Reparos a la minería en cita indígena

CUENCA

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CUENCA. Los pueblos del Abya Yala van desde Alaska (Estados Unidos) hasta Tierra de Fuego (Argentina).

Un tribunal ético para analizar los casos de las diversas comunidades y organizaciones afectadas por la minería se instaló ayer en el marco del Encuentro Continental de los Pueblos de la Abya Yala por el Agua y la Pachamama. Ante ella, delegados de nueve países del continente rechazaron la actividad minera por su impacto ambiental.

Robinson Pizarro, representante de un pueblo indígena de la región de Atacama (Chile), anunció que buscará respaldo para recuperar el dominio de tierras ancestrales de su pueblo, donde se asientan dos compañías canadienses.

“Nuestra asamblea conformada por 261 comuneros decidió que salgan las mineras. Solicitamos ayuda de la Corte Interamericana porque la minería mató a nuestros ríos y afectó a la agricultura y ganadería, estamos así desde 1986”.

Santiago Escobar, ecuatoriano que radica en Canadá y que pertenece a la organización Red Solidaria Contra la Minería, dijo que tras investigaciones su entidad concluyó de que la minería canadiense es la más contaminante a nivel mundial.

“Lo que quieren vendernos en Ecuador de que la minería canadiense es buena y de bajo impacto es completamente falso; cuando esta entra en un territorio genera militarización de la mano con la persecución de los que se oponen, además existe un desplazamiento y división de las comunidades donde se asientan las compañías, además se genera contaminación que pone en peligro la seguridad alimentaria”, acotó.

El evento, que finalizará mañana, reúne desde el martes pasado a delegados de Uruguay, Argentina, Paraguay, Colombia, Guatemala, Chile, México, Canadá y Ecuador (anfitrión). La noche del martes se expusieron documentales de los efectos negativos de la minería y la explotación petrolera.

Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea, invitado a la cita, dijo: “Es falso decir que existe minería responsable, que no afecta a la naturaleza”. Y agregó: “El presidente de la República (Rafael Correa) debería preguntar en una consulta si queremos una minería metálica a gran escala, a cielo abierto, esos son los temas de fondo que se debieron preguntar en la consulta, no cosas intrascendentes como gallos y toros”.
http://www.eluniverso.com/2011/06/23/1/1447/reparos-mineria-cita-indigena.html?p=1354&m=719

¿Consulta o consentimiento previo?

Por Luis Ángel Saavedra desde Quito

Mediante autoconsulta, pueblo de Rukullacta
decidirá si permite ingreso de petroleras en su
territorio. (Foto: Andrea Cuji).En Ecuador, el derecho a la consulta previa e informada antes de la implementación de programas gubernamentales o de carácter privado en territorios comunitarios, es motivo de constantes movilizaciones, algunas de las cuales consiguen sus objetivos, pero la mayoría se quedan enredadas en complejos procesos jurídicos que han beneficiado al Estado o a las empresas que actúan con su anuencia.
Ya en 1998, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de intervenciones de algún programa de gobierno en sus territorios fue incorporado en la Constitución, y ese mismo año se ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptando en la jurisprudencia ecuatoriana los derechos de los pueblos indígenas que se especifican en este convenio.
Si bien el enunciado constitucional de 1998 sobre la consulta previa fue incorporado también en la Constitución del 2008, tampoco significó una real vigencia de esta normativa. Por el contrario, el propio enunciado fue fuente de conflictos en la Asamblea Constituyente, provocando las primeras fracturas entre los sectores que apoyaron en el 2006 la elección del presidente Rafael Correa.
La líder indígena Mónica Chuji, que presidió la Mesa de Recursos Naturales en la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución del 2008, recuerda la primera confrontación que se dio entre los asambleístas del oficialismo.
"Quienes estábamos vinculados a los sectores indígenas exigimos que la Constitución establezca la obligatoriedad de que los pueblos indígenas den su consentimiento antes de que se implementen programas de gobierno en sus territorios, y no simplemente que sean consultados”, afirma Chuji.
La confrontación de conceptos, en apariencia simple, respondía a lo que venía sucediendo con la Constitución de 1998, que establecía la consulta previa como único requisito antes de la intervención en territorios indígenas, pero poco o nada valían los resultados de esta consulta, pues la decisión de las comunidades no era tomada en cuenta.
En efecto, los gobiernos y las empresas interesadas en extraer recursos de territorios indígenas recurrieron a un sinnúmero de artimañas para asegurar que se cumplía con el requisito de la consulta previa. Uno de los más usados fue el convocar a asambleas de las comunidades en las que se les informaba sobre los planes a seguir, pero en ningún momento se preguntaba a las comunidades si aceptaban o no los planes propuestos.
"Convocar a una asamblea de la comunidad, o convocar a determinados dirigentes, para informarles sobre los planes de gobierno no constituye una consulta, pues no se da la oportunidad de que la comunidad exprese su conformidad o su disconformidad con la propuesta, de ahí que exigimos que la Constitución hable de consentimiento previo”, afirma Chuji.
El consentimiento previo informado implica que la comunidad esté de acuerdo con la intervención en sus territorios, y esto a la vez exige que el resultado de la consulta previa sea de cumplimiento obligatorio. Ni el consentimiento ni la obligatoriedad de cumplir con el resultado de la consulta previa se incorporaron en la Constitución del 2008.
Ambigüedades constitucionales

