda, habitante de la zona.

Por ejemplo, la consigna de los candidatos de la alianza Pachakutik-Polo Democrático es “sí al agua, no a la minería”. Para Federico Guzmán, quien lidera la lista, la minería responsable que propone el Régimen no existe.

En Quimsacocha están tres lagunas naturales. Es un área de bosque nativo con humedales, que alimentan a los ríos Yanuncay, Irquis y Jubones.

Por eso, para Adolfo Álvarez, del movimiento Nueva Vida para Todos, permitir la extracción de oro es acabar con el agua que consume la población, con especies nativas, y destruir el suelo.

La minera solo fijó 120 hectáreas, entre los sectores de Cerro Casco y río Falso, para la extracción del metal precioso.

Fausto Calle, habitante de la zona, cree que las propuestas son un baratillo de ofertas.
“Con o sin el apoyo del Gobierno parroquial no aceptaremos la minería”.

Su vecino, Heriberto Matute, señala que a última hora hasta quienes defendían la minería cambiaron sus discursos.

Cristian Pugo, candidato por Movimiento País, va más allá. Él defiende el derecho a la revolución ciudadana, “considerando a la parroquia como ambientalmente equilibrada y libre de contaminación”.

Según él, estará pendiente y vigilante de todo lo que atente contra la vida humana y que para ello se apegará a la parte jurídica.
NOTA ORIGINAL

Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido

Alberto Acosta
Eduardo Gudynas
Esperanza Martínez
Joseph Vogel

INTRODUCCIÓN

En el año 2007, el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, presentó públicamente la propuesta de no explotar el petróleo en la zona del Parque Nacional Yasuní. La iniciativa representaba una acción sustantiva para la protección ambiental del área y sus habitantes, y para innovar en la búsqueda de alternativas al desarrollo extractivista tradicional basado en la exportación de productos primarios.

La propuesta, también conocida como iniciativa ITT (en referencia a las reservas petroleras del corredor Ishpingo-Tambococha-Tiputini, ubicado en ese parque), rápidamente motivó una importante atención a nivel internacional, y un prolífico debate sobre las vías que debían transitarse para concretarla. Asimismo, se entendía que esa medida implicaría contar con recursos financieros, y por lo tanto también se debatían los medios para concretar ese mecanismo.

La iniciativa encierra múltiples aspectos, tales como constituirse en un punto de ruptura en la historia ambiental del país o poder convertirse en una medida emblemática para enfrentar en la práctica el calentamiento global, superando la etapa de los discursos sin propuestas efectivas. Es un paso vigoroso para cuestionar la lógica del desarrollo extractivista (primario-exportador) y, simultáneamente, es una opción para construir globalmente el Buen Vivir. El proyecto, en concreto, se sustenta en una visión respetuosa de la Naturaleza y de las opciones culturales de los pueblos originarios en aislamiento voluntario que todavía habitan el territorio ecuatoriano.

* documento en PDF



http://alainet.org/active/30392


Eduardo Gudynas
Esperanza Martínez
Joseph Vogel

En el año 2007, el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, presentó públicamente la propuesta de no explotar el petróleo en la zona del Parque Nacional Yasuní. La iniciativa representaba una acción sustantiva para la protección ambiental del área y sus habitantes, y para innovar en la búsqueda de alternativas al desarrollo extractivista tradicional basado en la exportación de productos primarios.

Esta propuesta constituyó un punto de ruptura en la historia ambiental y el nacimiento de un nuevo camino para enfrentar en la práctica el calentamiento global. Superó la etapa de los discursos sin propuestas efectivas, para dar un paso vigoroso hacia cuestionar la lógica del desarrollo extractivista (primario-exportador). Es una opción para construir globalmente el buen vivir; entendido este como la vida en armonía de los seres humanos consigo mismos y con la Naturaleza.

El
proyecto, en concreto, se sustenta en una visión respetuosa de la Naturaleza y de las opciones culturales de los pueblos originarios en aislamiento voluntario que todavía habitan en ese territorio amazónico. Constituye una apuesta por un nuevo régimen de desarrollo, no solo a nivel nacional, sino civilizatorio.