La ambigüedad de la normativa constitucional llevó a las organizaciones sociales y los representantes gubernamentales a enfrentarse en los tribunales de justicia y a presionar por la elaboración de normativas secundarias que definan el carácter y los procedimientos necesarios para que una consulta previa sea legítima.
El gobierno logró la aprobación de dos instrumentos jurídicos que, en la práctica, destruían los logros alcanzados por los movimientos sociales en las constituciones de 1998 y 2008, como son el Decreto 3401, del año 2002, y el Decreto 1040, del 2008.
Según David Cordero, abogado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), el Decreto 3401, que establecía una reglamentación para la aplicación de la consulta previa, además de intentar reglamentar una ley que no existía —y aún no existe—, violentaba el derecho de participación de las comunidades a las que se debía consultar, pues no se exigía la presencia de todas las personas de la comunidad sino que podían actuar representantes de las mismas.
"Las empresas interesadas en ingresar a territorios indígenas podían convencer a tres o cuatro personas y lograr que sean reconocidas como representantes de las comunidades y así evitarse el tener que confrontar a toda la comunidad”, asegura Cordero.
Por otra parte, según este reglamento, la opinión de las comunidades no era tomada en cuenta, pues establece que en el caso de "haber disensos o no tener resoluciones, quien coordinaba la consulta debía tomar nota de estos disensos y seguir con el proceso”.
"Según este reglamento lo importante era que exista la reunión; si no había acuerdos, o si no había resoluciones, esto no tenía la más mínima importancia, ya que lo importante era que se cumpla con el acto”, dice Cordero.
Mientras tanto, el decreto 1040 incorpora un elemento para que la opinión de las comunidades sea considerada: ésta debe ser "técnica y económicamente viable”.
"Si una comunidad se opone a una actividad extractiva, esta oposición podrá ser considerada siempre y cuando sea técnica y económica viable, es decir, siempre y cuando compense económicamente las ganancias que una empresa dejará de recibir al no explotar los recursos de un territorio. ¿Cómo puede una comunidad compensar económicamente las ganancias de una empresa?”, se pregunta Cordero.
Una historia de resistencia y lucha jurídica

Con una legislación amañada, la única posibilidad de que la opinión de los pueblos indígenas sea considerada a la hora de diseñar programas de intervención en sus territorios ha sido con la movilización y la implementación de recursos jurídicos innovadores, apelando a los acuerdos y tratados internacionales.
La mayoría de estas luchas se ha dado en contra de la intervención de las empresas extractivas, como las petroleras y las mineras. De estas luchas, son significativos los triunfos logrados por la Federación Independiente del Pueblo Shuar (FIPSE), en 1999, al oponerse al ingreso de la compañía petrolera estadunidense Arco Oriente a sus territorios ubicados en la provincia amazónica de Morona Santiago, que logró que el Tribunal Constitucional de ese entonces reconozca que se debe respetar la "organización comunitaria y no provocar su fraccionamiento”.
Otro triunfo significativo fue el logrado por la nacionalidad waorani en la provincia de Orellana, ante la petrolera italiana AGIP Oil Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) demostró cómo una empresa engañó a una nacionalidad al hacer pasar un seudo acuerdo de compensación como consulta previa. AGIP logró que los waoranis permitan la explotación petrolera a cambio de tres quintales de arroz, tres quintales de azúcar, seis baldes de manteca, 3 fundas de sal, 2 balones de fútbol, un pito de árbitro y un cronómetro.
Casos emblemáticos como el de la comunidad kichwa de Sarayaku, en Pastaza, que igualmente logró el año pasado proteger su territorio frente al embate de la petrolera argentina CGS, al llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentando que en el Ecuador el resultado de la consulta previa no era de cumplimiento obligatorio, han llevado a otros pueblos a seguir el mismo rumbo y, más aún, dar ejemplo de cómo debe ser una verdadera consulta previa, como es el caso del pueblo de Rukullacta, en la provincia de Napo.
Autoconsulta proactiva

Rukullacta está planificando realizar una "autoconsulta” para definir si permite o no que las empresas petroleras ingresen a su territorio.
"Rukullacta ha decidido iniciar un proceso de información sobre la explotación petrolera; para eso ha invitado tanto a representantes del gobierno, a funcionarios de la empresa petrolera [Ivanhoe Energy de Canadá y su aliado nacional la compañía Transsepet] y a ecologistas para que participen en reuniones en cada una de las comunidades, en las cuales, además, los dirigentes explicarían el plan de vida diseñado para Rukullacta, en función de la conservación, el desarrollo humano y la inversión en ecoturismo”, explica Rodrigo Varela, también abogado de INREDH.
Según lo propuesto, este proceso finalizaría con una votación secreta de cada habitante de Rukullacta y en presencia de observadores internacionales, funcionarios de gobierno y los dirigentes indígenas.
"Una información detallada, la participación de todos los actores sociales involucrados y, sobre todo, el acompañamiento de los líderes indígenas, permitirá la realización de una consulta legítima en donde, si pierde la posición indígena, se habrá perdido en buena lid, y no en procesos engañosos o fraudulentos; y si se gana, el pueblo de Rukullacta defenderá en el terreno la victoria conseguida en la consulta”, sostiene Varela.
"La autoconsulta de Rukullacta será un ejemplo de cómo el Estado debe actuar frente a la consulta previa, con resultados vinculantes, con total respeto a los derechos de los pueblos indígenas, y no como ahora se pretende, una consulta en donde no importa el resultado, sino lo que el presidente de la República decida”, concluye Varela.

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=57504

Ecuador: PROTESTA EN MOLLETURO CONTRA MINERA IMC

RECHAZADO NUEVO INTENTO DE “SOCIALIZACIÓN” DEL PROYECTO RÍO BLANCO EN MOLLETURO

Operativo de la policía, al estilo robocop apoyando a la IMC en su farsa

30 de mayo de 2011.- Fue rechazado un nuevo intento de “socialización” del proyecto Río Blanco de la canadiense International Mineral Corporation IMC en Molleturo.

El día de ayer la Coordinadora Popular en Defensa de Molleturo - CPM y el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, organizaciones miembros de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía - CNDVS, realizaron una nueva jornada de protesta para rechazar la pretensión del Ministerio de Ambiente y la minera IMC de “socializar” su mega proyecto de oro.

 

Momento en que los funcionarios del MAE abandonan Molleturo escoltados por la policía ante el reclamo de los manifestantes

El rechazo fue rotundo ya que esta empresa jamás realizó procesos de Consulta Previa a las comunidades y además sus concesiones inconsultas están dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, por lo que debían ser nulitadas por el Mandato Minero, lo cual jamás ocurrió.

A más de ello, esta empresa ni siquiera ha podido cumplir con la ley laboral, por lo que ya ha afrontado un juicio que fue ganado por ex trabajadores, sin embargo está avanzando a paso de gigante en los últimos requisito para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental,coincidentemente cuando el ex gerente de esta minera Federico Auquilla, es ahora el Viceministro de Minas.

Es por ello que el rechazo fue firme y la valiente, de decidida actuación de las mujeres a pesar del ambiente de intimidación que montó la minera y el gobierno, colocando un piquete de policía durante toda la semana, y haciendo correr rumores de que varias integrantes del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama estaban identificadas para ser apresadas por la policía.

Mujeres, hombres, jóvenes y niños, dieron nuevamente un no rotundo a la minería, y le demostraron a la IMC y al gobierno que están firmes en su decisión de continuar la resistencia contra de la invasión extranjera.

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Con un plantón y una marcha, pancartas, consignas, la frente en alto, el corazón ardiente y la confianza de saber que su lucha es justa y necesaria, nuevamente la Coordinadora Popular en Defensa de Molleturo y el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama han dado un ejemplo de valor y dignidad, sin amedrentarse frente a la presencia de decenas de policías que fueron trasladados para un operativo especial con un solo objetivo: que la IMC “socialice” su proyecto.

A pesar de todo ello, en forma enérgica, pero totalmente pacífica, se rechazó nuevamente la farsa que pretende llevar adelante la IMC y el gobierno, y como en ocasiones anteriores tuvieron que salir con el rabo entre las piernas tanto los “socializadores” como la policía.

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EQUIPO DE COMUNICACIÓN CNDVS


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"POR EL DERECHO A DEFENDER NUESTROS DERECHOS"Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama
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CUENCA - ECUADOR