Las reservas del ITT alcanzan, de acuerdo a las últimas estimaciones, 846 millones de barriles recuperables de crudos pesados (14,7° API) que se explotarían durante alrededor de 13 años, a razón de 107.000 barriles diarios, a partir del quinto año. Esta cifra que representa casi la cuarta parte de las reservas probadas en Ecuador, significaría apenas unos 8 días de consumo de petróleo en el mundo.

Al no explotarlas se evitaría la emisión de unos 400 millones de toneladas métricas de CO2; es decir, ahorraría al mundo el costo de su abatimiento. Más todavía, evitaría los efectos de la deforestación causada por la explotación petrolera. Las reservas petroleras del ITT se encuentran bajo una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta, que alberga no menos de 165 especies de mamíferos, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1.130 de árboles y 280 de lianas, sin contar con innumerables especies de invertebrados todavía no estudiados.

Con estos antecedentes es fácil comprender la acogida que experimentó esta iniciativa. Desde su primera formulación pública, ha recibido mensajes de aliento, aunque no han faltado comentarios caracterizados por la duda y la incomprensión. El entusiasmo ha sido una constante, aun a pesar de las señales muchas veces contradictorias dadas por el gobierno nacional.

Al mediar 2008, la iniciativa consiguió uno de los mayores espaldarazos con el apoyo formal del parlamento alemán, que recomendó a otros parlamentos europeos asumir una posición similar. Y mas importante aún fue el respaldo de la sociedad ecuatoriana cuando esta aprobó mayoritariamente la Constitución de la República redactada en Ciudad Alfaro, en Montecristi, cuyo eje es el concepto del buen vivir o sumak kawsay, a partir del cual se constitucionalizaron los Derechos de la Naturaleza.

Alcances
de una propuesta revolucionaria

El punto de partida, que se basa en la justicia ambiental, es decir en los Derechos de la Naturaleza, se fundamenta en la idea de una estrategia de desarrollo post-material, con un componente post-extractivo, desde la realidad de un país dependiente de las exportaciones petroleras, como lo es Ecuador. Este es uno de los puntos medulares del debate en Ecuador y debería serlo también en la mayoría de países latinoamericanos.

La propuesta de dejar el crudo en tierra, a más de abrir la puerta para posibilitar la protección de la Amazonía, presenta la pluralidad de valores como un nuevo paradigma democrático para el diseño y discusión colectiva de políticas públicas en correspondencia con los principios recogidos en el nuevo marco constitucional ecuatoriano. Es decir, también está en juego la construcción democrática de una sociedad democrática.

Se ha ligado a la propuesta un mecanismo de financiamiento constituido de la colaboración solidaria de la comunidad internacional. Esta, basándose en co-responsabilidades comunes y diferenciadas contribuiría a la conformación de un fondo para la ejecución de una serie de proyectos de carácter sustentable que le permitan al Ecuador, encarar el tránsito hacia una economía post-petrolera.

Una propuesta innovadora como ésta requiere de herramientas también innovadoras. Son indispensables esfuerzos que nos obliguen a repensar las cosas imaginativamente, sin desconocer posibles logros de la economía y la política en el campo ambiental, pero reconociendo que estos avances deben enriquecerse permanentemente para poder enfrentar una realidad atravesada por múltiples factores, especialmente por “sentidos comunes” que impiden superar las sombras del pasado.

La conservación del ITT, es importante en sí misma, independientemente de los humores y la disponibilidad de pago de la comunidad internacional. La demanda de compensación económica internacional no puede ser usada como excusa para la inacción. En este sentido esta propuesta debería tener un compromiso en primer lugar con los ambientes amazónicos de Ecuador y con el bienestar de las comunidades locales.

En este ámbito, las sociedades civiles ecuatoriana e internacional tienen una gran responsabilidad no sólo como veedores del proceso, sino como actores directos encargados de presionar a sus respectivos gobiernos, particularmente al ecuatoriano para que demuestre en la práctica la suficiente coherencia para cristalizar esta iniciativa.

Más allá de una estrategia de mercado

Sabemos que la Naturaleza tiene límites que la economía no debe sobrepasar. El cambio climático, resultado del sobreconsumo energético, es una evidencia incontrastable. Conocemos también que el pensamiento funcional se limita a hacer de los bienes y servicios elementos transables, a través de la dotación de derechos de propiedad sobre estas funciones. Y por igual estamos convencidos que el mercado de carbono, construido como espacio para procesar una salida a los conflictos del cambio climático, es realmente un nuevo negocio del desastre climático.

El mercado de carbono voluntario es aún más limitado que el del Protocolo de Kyoto, que está de cierta manera regulado en tanto fija una cuota a un país y éste a sus empresas. Mientras tanto, el mercado voluntario está creciendo sin ningún tipo de regulación, lo que disminuye el capital político de tener límites vinculantes sobre las partes

El problema del deterioro ambiental en una economía de mercado es que no considera plenamente en sus cálculos los efectos externos; por lo tanto tiende a socavar los intereses de las futuras generaciones y los derechos de las otras especies. En este contexto el análisis costo-beneficio no es aplicable, pues tiende a valorar en cero lo que se desconoce.

Finalmente es cada vez más aceptada la noción de que introducir en el mercado dichos servicios ambientales significaría transferir al mercado asimétrico la responsabilidad de definir los aspectos distributivos asociados con los usos de los recursos naturales, cuya valoración monetaria, como lo hemos dicho, resulta muy compleja, sino imposible. Además, la misma lógica de mercado puede generar un proceso de concentración en el acceso a los recursos naturales y la consiguiente pérdida de soberanía para las poblaciones usuarias de dichos ecosistemas.

La salida política es la única posible

El objetivo de esta Iniciativa ITT, sería alcanzar, en términos constantes, la meta económica planteada con una compensación de 3.500 millones de US dólares de acuerdo a la propuesta inicial. Para lograrlo la mejor y más segura opción será un acuerdo político internacional.

El objetivo de este acuerdo político internacional será constituir un fondo que permita financiar la compensación solicitada por Ecuador, al tiempo que se establecen las condicionalidades que permiten su funcionamiento.

El Fondo ITT puede constituirse de diversas maneras:

- donaciones de gobiernos o de empresas,
- contribuciones ciudadanas o de organizaciones privadas,
- recursos provenientes de actuales o nuevos fondos de cooperación internacional o de diversas modalidades de condonación o conversión de deuda externa.
- mecanismos regionales ligados a nuevas estructuras financieras regionales como son el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE).

Las posibilidades existentes son múltiples, y algunas podrían incluso recién aparecer como resultado del debate planteado.

Lo importante es garantizar que la decisión se mantenga en futuros gobiernos, por lo que es imprescindible la transparencia y participación ciudadana, tanto como la existencia de mecanismos de presión e incluso sanción en caso de incumplimientos.

Uno de los mecanismos más eficientes es la existencia de un sistema de pago, que podría ser reversible en caso de incumplimientos. Un mecanismo que otorgue certezas y garantías, y una de ellas podría ser, que los aportantes sean, por así decirlo, propietarios del crudo del ITT si éste llegara a salir a la superficie.

Es importante subrayar el hecho de que es el Estado quien negociará y administrará la propuesta de pago por conservación de crudo en subsuelo y que no se traspasarán las responsabilidades de la conservación a entidades privadas nacionales o extranjeras, ni la formulación de políticas sobre conservación, ni tampoco la administración de las áreas protegidas. Estos elementos entreguistas han estado presentes en las políticas ambientales, construidas internacionalmente sobre medio ambiente y conservación, bajo lógicas neoliberales.

Se trata de construir una política ambiental alternativa, soberana y coherente con el respeto a los derechos colectivos de las comunidades, a los derechos de la naturaleza, y los derechos humanos de todos los ecuatorianos, incluyendo a las futuras generaciones. Este proceso de construcción de políticas transformadoras demanda de la participación democrática de la sociedad, particularmente de quienes habitan en la zona.

En este sentido, el destino y uso de los fondos que deriven de esta iniciativa, deberán involucrar a representantes de las zonas amazónicas, afectadas por la actividad petrolera, así como de la sociedad civil del Ecuador e internacional; éstas últimas en tanto veedoras del uso que se dé a estos recursos. Para ello es recomendable una instancia institucional de vigilancia y monitoreo, que a más de las organizaciones de la sociedad civil, podría establecerse con la intervención de Naciones Unidas, por ejemplo el PNUD.

En este campo es mucho lo que hay que discutir aún. Nos parece prioritario atender las demandas de cuidado y manejo de la zona, tanto como las de reparación ambiental. Igualmente habría que atender con urgencia las necesidades de la población amazónica, considerando la posibilidad de canalizar recursos para mejorar sustantivamente la educación y el desarrollo de energía sustentable en el país. Esta es una tarea que debería ser asumida por el gobierno y la sociedad ecuatoriana.

En la próxima Cumbre de Cambio Climático en Copenhague será necesario un acuerdo internacional que dé un tratamiento preferencial a este tipo de países que contribuyan efectivamente a resolver los problemas de calentamiento global. Adicionalmente será necesario establecer colectivamente acuerdos vinculantes de coerción mutua, establecidos para cumplir con las obligaciones internacionales.

Será necesario preparar cuidadosamente los pasos de la diplomacia ecuatoriana, pues será un escenario difícil, cooptado como en otras ocasiones por empresas que pretendan hacer negocio del desastre, por países que en lugar de compromisos, busquen nuevas evasivas y por una consistente estrategia de dividir las posiciones del sur.

Un pequeño país ha hecho una propuesta revolucionaria, el mundo tiene la palabra.

Autores
- Alberto Acosta, profesor-investigador de la FLACSO-Ecuador, ex-presidente de la Asamblea Constituyente, ex-ministro de Energía y Minas.
- Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); Uruguay.
- Esperanza Martínez, coordinadora de Oilwatch y miembro de Acción Ecológica.
- Joseph Vogel, profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de San Juan de Puerto Rico-Río Piedras, profesor de la FLACSO-Ecuador.

NOTA ORIGINAL

sábado, 6 de junio de 2009

Correa: pactos mineros como el firmado con Chile servirán "a los más pobres"

EL MISMO "VERSO" QUE ALAN GARCIA, KIRCHNER, ETC.

LA REALIDAD MUESTRA QUE SOLO SE BENEFICIAN LAS TRANSNACIONALES Y LOS CORRUPTOS Y TRAIDORES GOBERNANTES.

El presidente Rafael Correa destacó hoy un convenio suscrito con la Compañía estatal del Cobre de Chile (Codelco) para explorar y explotar minerales en Ecuador, algo que, como parte de la política minera de su Gobierno, afirmó que servirá para ayudar a los más pobres.

La política minera oficial busca que "el país salga del subdesarrollo y para atender a los más pobres, pues no podemos vivir como mendigos, sentados en un saco de oro".

Durante su habitual programa sabatino, Correa hizo estos comentarios tras destacar el acuerdo firmado ayer y que, como recordó, establece que Codelco haga los trabajos exploratorios "bajo su cuenta y riesgo".

Agregó que si se encuentran los minerales, se creará una empresa mixta entre la chilena y la Empresa Nacional Minera, que se constituirá próximamente.

El mandatario agregó que el 60 por ciento de regalías o beneficios que generen los proyectos mineros como este proyectado con Codelco se dirigirán a obras y atención en los lugares donde se asienten.

Correa emitió esta vez su programa desde la localidad de Gualaquiza, en el sur de la Amazonía del país, donde varios grupos ecologistas e indígenas se han opuesto a la minería en esa zona.

Por eso en su alocución, transmitida por radio y televisión, también solicitó a quienes están en contra de la minería sentarse a conversar sobre los impactos ambientales que supondría el desarrollo de dicha industria en el país.

En la minería se tendrá en cuenta "todo el cuidado ambiental" y "la ley obliga a remediar ese impacto ambiental". "No nos destruyamos entre ecuatorianos... sentémonos a conversar", pidió a los opositores a estos proyectos.

No obstante, Correa dejó en claro que no piensa dialogar con grupos que se oponen a cualquier forma de minería y a los que tildó de "fundamentalistas".

Esos son "grupos irresponsables que llenan de mentiras, de odio a la gente, para defender, en algunos casos sus fundamentalismos (...) y en otros, sus intereses" particulares, especialmente porque se benefician de proyectos mineros de pequeña escala, aseguró Correa.

Varios de esos grupos efectuaron protestas ante la visita del mandatario a Gualaquiza, al que acusaron de privilegiar contratos con trasnacionales mineras y de no preocuparse del cuidado del ambiente.

Por último, Correa tampoco se opuso a que en la actividad participen empresas trasnacionales, pues dijo que su país, que no tiene tradición minera, debería aprender de ellas, para usar la tecnología y "luego, con esa experiencia, poder manejar nuestros propios recursos".

Ecuador firma un convenio con Chile para la explotación minera

El Ministerio ecuatoriano de Minas y Petróleos anunció hoy que firmó un convenio con la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), para realizar actividades de exploración y extracción de cobre en la región centro-sur de Ecuador.

El acuerdo fue suscrito por el ministro ecuatoriano de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, y el presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano, en presencia del mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, y del ministro de Minería de Chile, Santiago González, entre otras autoridades.

Con el acuerdo, de cuatro años de duración renovables por periodos iguales, Codelco podrá comenzar una primera fase de labores de prospección, investigación geológica-minera y exploración básica para encontrar yacimientos de cobre, informa un comunicado del Ministerio. NOTA ORIGINAL

miércoles, 20 de mayo de 2009

La lógica del desarrollo choca con los movimientos




Raúl Zibechi

El 20 de enero se enfrentaron en Ecuador dos modos de estar en el mundo. El gobierno de Rafael Correa —que poco antes impulsó y consiguió ganar un referendo por la reforma constitucional inspirada en la lógica del “buen vivir” (sumak kausay en quichua) y el abandono del modelo neoliberal—, presionó al Congreso para que aprobara la Ley de Minería. Los movimientos sociales convocaron una movilización nacional para oponerse a la explotación minera transnacional. Las fuerzas que se enfrentaron en las calles fueron muy desiguales: hubo heridos y detenidos, gases lacrimógenos y golpes.

Ese 20 de enero, día de la Movilización por la Vida, miles de indígenas salieron a las carreteras como acostumbran hacerlo en cada protesta. Unos 4 mil indígenas cortaron la carretera Latacunga-Ambato en la sierra sur, y otras decenas de miles en múltiples lugares del país, incluyendo protestas en Quito y Cuenca, las dos principales ciudades andinas, pero también en la Amazonia y en la Costa.

Aunque la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) siempre dijo que la movilización sería pacífica, la represión fue importante, con gases lacrimógenos y hasta disparos de bala que provocaron decenas de heridos, algunos de ellos hospitalizados. Puede decirse que la represión no fue muy diferente a la que se registró en otras ocasiones cuando en Ecuador gobernaba la derecha.

A la hora de hacer el balance de las movilizaciones contra la minería, Acción Ecológica mostró su alegría porque “está naciendo una nueva alianza campo-ciudad que recoge los principios del ecologismo”. Destacó que “los argumentos de proteger el agua, fortalecer la soberanía alimentaria, reivindicar el derecho a la consulta, desconfiar de las transnacionales, son ya comprendidos y asumidos por muchos ecuatorianos y ecuatorianas”. Se lamentó del rumbo derechista del gobierno de Correa pese a sus posiciones soberanas como la nueva Constitución y la declaración de ilegitimidad de la deuda externa. “La historia demuestra que cuando un gobierno se derechiza es muy difícil que vuelva a ser de izquierda”, concluye el balance.

Días después, la Conaie envió una “Carta Abierta al Foro Social Mundial” en la que explicaba su “oposición y rechazo” a la presencia de Correa en “un espacio donde históricamente se construyen alternativas y garantías a los derechos de los pueblos y por la vida y no puede ser tribuna para un presidente con posiciones impregnadas de racismo, machismo, paternalismo, discriminatorias, sexistas y violentas”. Quedaba la alerta al Foro que detrás del lenguaje de la “revolución ciudadana” se reprime y atenta contra la dignidad y los derechos y asegura que “la larga noche neoliberal está presente en Ecuador”.

Argumentos en disputa. La Ley de Minería fue analizada con rigor por los movimientos. Se recuerda que la inversión extranjera en Ecuador se ha focalizado siempre en la actividad extractiva y la agroexportación y que la división internacional del trabajo condenó al país a ser exportador de materias primas y productos primarios sin industrializar como cacao, café, banano y otros. “Por cada dólar situado en el país, le ha rendido cuatro a la inversión foránea”

Luego de la segunda guerra mundial se inició un proceso de sustitución de importaciones y de industrialización, se realizaron nacionalizaciones y se estableció un Estado del Bienestar. Pero el país se siguió sosteniendo en base a la exportación de uno o dos productos primarios, lo que lo hizo muy vulnerable. En las últimas décadas su principal exportación es el petróleo, que sin embargo no ha sido capaz de alentar la producción nacional de bienes de capital ni impulsar la exportación de derivados del crudo por lo que “la explotación de petróleo ha devenido en fuente inagotable de pasivos sociales y ambientales”.

Los críticos sostienen que la Ley de Minería “no se corresponde con la visión de país que incorpora la Constitución vigente desde octubre de 2008”, en gran medida porque “rompe el equilibrio entre comunidades y entorno natural impidiendo el libre ejercicio de los derechos”, y, en lugar destacado, “desvirtúa el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano”.

En su artículo 2 (Ámbito de aplicación), la nueva Ley Minera no incluye a las personas comunitarias como sí lo hace con las personas públicas, mixtas o privadas. y en su artículo 3 (Normas supletorias) incurre en la omisión de no destacar “la supremacía de la Constitución política y de los instrumentos internacionales en cuanto a los derechos humanos y ambientales”.

El artículo 15 (Utilidad pública) es uno de los más cuestionados. El informe de Acción Ecológica destaca que no se establece de modo explícito que las concesiones “no deben jamás comprometer el derecho al agua, la soberanía alimentaria, las áreas naturales protegidas, los territorios indígenas y las tierras dedicadas a la producción de alimentos”. El abogado de la Fundación Pachamama, Mario Melo, enfatiza que al declarar la actividad minera de “utilidad pública”, la Constitución autoriza a expropiar tierras en los territorios indígenas “con sólo alegar un supuesto bienestar colectivo”.

El artículo 16 (Dominio del Estado sobre minas y yacimientos) destaca “los intereses nacionales” que naturalmente son definidos por el gobierno de turno, y según la crítica van a responder “a los requerimientos coyunturales de ingresos fiscales, los cuales terminarán imponiéndose al objetivo permanente del buen vivir de las personas que habitan el país”.

El artículo 28 (Libertad de prospección) dice que cualquier empresa “tiene la facultad de prospectar libremente para buscar sustancias minerales”, lo que les permitirá realizar estudios mineros en tierras de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas (en Ecuador hay 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas). En paralelo, el artículo 90 (Procedimiento especial de consulta a los pueblos) indica que dichas consultas se harán conforme al artículo 398 de la Constitución y no al 57. La diferencia es importante: por el 398, si una comunidad o pueblo se opone a la prospección el diferendo “se resuelve con la decisión de la autoridad administrativa superior”. Por el artículo 57, la misma oposición se resuelve “conforme a los instrumentos internacionales aplicables, entre los que está la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Ecuador, que hace necesario que el resultado de la consulta sea del consentimiento de los consultados para que se realice la actividad prevista”. Acción Ecologista concluye que la Ley “se inscribe en el modelo neoliberal”, ya que privilegia la inversión extranjera, otorga prioridad a los ingresos por sobre los pasivos sociales y ambientales, a la extracción de minerales sobre los derechos humanos de las comunidades afectadas, la conservación de la biodiversidad y las fuentes hídricas. Incluso prevé abrir a la extracción de zonas naturales que están protegidas, a la vez que incluye “disposiciones tendientes a criminalizar la protesta y el ejercicio del derecho a la resistencia”.

Según el informe de Acción Ecológica, el objetivo para el Estado es que la actividad minera sea “una fuente importante de ingresos fiscales, complementaria y ulteriormente sustitutiva del petróleo”. Aunque se defiende la política de aumentar los ingresos del Estado, se considera que los aspectos regresivos refuerzan la dependencia neocolonial del Ecuador. Por último, y muy grave, este modelo extractivista se aleja de la nueva Constitución que dice defender “el modelo de desa­rrollo humano, integral, holístico, para obtener el objetivo del buen vivir, con el ingrediente esencial de no ejercer violencia sobre las personas ni sobre la naturaleza, con la cual se debe mantener una relación de plena armonía”.

Los defensores de la ley aseguran que creará 300 mil puestos de trabajo, vitales para el desarrollo del país, y que no habrá contaminación. Algo que no puede corroborarse y que desmiente el pasado petrolero reciente del Ecuador.

El área destinada para la explotación minera son 5.6 millones de hectáreas, 20% de la superficie del país, que incluye parques nacionales y reservas naturales concesionados desde los años 80.

Clamor continental contra la minería. La actividad minera es la principal causa de conflicto ambiental en América Latina. A lo largo de la cordillera andina existen acciones permanentes contra la salvaje explotación de la minería a cielo abierto. En perspectiva, el movimiento contra la minería a cielo abierto está creciendo de forma exponencial, pese a su corta vida.

En Argentina funcionan nueve yacimientos de oro, plata y cobre, hay cinco en construcción y se exploran otros 140. Hay 70 pueblos de trece provincias afectados por la explotación minera a gran escala. Son cinco mil kilómetros de la cordillera andina donde se instalan empresas de Estados Unidos, Sudáfrica, Gran Bretaña, Suiza, Japón y, sobre todo Canadá, sede de las principales multinacionales del sector. La mina Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, se encuentra entre las diez mayores explotaciones de cobre y las quince de oro del mundo.

En 2002, cuando comenzaron a reunirse los Vecinos Autoconvocados de Esquel, eran la única organización que luchaba contra la minería en Argentina. Hoy son más de cien las asambleas de vecinos movilizados por cuenta propia para denunciar los grandes proyectos multinacionales de la minería, pero también de celulosa y agricultura de monocultivos, agrupados en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

En Chile existe una prolongada movilización contra la mina Pascua Lama. Es un proyecto binacional (Argentina y Chile) de la canadiense Barrick Gold que extraerá oro y plata (se dice que sus reservas son de 20 mil millones de dólares), usará 370 litros de agua por segundo y dinamitará 45 mil toneladas de montaña diarias. El proyecto está trabado por cuestiones legales y por la oposición: el movimiento de resistencia, integrado por agricultores, indígenas e iglesias denunció que Barrick Gold ocultó que los yacimientos están debajo de tres glaciares.

Perú es donde se libra una de las más fuertes batallas de organización social contra la minería en América Latina: la Conacami (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería). Es una joven organización nacida en 1999 en respuesta al “boom minero” de Perú a partir de 1993, que fue de la mano del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Son 1 650 comunidades de la costa, la sierra y la selva, que tienen más de mil dirigentes perseguidos.

Perú se convirtió en el primer productor de plata del mundo, tercero de estaño y zinc, cuarto de plomo y cobre, y quinto de molibdeno y oro. Los minerales suponen 45 por ciento de las exportaciones peruanas, pero la actividad minera sólo aporta 4 por ciento de los ingresos del Estado y ocupa al uno por ciento de la población activa. La contaminación le cuesta al país 4 por ciento del producto interno bruto. Se calcula que casi una cuarta parte de la superficie del país, unos 25 millones de hectáreas, está concesionado a empresas mineras.

Ecuador puede mirarse en ese espejo. Por un lado, los conflictos sociales y ambientales de los años noventa pueden multiplicarse, como ya lo anunció la Conaie. La violación de los derechos indígenas y de sus territorios “volverá inviable los proyectos”, advirtió la organización a las empresas mineras, ya que la Ley de Minería viola el artículo 169 de la OIT que reconoce los derechos colectivos. Pero Correa cuenta con el 70 por ciento de apoyo y salió victorioso de las elecciones generales de abril en el marco de la nueva Constitución.

Raúl Zibechi, analista del semanario Brecha de Montevideo. Una versión más amplia de este texto se encuentra en el Programa de las Américas (www.ircamericas.org).

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!